Levantaron la clausura de Sobremonte luego de que dueños asumieran su responsabilidad

Tras 116 días de clausura preventiva ininterrumpida dispuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre el complejo bailable Sobremonte, los verdaderos dueños del multiespacio marplatense asumieron formalmente su responsabilidad sobre la explotación del lugar, y conformaron una nueva sociedad anónima. 

Ahora deberán abonar un ajuste por los impuestos evadidos de aproximadamente $5 millones. La nueva sociedad se denomina International PowerEntertainment SA y se encuentra integrada, en su mayoría, por las mismas personas que el fisco señaló como responsables de Sobremonte en su investigación dada a conocer en marzo de este año.Ahora estarán al frente Micaela Aracil, hija de Eduardo Aracil, histórico dueño del multiespacio; Pedro Del Buono, ex disc jockey del lugar; y Mauricio Héctor Kennis, empresario vinculado al esparcimiento nocturno.La flamante sociedad se presentó ahora ante el Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, a cargo de Alejandro Castellanos -a cargo de la investigación impulsada por la AFIP- y solicitó el levantamiento de la clausura preventiva que pesa sobre el complejo bailable para poder así retomar la actividad comercial.Los agentes trabajan ahora en determinar con exactitud la deuda impositiva y de Seguridad Social que fue evadida con todas las maniobras de ocultamiento realizadas. Para ello analizan la documentación secuestrada en el complejo y en el domicilio de su contador, José Luis Gallinal. De esta manera comienza el proceso de regularización de deudas, ahora que los verdaderos dueños del complejo gastronómico bailable reconocieron su responsabilidad y constituyeron una sociedad legal.La AFIP desbarató así la maniobra consistente en utilizar la identidad de personas de bajos recursos económicos para ponerlos al frente de sociedades, que en definitiva, ocultaban a los verdaderos dueños del boliche y que facturaban cifras millonarias por su explotación.Además, mediante el cambio sistemático de sociedades se buscaba entorpecer la fiscalización del organismo de recaudación y se ocasionaba un grave perjuicio en términos de evasión impositiva y previsional.