La megaestafa que le costó al BCRA hasta u$s10.000 millones tiene a 160 empresarios en la mira
Con la orden emitida ayer por la jueza María Servini, quien a pedido del fiscal Carlos Stornelli dictó un embargo preventivo por $859.516 millones sobre los bienes del financista Elías Piccirillo, sus socios y otros 160 propietarios de agencias de cambio, se aceleró la investigación por presuntas maniobras con el dólar blue. En el marco de este expediente, que analiza el llamado "rulo financiero" durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se indagan las autorizaciones para realizar importaciones a través del sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), esquema que fue eliminado por la gestión de Javier Milei al asumir el 10 de diciembre de 2023.
La investigación de Servini de Cubría, que se originó en diciembre de 2024, es la primera de tres causas que se entrecruzan en esta megaestafa al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se calcula que, a través de este sistema, se drenaron entre u$s7.500 y u$s10.000 millones de la autoridad monetaria. Estas divisas fueron vendidas a bancos al valor del dólar oficial y luego liquidadas al doble o al triple en el mercado paralelo.
El pendrive que destapó movimientos por 500 millones de dólares
La segunda causa es impulsada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo. El expediente se inició en abril de 2025 tras los audios aportados por Carlos "El Lobo" Smith, un expolicía que trabajaba en el área de seguridad para Piccirillo —quien actualmente cumple prisión domiciliaria—.
Las grabaciones estaban contenidas en un pendrive que Smith presentó al declarar como arrepentido. El testigo, que además de las tareas de custodia redactaba informes y analizaba causas, reveló que el dispositivo había quedado en la guantera de su camioneta BMW X6 cuando presuntamente le "plantaron" dos kilos de droga a Francisco Hauque, exsocio de Piccirillo, con quien este último mantendría una deuda de u$s6 millones. Tras ordenar el registro del vehículo, el juez halló el dispositivo. Hasta el momento, la investigación de Lijo y Picardi ha detectado movimientos sospechosos por más de u$s500 millones entre bancos y casas de cambio.
Cuando el fútbol argentino se cruza con el lavado millonario
La tercera causa, también a cargo del juez Ariel Lijo junto a la fiscal Romina Capucetti, investiga maniobras de lavado de dinero por unos $820.000 millones. El expediente involucra a la empresa Sur Finanzas, del financista Ariel Vallejo, y a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, junto a otros directivos. Fuentes cercanas a Comodoro Py confirmaron a iProfesional que existe la posibilidad de que Lijo unifique las tres causas para dotar de mayor celeridad a la instrucción.
En este entramado convergen diversos factores: las autorizaciones SIRA otorgadas por la Secretaría de Comercio —entonces a cargo de Matías Tombolini durante la gestión de Sergio Massa en Economía—; los dólares que el BCRA entregaba a los bancos para los importadores beneficiados; y la posterior reventa de esas divisas en el mercado informal a través de casas de cambio, billeteras virtuales, fintechs y cheques para ocultar la trazabilidad.
Las cifras que desnudan la magnitud del saqueo
En su resolución, la jueza Servini sostuvo que, entre el 1° de enero y el 1° de septiembre de 2023, las entidades investigadas informaron en la base RIOC del BCRA operaciones de compra de moneda extranjera por $475.533.114.424 y ventas por $418.278.740.007. Según el expediente, el 96% de los fondos fue percibido por firmas como Arg Exchange S.A., Mega Latina SA, Stema Cambios SA, entre otras.
La investigación determinó que se extrajeron en efectivo u$s607 millones, de los cuales el 99% habría sido retirado físicamente del Banco de Servicios y Transacciones. El informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJUDECO) detectó graves inconsistencias documentales en agencias como Gallo Cambios SAS y Eden SRL.
"Se simularon operaciones cambiarias legítimas ante el BCRA con el fin de acceder a dólares estadounidenses sin limitación al tipo de cambio oficial", explicó Servini en su dictamen.
Funcionarios del BCRA bajo la lupa por complicidad
El expediente más sensible apunta a la supuesta connivencia entre funcionarios públicos y cambistas. El fiscal Picardi tiene bajo la lupa a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, encargados de fiscalizar a las casas de cambio. También se investiga a la auditora externa Valeria Fabiana Fernández, quien habría suscrito los estados contables de firmas clave del esquema.
La justicia considera que la brecha cambiaria —que en 2024 llegó al 200%— fue el motor de este negocio. El esquema contaba con tres elementos clave:
- Dólares físicos que salían de los bancos
- Agencias de cambio para su comercialización
- Una demanda constante en el mercado paralelo
Cómo empezó todo: la denuncia que nadie quiso escuchar
Es pertinente recordar que la primera investigación sobre el otorgamiento de las SIRA surgió de una denuncia mediática realizada por el periodista Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina el 6 de junio de 2023. Allí se expuso un presunto sistema de sobornos (estimados entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones) que involucraría a operadores vinculados al Frente Renovador. Aunque inicialmente la causa en el juzgado de Eduardo Taiano no prosperó, la nueva evidencia obligaría a la justicia a retomar el hilo conductor.
En aquel entonces, bajo el cepo cambiario, mientras los ciudadanos solo podían comprar u$s200 mensuales, se detectó que miles de supuestos importadores y hasta monotributistas accedían a millones de dólares para compras al exterior que nunca se realizaron. Aunque originalmente se habló de una movilización de u$s3.200 millones, las investigaciones actuales sugieren que el perjuicio total a las reservas del BCRA podría alcanzar los u$s10.000 millones.