El Gobierno apunta a pagar deuda sin recurrir a Wall Street y limita la emisión externa
El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la posibilidad de recurrir a una nueva emisión de deuda bajo legislación extranjera para afrontar el vencimiento de aproximadamente USD 4.300 millones que el Estado nacional deberá cancelar en enero próximo con acreedores privados. El funcionario planteó que el objetivo del Gobierno es evitar ese tipo de colocaciones y avanzar hacia un esquema de financiamiento con menor dependencia de los mercados internacionales.
La definición fue expresada a través de la red social X, en respuesta a la consulta de un usuario sobre la eventual emisión de deuda en Nueva York. "Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí", escribió Caputo. Minutos más tarde, el presidente Javier Milei reposteó el mensaje, en una señal de respaldo político a la estrategia delineada por el Ministerio de Economía.
En la misma secuencia de intercambios, el ministro amplió su argumentación y vinculó la discusión sobre el financiamiento con un objetivo estructural de mediano y largo plazo. "Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este período de crecimiento sea de largo plazo", señaló.
Las declaraciones marcaron un cambio de tono respecto de manifestaciones previas del propio Caputo, quien semanas atrás había dejado abierta la posibilidad de una colocación de deuda bajo legislación extranjera. En esta oportunidad, el ministro buscó enfatizar que esa alternativa no constituye el camino preferido por la administración nacional y que solo sería considerada en caso de no prosperar otras opciones de financiamiento.
Fondos disponibles y primeras fuentes de financiamiento
Según trascendió, el Gobierno ya cuenta con cerca de u$s1.800 millones obtenidos a partir de compras de divisas en el mercado y de la reciente colocación del BONAR 2029. A ese monto se suman aproximadamente u$s700 millones adicionales que ingresarían por la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue.
Con esos recursos, el Tesoro habría cubierto una parte significativa del vencimiento de enero, aunque aún resta completar el total necesario. Según fuentes oficiales, el resto de los fondos podría provenir de nuevas compras de dólares en el mercado de cambios o de la firma de un acuerdo de financiamiento del tipo REPO.
Este instrumento se encuentra en negociación con entidades bancarias y permitiría obtener dólares a corto plazo mediante la entrega de activos como garantía, sin recurrir de manera directa a las reservas del Banco Central. Desde el Palacio de Hacienda señalan que esta alternativa ofrece mayor flexibilidad operativa frente a los vencimientos inmediatos.
La opción del REPO fue mencionada nuevamente por Caputo durante la conversación virtual que mantuvo con distintos usuarios. Tras la primera respuesta sobre la emisión de deuda, un asesor financiero le repreguntó si el camino sería un acuerdo de ese tipo o una nueva colocación bajo ley local, a lo que el ministro respondió que el REPO "ya asegura" la posibilidad de afrontar los pagos.
Estrategia financiera y rol de Wall Street
"El Repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)", expresó Caputo, al precisar la orientación general de la política financiera que impulsa el Gobierno.
La estrategia forma parte de una ingeniería financiera más amplia que el Ministerio de Economía viene desplegando con el objetivo de atravesar el calendario de vencimientos de 2026 sin sobresaltos. El pago previsto para enero constituye el primero de una serie de compromisos relevantes.
A ese vencimiento se suman otros pagos significativos previstos para julio del próximo año, lo que obliga al Ejecutivo a diseñar un esquema que combine distintas fuentes de financiamiento y permita distribuir los desembolsos a lo largo del tiempo.
En este contexto, el Gobierno busca evitar concentraciones excesivas de pagos y reducir la necesidad de acudir a los mercados internacionales en condiciones desfavorables, priorizando mecanismos que otorguen previsibilidad al flujo de fondos del Tesoro.
El BONAR 2029 y el regreso al mercado voluntario
La reciente colocación del BONAR 2029 fue presentada por el equipo económico como uno de los hitos centrales del plan financiero. El título, con vencimiento en noviembre de 2029 y una tasa superior al 9% anual, implicó el regreso del país al mercado voluntario de deuda en dólares tras casi una década.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que la operación tuvo una recepción favorable y permitió ampliar el conjunto de herramientas disponibles para la administración de los compromisos financieros del Estado, sin depender exclusivamente del financiamiento externo tradicional.
Más allá de esta emisión puntual, en el Gobierno subrayan que el objetivo no es reinstalar un esquema de endeudamiento sistemático en los mercados internacionales. La intención oficial es utilizar estas herramientas de manera selectiva y complementaria.
En ese sentido, el REPO aparece como una alternativa relevante para reforzar la liquidez en dólares en el corto plazo y ganar previsibilidad en el manejo de los pagos, sin incrementar de manera directa el stock de deuda soberana emitida bajo legislación extranjera.
Cambios normativos y administración de la deuda
En paralelo, el Ministerio de Economía analiza cambios normativos orientados a facilitar la administración de la deuda pública. Entre las opciones en estudio figuran modificaciones a la Ley de Administración Financiera.
Estas reformas permitirían realizar operaciones de canje o reordenamiento de vencimientos, con el objetivo de reducir la concentración de pagos en determinados meses y extender plazos sin recurrir a procesos de reestructuración formal.
Desde el oficialismo señalan que estas medidas buscan dotar al Estado de mayor flexibilidad para gestionar sus compromisos, en un contexto en el que el acceso al crédito externo continúa siendo limitado.
El mensaje que el Gobierno procura transmitir es que el cumplimiento de los compromisos financieros constituye una prioridad de la gestión. En ese marco, la emisión de deuda bajo legislación extranjera no está descartada, pero queda planteada como una alternativa de último recurso dentro de un esquema que privilegia el financiamiento local, los acuerdos con bancos y la administración gradual de divisas.