En Europa ya rige un nuevo acuerdo fiscal
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El pacto fiscal europeo, el acuerdo intergubernamental destinado a incrementar la disciplina fiscal de los países de la zona del euro, y que incluye "la regla de oro" presupuestaria, que limita el déficit estructural, entró el primero de enero en vigencia.
Con la suscripción de Finlandia el 28 de diciembre ya se llegó al respaldo mínimo de países exigido para que la medida empiece a aplicarse a partir del primer día del año.
Así, más de una docena de países (España, Austria, Chipre, Alemania, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Lituania, Letonia, Portugal, Rumania, Eslovenia y Finlandia) ratificaron este acuerdo, firmado por todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), salvo Reino Unido y República Checa.
El tratado, que fue sellado el pasado 2 de marzo, establece una disciplina fiscal reforzada y una vigilancia más estricta dentro de la zona del euro, con la introducción de la conocida "regla de oro", que limita el déficit estructural anual (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) al 0,5% del PBI.
Los 17 Estados miembros que forman parte del euro deben transponer en su legislación nacional la "regla de oro", paso que ya dio España bajo la administración de Mariano Rajoy en junio, so pena de ser sancionado por el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ejecutivo comunitario elaborará informes sobre la correcta introducción del freno de deuda en las legislaciones por parte de cada país, de modo que si persiste el incumplimiento, uno o más firmantes del acuerdo podrán llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Otros países comunitarios también pueden solicitar sanciones financieras al Tribunal de Justicia de la UE para los Estados que no trasladen el techo de gasto correctamente a su normativa.
Las multas podrán ascender al 0,1% del PBI y los fondos que se recauden se ingresarán en el Mecanismo Europeo de Estabilidad o fondo permanente (MEDE) o en el presupuesto de la Unión Europea.
Además, el pacto vincula a partir del 1 de marzo de 2013 la concesión de rescates a países a su ratificación del pacto fiscal.
Los países que forman parte del pacto fiscal se comprometen también a mantenerse en línea con el objetivo de déficit establecido para cada Estado miembro, en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo.
Los Estados miembros tendrán que implantar un mecanismo automático de corrección de los desvíos de los objetivos del déficit o del camino de consolidación, así como tener en cuenta su impacto acumulativo en la deuda.
Los países que sufran circunstancias excepcionales como una "severa contracción económica" podrán desviarse de esos objetivos a medio plazo o del ajuste.
Así, los gobiernos con una deuda sustancialmente inferior al 60% del PBI podrán alcanzar un déficit estructural de hasta el 1% del PBI; por su parte, aquellos países con una deuda superior al 60% del PBI deberán reducirla en una veinteava parte al año.
El rechazo de Reino Unido y República Checa a respaldar el pacto fiscal llevó al resto de los Estados miembros a firmar un acuerdo intergubernamental, a través del procedimiento conocido como "cooperación reforzada".
Este proceso exige que un mínimo de doce países firmen un acuerdo para su entrada en vigor, paso logrado con la incorporación de Finlandia.
En un plazo de cinco años tras su entrada en vigencia, Bruselas aspira a que el pacto fiscal deje de ser un acuerdo intergubernamental y sea incorporado al marco legal de la Unión Europea.
