Estos son los funcionarios que aún no presentaron su declaración jurada
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Luego de tres años, la Oficina Anticorrupción volvió a informar el estado de situación de las declaraciones juradas que deben presentar los miembros del Poder Ejecutivo y el personal jerárquico de las fuerzas de seguridad.
Vencido el plazo para hacer el trámite, el reporte arrojó que hay un total de 9.723 incumplidores sobre un universo de 44.781 funcionarios obligados a hacerlo.
En la nómina se cuentan dirigentes del gobierno actual y también del anterior. Los nombres de mayor peso son el del actual secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco (en la foto), y el último ministro de Justicia del kirchnerismo, Julio Alak.
En la lista está Andrés Ibarra, titular de la cartera de Modernización. Fuentes del organismo que dirige Laura Alonso aclararon, no obstante, que su documentación fue entregada a tiempo, pero no hubo oportunidad para removerlo de la lista hasta ahora.
Burzaco no es el único representante de Cambiemos en el listado. Es el caso de Victoria Morales Gorleri, ex legisladora porteña y actual subsecretaria de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social, y de Pedro Robledo, subsecretario de Juventud. Otra "deudora" es Aída Ayala, la ex intendenta de Resistencia que se desempeña como secretaria de Asuntos Municipales bajo la órbita del Ministerio del Interior.
Por el kirchnerismo, además de Alak figura Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente que fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública en el Ministerio de Planificación. También Abel Fatala, quien revistó en la misma cartera como número 2 de José López, detenido ayer cuando intentaba esconder casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Y el ex secretario de Coordinación para el Pensamiento Nacional, Ricardo Forster
Los incumplidores serán intimados a presentar sus declaraciones juradas en un término de 15 días. De no hacerlo, la normativa establece que podría haber sanciones. En el orden administrativo, se les podrá retener el 20% del salario hasta que cumpla con el trámite e impedir el reingreso a la función pública a quienes no informen la baja.
La falta también tiene consecuencias en el Código Penal. Es que la falta de presentación puede ser juzgada como una omisión maliciosa, que contempla una pena de 15 días a 2 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
