Juicio a YPF: ¿puede volver a apelar el gobierno de Milei?, ¿se podría repetir un embargo a la Fragata Libertad?
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El nuevo rechazo de la justicia de los Estados Unidos del pedido formulado por el gobierno del presidente de la Nación Javier Milei para evitar presentar garantías en el juicio que condena a la petrolera estatal YPF a pagarle unos 16.000 de dólares al fondo Budford Capital plantea la posibilidad que Argentina pueda sufrir algún tipo de embargo de activos en el exterior como sucedió en 2012 con la Fragata Libertad que fue embargada en el puerto de Ghana.
La fecha tope para presentar las garantías había sido fijada para el 10 de enero por lo que los litigantes ya estarían en condiciones de solicitar los embargos sobre los activos del país que se puedan encontrar en el exterior.
Pero en su nuevo escrito la jueza del Distrito Sur de los Estados Unidos, Loreta Preska concedió al gobierno argentino plazo hasta el 22 de febrero al modificar la fecha del 23 de enero para presentar nuevamente argumentos contra el fallo que condena al país a pagar la sentencia más abultada de la historia de un país por expropiar una empresa.
Hasta el presente por el proceso de expropiación de YPF al grupo Repsol que no contempló pagarle el porcentaje de acciones al Grupo Esquenazi y que dio origen a la demanda del fondo Burford Capital se llevan pagados un total de unos10.000 millones de dólares.
El desglose es el siguiente: 5.000 millones de dólares en efectivo, 4.500 millones de dólares en bonos y honorarios de abogados por unos 500 millones de dólares. El presidente de la Nación Javier Milei llamó a ese costo la "Tasa Kicillof".
La expropiación fue llevada a cabo por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof en el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
El fondo Burford Capital podría embargar activos argentinos en forma limitada
De acuerdo a los futuros embargos y al análisis del abogado y ex Procurador Sebastián Soler los demandantes pueden intentar embargar bienes, pero en forma limitada.
Si bien la jueza Loretta Preska confirmó que los demandantes pueden embargar bienes de la Argentina en el exterior aclaró además que solo decide sobre cuándo piden intentarlo y no sobre si hay algún bien que el Foreing Sobering Inmunites Act. (FSIA) permite embargar.
En su cuenta de X Soler detalla que la capacidad de los demandantes de embargar está súper restringida por es la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (mucho más que en el caso de los fondos buitres en los juicios por los bonos defaulteados en 2001).
Además, aclara que en el caso YPF, la jueza solo podría permitir embargar un bien que cumpla tres requisitos: 1) el bien es propiedad del Estado Nacional, 2) el bien se usa para una actividad comercial en EEUU y 3) el bien es o fue usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo.
La defensa argentina sostiene que, bajo la norma aplicable (Art. 1610(c) del Foreign Sovereign Immunities Act), los demandantes no pueden pedir esa habilitación en general, sino que antes deberían identificar un bien legítimamente embargable bajo el FSIA, cosa que no han hecho.
Hay que recordar que se trata de un juicio que duró unos 8 años y se generó luego de la expropiación de la petrolera a la empresa española Repsol que realizó en abril del 2012.
El Grupo Petersen compró el 25 % de YPF a Repsol sin poner un solo dólar
El informe de inversores privados damnificados por la estatización de YPF que dio a conocer hace tres meses en forma exclusiva iProfesional además de explicar la trama política y financiera que permitió al Grupo Petersen comprar un 25 % de YPF sin poner un solo dólar dejó al descubierto el dudoso accionar de algunas autoridades del gobierno de CFK y de varios directores de la empresa en ese entonces.
En el primer párrafo de su último capítulo el informe destaca que: "para que el fraudulento reclamo del fondo Burford ante la Corte Suprema de Nueva York tuviera éxito era indispensable para los directores de YPF nombrados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2012, que no se investigaran algunos casos sospechosos ocurridos en asambleas de accionistas.
Esas maniobras fueron realizadas por las autoridades del Estado argentino, titular de 51% de las acciones de YPF, por varios de los directores, y por miembros de la Comisión Fiscalizadora de YPF.
"Los directorios no cumplían con las obligaciones que les imponía la ley, mediante omisiones y acciones concretas, todas en perjuicio de YPF y el Estado argentino. Este a su vez convalidaba todas las actuaciones en las asambleas de accionistas, en un claro abuso de su mayoría", dice el informe.
Axel Kiciloff tuvo un doble rol como jugó funcionario público y director de YPF
También el informe hace referencia al rol que tuvo Axel Kicillof, quien "jugó un papel preponderante. "Su doble rol de director de YPF y funcionario público le permitió por un lado ser partícipe de los sospechosos actos cometidos por el directorio y luego ser participe en la validación posterior, mediante la aprobación en las asambleas de accionistas de las gestiones del directorio, utilizando para ello abusivamente la mayoría accionaria del Estado argentino".
