La banda que está acusada de haber robado datos de la AFIP, entre ellos la información secreta diciendo que el hermano del presidente Mauricio Macri había ingresado al blanqueo, tendrá que volver a la cárcel.

A ellos se le sumarán otros dos presuntos cómplices: el hermano del empresario Leandro Rodríguez, señalado como líder de la organización; y un abogado tucumano que se dedicaba a escribir libros de historia y que quedó seriamente comprometido en la causa, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Se cree que la organización movió sumas millonarias y que lograron sacar dinero del país, vía Hong Kong. Pero además que se determinó que uno los implicados, un abogado tucumano llamado Juan Pablo Bustos Thames, fue alertado de que iban por él antes de que allanaran sus oficinas, en septiembre último. "Mañana a las 8 tengo que estar en mi estudio para que no me hagan mierda la puerta, ¿entendés? –le contó a su pareja-. Pero no van a la casa, es al estudio únicamente (…) Al teléfono mío lo vas a tener que tener vos, mañana a la mañana llevátelo porque está ordenado el secuestro del teléfono".

Obviamente, el resultado del allanamiento es negativo. Pero además Bustos Thames los esperaba con una denuncia y una presentación hecha ante el Colegio Público de Abogados en donde reportaba "un robo sufrido en el estudio en donde le habían robado exclusivamente las cuatro computadoras que los investigadores iban a buscar". En la charla con su pareja precisamente decía: "Mañana (hay que) estar ahí esperándolos con eso".

Todos estos detalles surgen del fallo de la Cámara Federal, en donde los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia decidieron confirmar los procesamientos de los dos nuevos sospechosos y ordenarles la prisión preventiva.

Además, los jueces de la Sala II de la Cámara dispusieron volver a imponer la prisión preventiva de otros cinco acusados, entre ellos Leandro Rodríguez y algunos de ellos ex empleados de la AFIP, que habían sido liberados tiempo antes. Todos están acusados de asociación ilícita y revelación de secretos.

Acatando el fallo, el magistrado firmó el viernes pasado las órdenes de detención para que los implicados vuelvan tras las rejas. La situación no se modificó para otros dos implicados que permanecerán en libertad porque, se cree, ocuparon roles menores dentro de la organización.

Todo comenzó por la filtración de datos del sinceramiento fiscal que fueron publicados en el diario Página 12 del 27 de agosto de 2017, que había firmado el periodista Horacio Verbitsky, respecto de cinco contribuyentes del entorno o familiares de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, relata la resolución de la Cámara Federal. Entre ellos estaba Gianfranco Macri, hermano del Presidente.

La AFIP denunció el caso: "Hizo saber que era el único organismo que tenía registro de cuestiones como el monto exteriorizado, la alícuota aplicable, la composición de los bienes exteriorizados, las fechas de corte y los pagos. Todos, con algunas imprecisiones, figuraban en la nota periodística".

Comenzó así una auditoría interna por parte de la AFIP para averiguar de dónde había surgido la filtración y se extrajeron copias de las computadoras usadas por funcionario y empleados. Las pruebas apuntaron a Alejandro Adducci, entonces jefe de la Sección Informática de la AFIP; y Martín del Cuadro, jefe del Departamento de Desarrollo de Informática y Fiscalización, que tenían en sus ordenadores una suerte de aplicación encubierta para acceder a información secreta de la AFIP.

"Eran los únicos que podían acceder al sistema. Ningún otro agente", se señaló. A ellos, señaló la causa, se les sumaría Sebastián Karamanian, entonces jefe de División de Desarrollo de Sistemas de Selección y Seguimiento de Fiscalización, quien consultó la base de datos de sinceramiento el 13 de junio de 2017, a través de un puente virtual, desde un punto exterior al organismo y usando un usuario que no le correspondía.

A criterio de la Cámara Federal, los destinatarios fueron las empresas que operaban bajo marca "Reportes On Line" ofreciendo información "patrimonial, comercial, crediticia y de cumplimiento de obligaciones". Si bien no todo lo que vendían era ilícito, "sí está claro que al menos parte de los reportes incluían datos solo disponibles en las bases de datos de la AFIP y entidades financieras": sueldo bruto mensual de las personas, facturación mensual, compras, qué cuentas bancarias tenían y hasta el CUIL de sus empleadas domésticas registradas.

"Los responsables de esas empresas son los hermanos Leandro y Guillermo Rodríguez. Pablo Degano y Marcelo Vecchio trabajaban allí como empleados", se estableció. También se determinó que Leandro Rodríguez y Karamanian eran vecinos del mismo barrio privado, habían estudiado en el mismo lugar y el ex funcionario de la AFIP habría sido un socio encubierto de las firmas.