Tras la polémica por los CEDEARs, el Gobierno retirará la reforma financiera
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Puntos importantes
El Gobierno retiró el proyecto de Ley de Competitividad Financiera.
La decisión se debe a la polémica por un cambio en el impuesto a Ganancias sobre operaciones con CEDEARs.
Las demás reformas financieras que incluía el proyecto quedan ahora en suspenso para revisión.
El Gobierno decidió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera que había enviado a la Cámara de Diputados. La decisión se dio luego de la polémica por uno de sus artículos, que proponía modificar el tratamiento en el impuesto a las Ganancias de las operaciones con Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs).
La Casa Rosada y el bloque de diputados de La Libertad Avanza confirmaron que la iniciativa será retirada para revisar cada uno de sus artículos antes de volver a impulsar su tratamiento legislativo.
De esta forma, la decisión fue más allá del primer anuncio del Ministerio de Economía, que había anticipado que solamente eliminaría el apartado referido a los CEDEARs porque provenía de un borrador anterior.
La iniciativa había ingresado a Diputados el 2 de noviembre bajo el expediente 0012-PE-2026 y contemplaba modificaciones en distintas normas vinculadas con el mercado de capitales, el financiamiento, las garantías y los instrumentos financieros. El texto, integrado por 240 artículos, había sido girado a las comisiones de Legislación General, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
Por qué el Gobierno decidió retirar el proyecto de reforma financiera
El primer cuestionamiento fue por el artículo que proponía modificar el tratamiento impositivo de los Cedears. Estos certificados permiten invertir desde la Argentina en acciones, bonos y otros activos que cotizan en mercados del exterior.
El proyecto plaNteaba que las operaciones con esos instrumentos recibieran el mismo tratamiento tributario que la compra directa del activo extranjero que representan. En la práctica, las ganancias obtenidas por su compraventa podrían haber quedado alcanzadas por el impuesto a las Ganancias, con una alícuota estimada del 15% por especialistas tributarios.
La propuesta contemplaba los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara la reforma. No obstante, Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), confirmó que ese apartado se retiraría porque había quedado de un borrador anterior.
Horas después, desde la Casa Rosada y el bloque oficialista comunicaron que la revisión alcanzaría a toda la iniciativa.
Qué cambios en créditos, tarjetas y mercado de capitales quedan en suspenso
El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluía modificaciones en distintas áreas del sistema financiero. Una de las principales era reconocer la validez legal de valores negociables emitidos, registrados, transferidos y negociados mediante tecnologías de registros distribuidos, como blockchain.
También contemplaba la creación de nuevos ámbitos de negociación autorizados, que podían incluir plataformas digitales y sistemas administrados por proveedores de servicios de activos virtuales habilitados. La iniciativa buscaba establecer reglas para esas operaciones y delimitar las competencias de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central.
En paralelo se buscaba ampliar los bienes que pueden utilizarse como garantía para conseguir financiamiento. La lista incluía activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias, créditos contractuales, inventarios, ingresos futuros y fondos depositados en cuentas bancarias o proveedores de servicios de pago.
Para concentrar la información sobre esas garantías, el texto proponía crear un Sistema Federal de Registro de Garantías. En materia de instrumentos de crédito, la iniciativa incorporaba cambios en pagarés, cheques, warrants y facturas de crédito electrónicas para pequeñas y medianas empresas.
Entre otras medidas, habilitaba cláusulas de actualización e indexación en pagarés y documentos que representaran compromisos de entrega de bienes físicos.
Para los comercios, el proyecto también proponía convertir los cupones de operaciones autorizadas con tarjetas en títulos electrónicos negociables. El objetivo era que los establecimientos pudieran vender esos derechos de cobro en mercados o plataformas habilitadas y obtener el dinero antes del plazo habitual de acreditación, a cambio de un costo financiero.
A su vez, contemplaba habilitar la negociación en mercados secundarios de certificados de depósitos a plazo fijo constituidos a 365 días o por períodos superiores que estableciera el Banco Central. De esa manera, un ahorrista podría vender el certificado antes del vencimiento a otro inversor, aunque el precio obtenido dependería de las condiciones del mercado.
Con el retiro anunciado, todas estas reformas deberán pasar nuevamente por una revisión del Poder Ejecutivo antes de que el Gobierno defina si las presenta otra vez ante el Congreso, en qué formato y con qué cambios.
