El proyecto para elevar en casi el doble la alícuota del impuesto a los Bienes Personales ingresó este martes a la Cámara de Diputados y podría avanzar esta misma semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde Cambiemos además espera activar otro proyecto para modificar los parámetros del revalúo de ganancias de las empresas.

La iniciativa que busca subir el mínimo no imponible de Bienes Personales forma parte de la adenda fiscal firmada por 18 gobernadores, donde se suspende la cláusula del Consenso Fiscal que prohibía incrementar las alícuotas.

César Halladjian, consultor tributario, detalló a iProfesional los aspectos centrales y las principales implicancias del proyecto de ley:

1) Aplicaría para 2019 y años siguientes y no para 2018. Por lo tanto el primer impacto financiero sería cuando se pague el saldo de las declaraciones juradas del año 2019 en el año 2020 o bien durante el 2019 si la AFIP decide que los anticipos a cuenta del 2019 se adapten a las nuevas escalas.

Si bien con la normativa actual de anticipos esto no sería posible (artículo 22 Resolución General AFIP 2151), con un simple cambio reglamentario se tornaría operativo. En otras palabras, así como este año los anticipos se adaptaron a la baja de alícuotas, la AFIP puede sacar una norma que modifique los anticipos en función a la alícuota del 2019.

No obstante lo comentado, tengamos presente que el primer anticipo de bienes personales vencerá en agosto 2019, coincidiendo con el calendario electoral, con lo cual una medida de la AFIP de este tipo es menos probable que en otro escenario.

Es posible también que la AFIP exiga anticipos a los contribuyentes cumplidores, ya que tienen exceptuado el pago del año 2018 pero no lo tendrán en el 2019.

2) Actualmente el impuesto es flat 0,25%, lo cual se cambia volviendo a un esquema de alícuotas progresivas con tope del 0,75%. No se hace distinción entre bienes en el país y en el exterior.

3) El nuevo mínimo no imponible será de $2.000.000.

4) Se gravan los inmuebles rurales en Bienes Personales, cambio motivado en que a partir del año 2019 Ganancia Mínima Presunta queda derogado.

Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados fue categórico al opinar sobre la iniciativa: "El proyecto es un nuevo avasallamiento sobre la seguridad jurídica de nuestro país".

"Realmente estamos siendo presos de un juego macabro en el que para llegar a sobrevivir fiscalmente nos están cambiando las reglas permanentemente por lo que las posibilidades de permanecer en el sistema son prácticamente nulas", agregó.

"No se puede hablar de legitimidad si es el propio Estado que se contradice permanentemente en materia tributaria", puntualizó el experto.

"Cambiar las leyes de forma tan liviana sin medir los costos de la inseguridad jurídica que se produce es intentar apagar un incendio con nafta", indicó.

"Tenemos que pensar en ideas disruptivas que nos permitan salir de la idea que la única forma de solucionar nuestros problemas es aumentando impuestos. Ese razonamiento primitivo sólo nos lleva a la decadencia y a la mediocridad financiera de Estado", concluyó Sasovsky.