En lo que se constituye en un fallo novedoso, un juzgado cordobés hizo foco sobre la presión fiscal indirecta. En otras palabras, el juez de la provincia mediterránea, busca poner un freno a la excesiva "sobrecarga administrativa" que imponen -sin distinción de signo político- todos los organismos de recaudación a los sufridos contribuyentes.

Puntualmente, el Juzgado Civil, Comercial y Familia de Tercera Nominación de Rio Cuarto (Córdoba), en el marco de la causa "De Scisciolo, Liliana Marina C/ Gobierno de la Provincia de Córdoba" dictó un fallo donde, ante el accionar del fisco provincial, afirmó que la validez jurídica de los mecanismos recaudatorios no depende de su eficacia ni encuentra justificación suficiente en sus nobles finalidades, sino que está condicionada a que se respeten las garantías constitucionales de los ciudadanos. Entre estas últimas, deben considerarse tanto las de rango general (propiedad, debido proceso, derecho de defensa y acceso a la justicia) así como las específicas del derecho tributario (legalidad, confiscatoriedad y capacidad contributiva).

Al respecto el fallo dado a conocer por el blog impositivo "Los Salieris de Jarach" puntualiza que la presión tributaria debe medirse no sólo por la magnitud de los tributos en su conjunto (nacionales, provinciales y municipales), sino teniendo en cuenta el tiempo y los esfuerzos personales y materiales que los organismos de recaudación exigen a los contribuyentes, amparados en las atribuciones de fiscalización y control de los primeros y en los deberes formales de los últimos, o sea lo que se conoce en doctrina como presión fiscal indirecta.

Entre otras cosas, al contribuyente en cuestión se le había solicitado información sobre impuestos nacionales y municipales o datos de los registros contables que no están directamente relacionados con los tributos provinciales, además de imponer a la contribuyente la labor de confeccionar una planilla excel con la información contenida en los libros IVA Ventas e IVA Compras ordenada por columna.

A continuación el texto completo de la sentencia:

Asimismo, el fallo dispuso que, en el marco de la inspección, las autoridades tributarias sólo pueden exigir a la actora el cumplimiento de deberes formales y de información o de aporte de documentación y registraciones, directamente relacionadas con el Impuesto a los Ingresos Brutos y que, respecto a los demás requerimientos sólo serán válidos (y, por lo tanto, obligarán a la contribuyente) en la medida en que el organismo recaudador justifique que son el medio adecuado para obtener fines legítimos, los que deberán ser indicados con claridad y precisión.

Avance sobre los contribuyentes y sus contadoresTal como lo adelantó oportunamente iProfesional.com los contadores ya están acostumbrados a convivir con una gran cantidad de regímenes de recaudación e  información con los que pierden tiempo valioso. 

Al respecto, Iván Sasovsky, titular de Sasovsky & Asociados, explicó que "hoy por hoy cada profesional es una suerte de sucursal de los distintos fiscos, cuyos costos de esos referentes del control y la recaudación son soportados por el propio contribuyente".

"Ahora bien, este traslado de responsabilidades y de los gastos aparejados genera una traslación directa de las erogaciones del Estado a los particulares, entonces implica una recaudación indirecta que no se contabiliza en las arcas fiscales, pero sí en la contabilidad empresaria y de los contribuyentes", agregó.

El profesional afirmó que "la delegación forzada de tareas del Estado a los particulares pone en evidencia una fragilidad en la relación fisco-contribuyente que impide concebir una existencia clara de las relaciones de derecho y de poder que ponen en riesgo la legitimidad de estos regímenes pues, en el fondo, se están creando obligaciones innaturales fuera del amparo legal".

"Desde ese lugar, la sofocante cantidad de regímenes de recaudación y de información en todos los estratos estatales hacen que se pierda valiosísimo tiempo y dinero produciendo información de dudosa utilización eficiente y de inexplicable capacidad de procesamiento efectivo", concluyó Sasovsky. 

En igual sentido, Roberto Condoleo, miembro de la Comision Tributaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), manifestó que "el fisco desde hace ya varios años ha estado delegando su función en los particulares, no sólo sobre empresas sino también sobre profesionales".

"Entendemos que sería interesante reformular el límite de las cargas públicas, que además se imponen no sólo gratuitamente sino que además se sanciona el mero error. La Constitución Nacional establece claramente dos límites la razonabilidad y proporcionalidad", enfatizó Condoleo.