La Ciudad aprobó un programa para ayudar a familias con deudas en tarjetas de créditos y préstamos
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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves la creación del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal. La iniciativa obtuvo 42 votos positivos y 8 abstenciones en la sesión ordinaria.
El programa busca dar respuesta a un problema concreto: el creciente endeudamiento de hogares porteños en un contexto de caída del poder adquisitivo. Muchas familias recurren al crédito para cubrir gastos básicos como alimentación, transporte y servicios.
El objetivo central es permitir que personas en situación de vulnerabilidad financiera refinancien deudas de alto costo por préstamos en condiciones más accesibles.
La norma contempla incentivos fiscales para que bancos y entidades no bancarias se sumen al programa. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires tendrá un rol protagónico en la implementación.
Quiénes pueden acceder al programa de desendeudamiento
Pueden solicitar estos créditos las personas humanas con deudas originadas en tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por entidades financieras. Un requisito clave: estar en situación de mora entre 60 y 180 días según la Central de Deudores del Banco Central.
También deben cumplirse otros criterios de elegibilidad. Los ingresos familiares tienen que ser inferiores a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Y la carga mensual de deuda debe superar el 30% de los ingresos del hogar.
La residencia en la Ciudad de Buenos Aires debe acreditarse con al menos dos años de antigüedad. Este punto busca garantizar que el beneficio llegue a vecinos con arraigo comprobado.
El programa abarca tanto a empleados en relación de dependencia como a monotributistas y jubilados. Para trabajadores informales, se prevé una línea específica a través de Ciudad Microempresas S.A.U.
Cuánto costarán los créditos y en qué condiciones
Los préstamos otorgados bajo este programa tendrán condiciones más favorables que las del mercado. La tasa nominal anual fija no podrá superar el 35%, un techo pensado para aliviar la carga financiera.
El plazo mínimo de devolución será de 24 meses. Las entidades podrán ofrecer condiciones más beneficiosas, siempre que sean aprobadas por la autoridad de aplicación.
El destino de estos créditos será exclusivamente la cancelación o refinanciación de deudas existentes con entidades financieras reguladas por el Banco Central.
No se podrán usar para otros fines. El objetivo es reemplazar compromisos caros por financiamiento más manejable, no generar nuevo endeudamiento.
Qué casos quedan afuera del beneficio
La norma establece una serie de exclusiones para evitar que el programa beneficie a quienes no lo necesitan. Quedan fuera las personas que sean titulares de más de un inmueble.
Tampoco podrán acceder quienes tengan vehículos de menos de cinco años de antigüedad, salvo que acrediten uso laboral. La misma restricción aplica para embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios.
Están excluidos quienes posean activos financieros superiores al monto de la deuda. También los que hayan realizado compra de divisas durante el período en que generaron los compromisos que buscan refinanciar.
Estas restricciones buscan focalizar el programa en sectores medios y medios bajos que atraviesan genuina fragilidad financiera. La idea es que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.
Cómo será la implementación del programa
El Banco de la Ciudad de Buenos Aires tendrá un rol central en la puesta en marcha. Otras entidades financieras podrán adherirse voluntariamente al programa.
Como incentivo, las entidades adheridas accederán a una reducción del 50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses generados por estos créditos.
El programa tendrá una vigencia inicial de 60 días corridos para la solicitud de créditos desde su puesta en marcha, y el Poder Ejecutivo tiene 30 días para reglamentarlo.
La iniciativa contempla campañas de difusión institucional para que los potenciales beneficiarios conozcan el programa. Se garantizarán mecanismos de inscripción tanto presenciales como digitales.
La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo porteño. Tendrá la tarea de aprobar las condiciones específicas que ofrezca cada entidad y supervisar el cumplimiento de los requisitos.