Reclaman que Argentina pague una sentencia por u$s732 millones y que se ejecute en Estados Unidos

La empresa AES Corporation presentó una demanda en una corte de Washington con el objetivo de obtener el reconocimiento de un fallo del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que condenó a la Argentina a pagar u$s732 millones. La firma también solicitó autorización para ejecutar la sentencia en Estados Unidos.

La demanda se origina en un reclamo iniciado en diciembre de 2002, tras la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica Alicurá, ubicada sobre el río Limay, entre Neuquén y Río Negro. AES alegó que la modificación unilateral de las condiciones contractuales -que establecían ingresos en dólares- generó pérdidas significativas para los concesionarios.

Inicialmente, la compañía reclamaba u$s1.814 millones, suma que con intereses podía alcanzar los u$s2.500 millones. El caso fue presentado ante el CIADI conforme a lo previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y Estados Unidos, firmado en 1991.

Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, una vez que la corte de Washington reconozca el fallo, Argentina podría apelar utilizando argumentos legales aún no definidos. El proceso de ejecución podría extenderse en el tiempo, ya que es necesario identificar activos para embargar, obtener autorización judicial y formalizar las solicitudes de embargo.

Maril indicó que este tipo de procedimientos se orientan a abrir una instancia de negociación entre las partes. En ese contexto, planteó que el Gobierno podría ofrecer activos vinculados a empresas energéticas o a la represa Alicurá como parte de pago.

Otros juicios en el CIADI contra Argentina

El caso de AES forma parte de un conjunto de demandas internacionales contra la Argentina en el CIADI, que en total suman aproximadamente u$s1.500 millones, sin contar el litigio por la estatización de YPF, donde Burford Capital reclama u$s16.100 millones.

Entre los casos en curso se encuentran:

• BA Desarrollos LLC: reclama u$s58,3 millones por la escrituración de terrenos del proyecto Catalinas Norte II. El proceso se encuentra en la etapa de intercambio de escritos.

• Abertis Infraestructuras: demanda por u$s295,7 millones debido a la supuesta ruptura del régimen tarifario de AUSOL y GCO. El caso sigue sin laudo.

• IJM Corporation Berhad: exige u$s51,1 millones por cambios contractuales en GCO. El expediente está abierto, sin decisión final.

• Webuild (ex Salini Impregilo): obtuvo un laudo en abril de 2025 por u$s152,6 millones, en el marco de un conflicto por su participación en Puentes del Litoral S.A.

• Nationale Nederlanden Holdinvest B.V.: reclama u$s157 millones por la eliminación del sistema de capitalización de las AFJP. El caso está pendiente de resolución.

• Casinos Austria GmbH y Casinos Austria AG: recibieron un laudo por u$s21,6 millones tras la revocación de la licencia de ENJASA en Salta. Se analiza actualmente un pedido de anulación.

Sobre la evolución de estas causas, Maril señaló que ninguno de los casos restantes está lo suficientemente avanzado como para prever una sentencia firme a corto plazo. Indicó además que los procesos en el CIADI suelen extenderse durante años, con tiempos de resolución lentos y etapas prolongadas de deliberación.