Abren causa por millonaria fraude al fisco de Entre Ríos
El Gobierno de la provincia de Entre Ríos será querellante en la causa en la que se investiga un millonario fraude al fisco local, tras la denuncia penal concretada por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Mediante el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, la gestión de Sergio Urribarri puso a disposición todos los elementos para contribuir en la acción penal, y se presentó como querellante en la causa que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Paraná, a cargo de Marina Barbagelata.
El titular de ATER, Marcelo Casaretto, hizo llegar esta semana al juzgado un listado "con las 65 empresas involucradas por 17 millones de pesos de impuestos que debían pagar y no pagaron, porque les cargaron compensaciones truchas para que no tributen".
La solicitud realizada por Rodríguez Signes se da por la posibilidad de que los hechos denunciados por Casaretto se encuadren en el delito penal de fraude en perjuicio de la administración pública provincial.
En tanto, desde el organismo provincial señalaron en un comunicado que la acción de presentarse ante la Justicia se enmarca en "la decisión de ir a fondo con la investigación que permita determinar las responsabilidades, ante la posibilidad cierta de que se haya cometido un perjuicio a las arcas provinciales", y destacaron: "La mejor forma de contribuir a la acción judicial es participar del proceso como querellante, poniendo a disposición todos los recursos que permitan un esclarecimiento de los hechos".
La maniobra contra el fisco de la provincia, realizada presuntamente desde enero de 2012 hasta la actualidad, "no pudo hacerse sin la complicidad de coautores externos", explicó la diputada provincial Rosario Romero (FpV-Paraná), que además destacó que el fraude "se hizo a través de un sistema de compensaciones que se regularizan con el Ministerio de Economía, pero en este caso se habían autorizado compensaciones sin que sea de manera formal", situación posible debido a que "existían empleados con años de experiencia que tenían habilitación para acceder al sistema informático y habrían cargado números falsos de expedientes".
La Justicia solicitó a la ATER la entrega de las terminales informáticas de los agentes involucrados en la operatoria denunciada y sus legajos personales. También convocó a cuatro miembros del organismo para prestar declaración testimonial.