El informe destaca también que se cometieron acciones de encubrimiento hasta el caso de obstruir los reclamos judiciales en beneficio de YPF presentados por inversores minoristas privados contra ex directores de YPF para que estos restituyeran a la empresa el dinero cobrado por honorarios que no correspondían.
"Sus omisiones y acciones de encubrimiento además de impedir que YPF sea resarcida, los coloca como cómplices y participes necesarios en la fraudulenta demanda que se tramita en la Corte de Nueva York por parte de las empresas del Grupo Petersen contra YPF por más de 4.000 millones de dólares" describe el informe. Luego el Grupo Petersen le vendió los derechos de litigar al fondo Burford.
En referencia a los dividendos cobrados en exceso, en la Asamblea de Accionistas de YPF de 2012, se denunció que los directores cobraron ilegalmente dividendos por sumas millonarias.
El informe da a entender que en esos repartos de dividendos se tomaron recursos de YPF para enriquecer a Repsol y al Grupo Petersen que no puso un solo dólar para quedarse con el 25 % de YPF gracias una maniobra financiera y política.
Algunos directores de YPF cobraron honorarios por encima de los autorizados
El informe menciona que en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Accionistas del 17 de julio de 2012 (Asamblea Anual 2012) los accionistas privados denunciaron que los directores se repartieron honorarios ilegales por resultar estos superiores a los aprobados por los accionistas e informados al mercado.
Además, afirma que "en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Accionistas del año 2013 los inversores minoristas solicitaron la orden de demandar judicialmente a los responsables de causar perjuicios a YPF, pero no tuvieron ninguna respuesta por parte del Estado.
Se habrían pagado honorarios y remuneraciones no aprobadas
Se informa en detalle que se pagaron honorarios y remuneraciones que no fueron aprobadas por el Directorio y que excedieron lo aprobado por las Asambleas totalizando por todos los periodos señalados la suma de unos 236 millones de pesos que incluye la suma de unos 139 millones de honorarios abonados y la suma de otros 97 millones de pesos en concepto de intereses.
También el informe describe que se inició una demanda contra el ex presidente de YPF Antoni Brufau por la restitución de los 124 millones de pesos, que cobraron los directores en exceso de lo autorizado y aprobado por las respectivas Asambleas durante los años 2010 y 2011.
El informe explica que "el inicio de esta demanda no tuvo intención alguna de recuperar los millones sustraídos de YPF ilegalmente, sino presionar a Antoni Brufau para llegar a un acuerdo con el Estado argentino utilizando a YPF y el resto de sus accionistas.
El informe de accionistas privados al que accedió Iprofesional describe que la "Demanda Brufau" no fue informada por YPF como un hecho relevante, como tampoco en sus presentaciones ante SEC y la CNV, ni mencionada en los Estados Contables correspondiente al ejercicio 2013, siendo que YPF resultaba acreedor de una considerable suma de dinero.
Acuerdo de expropiación con Repsol: Argentina ya pagó unos u$s5.000 millones
En noviembre de 2013 desde fuentes cercanas al gobierno se lanzó la versión a los medios que se habría llegado a un Pre Acuerdo para presionar a Repsol y a su presidente Antoni Brufau para llegar a un acuerdo compensatorio por el precio por la expropiación por una suma por el equivalente a unos 5.000 millones de dólares pagadera en bonos del estado nacional.
Luego Repsol comunicó, con fecha 27 de noviembre de 2013 que "el Consejo de Administración ha analizado y valora positivamente el principio de acuerdo anunciado por el Gobierno argentino acerca de la compensación por la expropiación del 51% de la participación accionarial de Repsol en YPF".
Mas tarde con fecha del 25 de febrero de 2013 el ministerio de Economía, informó que el gobierno de la República Argentina y Repsol, S.A. llegaron a un acuerdo con respecto de la compensación por la expropiación de 200.589.525 acciones Clase "D" de YPF S de conformidad con la Ley 26.741 y el 27 de febrero el gobierno de la República Argentina y Repsol firmaron el mismo.
En ese acuerdo se fijó como fecha de pago el día 7 de mayo de 2014, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones, entre ellas, que el Congreso de la Nación aprobará el acuerdo que finalmente se aprobó, y que el gobierno pudiera remover medidas judiciales dictadas por reclamos de terceros contra Repsol.
El problema fue que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió y estatizo la petrolera en abril del 2.012 sin realizar la Oferta Pública de Acciones (OPA) tal como figuraba en el estatuto definido en 1.993 en la privatización realizada en la presidencia de Carlos Menem.
En ese estatuto la Argentina se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición de una porción de YPF obligaba a hacer una oferta pública por el total de las acciones algo que ese gobierno ignoró cuando expropió y estatizo la empresa lo que motivó el juicio iniciado por el fondo Burford que logró una sentencia definitiva en la Corte Suprema de Nueva York que obliga a la República Argentina a pagar una suma de 16.000 millones de dólares.
Preska concedió al gobierno argentino plazo hasta el 22 de febrero al modificar la fecha del 23 de enero para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar la sentencia más abultada de la historia de un país por expropiar una empresa.