Este jueves el Gobierno de los Estados Unidos anunció su intención de retomar la pena de muerte a nivel federal después de casi dos décadas sin usarla. Según informó el Huffington Post, William Barr, fiscal general de dicho país, aseguró que el el objetivo de "traer justicia a las víctimas de los crímenes más horribles".

De acuerdo a la información difundida por dicho medio, el funcionario del gobierno de Donald Trump consideró que "el Departamento de Justicia respalda el estado de derecho y le debe a las víctimas y sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia".

De manera inmediata después del anuncio, el fiscal transmitió su decisión al buró de prisiones y pidió a su director en funciones, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte por asesinato, y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos.

Las ejecuciones, que no se practican a nivel federal desde 2003, se llevarán a cabo en diciembre de este año y enero de 2020, según el anuncio oficial estadounidense.

Es importante aclarar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos había restituido la pena de muerte en 1976. De esta forma, permitió a los estados más conservadores del sur de, como Alabama y Mississipi, implementar este castigo. ¿Cómo es el panorama en Argentina?

Desde la creación del Código Penal, la pena de muerte jamás ha sido un castigo contemplado para ningún tipo de delito. Si bien hay quienes la consideran necesaria y adecuada para algunos crímenes en particular, a nivel local no se ha llegado a debatir realmente el tema -y mucho menos a implementarlo-.

Las crecientes corrientes relacionadas a los derechos humanos -no solo en la sociedad en general, sino desde el punto de vista legal- dejan cada vez más atrás a la pena de muerte como un posible castigo.

Aunque nada de eso cierra por completo la puerta, hay normas internacionales -a las cuales la Argentina está sujeta por haberlas firmado- que impiden que se pueda implementar este tipo de pena. La firma del Pacto de San José de Costa Rica -también llamado Convención Americana de Derechos Humanos- cerró por completo esta posibilidad.

El artículo 4, que habla sobre el derecho a la vida, establece que "en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente".

Además, afirma que "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido" y, asimismo, que "en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos".

Dado que la Argentina firmó este tratado y en ningún momento tuvo pena de muerte en su normativa interna, actualmente resulta imposible implementar este tipo de castigo desde el punto de vista legal.