Aprueban impuestazo en Entre Ríos para pagar el aumento a la Policía
La Legislatura de Entre Ríos aprobó una reforma tributaria impulsada por el gobierno provincial que dispone aumentos en los impuestos automotor, inmobiliario urbano y rural, servicios públicos, actividades productivas y de ocio, y acceso a la Justicia. La avanzada aplica mayor presión tributaria a los artículos relacionados con altos patrimonios, como embarcaciones de recreación y autos de alta gama.
La norma vuelve atrás en algunos beneficios obtenidos por distintos sectores y genera tasas adicionales de entre el 20 y el 30% para todos los que paguen impuesto inmobiliario y automotor. Se crea el impuesto de entre el 2 y el 5% a los juegos de azar, similar al que ya rige en Córdoba. La alícuota de ingresos brutos subirá al 4,5% y se eliminan exenciones que databan de los Pactos Fiscales de 1994, incluyendo la exención del 50% de las cooperativas que facturen por encima del monto que establezca la Ley Impositiva. Aumentan alícuotas en seguros, industrias radicadas en otras jurisdicciones, empresas de servicios agrícolas, telefonía fija y celular, y se eleva al 5% la alícuota a las grandes empresas que venden en Entre Ríos.
La Mesa Enlace provincial la rechazó de plano y la calificó de ajuste encubierto que impactará sobre todos los sectores y no sólo en los de mayor poder adquisitivo como sostiene el gobierno. Especialmente, por los impuestos inmobiliarios Urbano y Rural, que tendrán ahora dos tramos más de valuación a los 8 que ya tiene, con una alícuota progresiva. Hay baja rentabilidad actual en los sectores agropecuario y ganadero, dijo la mesa de ruralistas, y el impuestazo generará una caída de la recaudación impositiva y productiva así como desinversión. La reforma es la séptima que realiza Entre Ríos en dos años.
Desde la oposición se calificó a la medida de confiscatoria e inconsulta. Muchos legisladores no entraron al recinto para no dar quórum y remarcaron que Entre Ríos debería haber hecho como Córdoba y Santa Fe, que reclamaron a la Nación el 15% de coparticipación que le corresponde, quitado desde la década menemista. La socialista María Emma Bargagna sí se quedó y votó en contra en medio de abucheos oficialistas.