Por veto del Ejecutivo, la UIF podrá ser querellante en causas de lavado
La presidenta Cristina Kirchner vetó un artículo de la ley destinada a combatir el lavado de dinero que prohibía a la Unidad de Información Financiera (UIF) constituirse como parte querellante en procesos penales.
La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial junto con la promulgación de la Ley 26.683 a través del decreto 825, levantó polvareda y generó críticas de parte de fuerzas de la oposición, por entender que la medida busca "preservar a los amigos del Poder".
El artículo 25 de la norma establecía que la UIF no podía "constituirse como parte querellante en procesos penales" que están vinculados a casos de lavado de dinero y su veto se produce en medio del escándalo que involucra a los hermanos Sergio y Pablo Shocklender y salpica a las Madres de Plaza de Mayo.
Para el Ejecutivo, es "necesario" que el organismo encabezado por José Sbatella esté facultado para "intervenir como querellante en procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la Ley 25.246 (que establece la creación de la UIF) y sus modificatorias".
La UIF cumple el rol de querellante en varias causas en las que investiga las actividades de presuntas asociaciones ilícitas, como por ejemplo en unas de las ramificaciones del caso de la llamada "mafia de los medicamentos", con la venta de remedios ilegales o falsos a obras sociales.
Pero más allá de las explicaciones del Ejecutivo nacional en los considerandos de su decisión, referentes de la oposición salieron a fustigar a Cristina por el veto."Queda confirmado que la UIF pretende ser utilizada como un brazo político del Gobierno a través del cual se busca perseguir a los opositores y preservar a los amigos del Poder", sostuvo el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari.
"Semejante facultad judicial sin lugar a dudas continuar siendo ejercida arbitrariamente de acuerdo a quien sea la persona investigada", agregó, en un comunicado reproducido por la agencia NA.
El legislador, integrante del espacio que lidera su colega diputado Francisco de Narváez, remarcó que "la Presidenta no puede desconocer que uno de los motivos sobre los que pende la posibilidad de que la Argentina sea sancionada, es precisamente la utilización política de la UIF".
"Sobre todo cuando un fiscal federal (Guillermo Marijuan) acaba de imputar al presidente de la UIF (Sbatella) por incumplimiento de deberes a raíz del cajoneo de la investigación vinculada a los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo", agregó, en referencia a la investigación judicial por presunta defraudación al Estado y lavado de dinero que salpica a esa entidad.
Para Ferrari, "el veto parcial sin lugar a dudas reflejar en el orden internacional la despreocupación del Gobierno por este tema", al tiempo que "constituye una manifiesta violación al acuerdo político entre el bloque oficialista y la mayoría de la oposición, que permitió la sanción de la ley".
El diputado recordó que "la necesidad de restringir" a la UIF "era uno de los puntos centrales" que reclamaba su espacio -entre otros- para sancionar esta norma en el Congreso, debido a los antecedentes de "utilización" de la entidad "como un organismo de persecución política de opositores y de protección y encubrimiento de los amigos del Poder".