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Intimar a las empresas para no ajustar por inflación: una medida que vulnera los derechos de los contribuyentes

Intimar a las empresas para no ajustar por inflación: una medida que vulnera los derechos de los contribuyentes
Cuando hay inflación resulta indispensable que se permitan ajustar los estados contables, dado que si no estos reflejan ganancias ficticias
15.03.2019 06.46hs Impuestos

No son pocos los reconocidos tributaristas y abogados que consideran que las notas que está enviando la AFIP a los contribuyentes advirtiendo que tendrán prioridad de inspección si recurren a la Justicia para implementar el ajuste por inflación de los balances es un avasallamiento que hace recordara las peores épocas de la gestión a cargo de Ricardo Echegaray.

En febrero de este año, varios tributaristas advirtieron que la falta de ajuste por inflación elevaba la alícuota efectiva del Impuesto a las Ganancias del 35% al 55% como mínimo.

Cuando hay inflación resulta indispensable que se permitan ajustar los estados contables, dado que si no estos reflejan ganancias ficticias, como producto del incremento de las valuaciones de los activos. Eliminar esa distorsión es vital para entender la verdadera realidad econòmica de una empresa.

Por esa razón,varias empresas estaban analizando la posibilidad de recurrir a la Justicia para lograr lo que las leyes actuales no conceden. Se apela al concepto de "confiscación", cuando el impuesto es tan alto que el Estado se lleva la mayor parte de la ganancia de las empresas. En efecto, ya hay mas de un centenar de casos en los que la Corte Suprema le dio la razón a las compañìas.

Avanzada


La AFIP está enviando notas a los contribuyentes en los que invita a sumarse al revalúo impositivo que permite ajustar el valor de algunos bienes como maquinarias y edificios.

El revalúo no es conveniente para todos los casos. Ante la posibilidad de que se judicialicen reclamos de ajustes por inflación, la AFIP en esa nota advierte que va a poner en prioridad de inspección a quienes sigan ese camino.

Al respecto, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados aseguró que la "invitación" a aplicar una norma de esta manera deja en claro al menos los siguientes puntos:

1) Existe una tendencia de las empresas a aplicar el ajuste por inflación impositivo;

2) La ley no es tan clara si el fisco tiene que estar aclarando (no aclares que oscurece);

3) El contribuyente tiene el derecho a plantear la inconstitucionalidad de una ley si considera que el impuesto, aun luego de la modificación sigue siendo confiscatorio;

4) El Estado ha cambiado las reglas de juego frente a la aplicación del ajuste por inflación a mitad de ejercicio, por lo que su vigencia también puede ser cuestionada frente a la irretroactividad de la ley en cuestión.

5) Esta práctica recuerda a los peores momentos de la dirigencia de Echegaray frente a la AFIP.

6) La no aplicación del ajuste por inflación fue el peor error que pudieron cometer los legisladores, dado que hoy estamos en el peor de los mundos, no tributan quienes ganaron frente a la inflación, y quienes perdieron realmente y quieran aplicar el ajuste tienen más de cien fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor del contribuyente como respaldo, y esos fallos nunca se refirieron a una norma en particular, sino a que el Impuesto absorbe parte sustancial del patrimonio y se vuelve confiscatorio.

En igual sentido, Diego N. Fraga, Socio de RCTZZ Abogados y profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, aseguró que "si bien no es algo nuevo -hubo abusos similares en el anterior gobierno-, resulta insólito que la AFIP amenace con inspeccionar a quienes deciden ejercer sus derechos para no pagar un impuesto sobre ganancias ficticias".

Los criterios para decidir una fiscalización deben apuntar, en cambio, a sectores con riesgos concretos de evasión, mas no hacia contribuyentes que luchan para no tributar sobre ganancias ficticias.

"Colocar en plan prioritario de fiscalización a estas empresas implica una grave arbitrariedad y un flagrante abuso de poder, porque se pretende amedrentar a los contribuyentes para que no reclamen por derechos que han sido reconocidos por miles de fallos. Se viola no sólo su derecho de defensa, sino también la igualdad frente a otros contribuyentes en las mismas circunstancias, la seguridad jurídica y la imparcialidad que debe guiar a la Administración", advirtió Fraga.

Existen antecedentes judiciales en los cuales la Justicia ha puesto límites al actuar fiscalizador cuando se practica de manera abusiva o arbitraria, como en este caso.

Desde el organismo fiscal se suele esgrimir que quienes tengan todo en regla no deben preocuparse por ser fiscalizados. Pero ser sometido a una inspección integral -que se suele prolongar varios meses y hasta años- realmente es un verdadero incordio para las empresas.

Además de la carga administrativa y la distracción de recursos que ello provoca en las compañías, también existe la posibilidad de ser sometido a reclamos arbitrarios por parte de los inspectores, ya que si no detectan algún ajuste muchas veces se niegan a cerrar la inspección.

"La fiscalización con la que se está amenazando constituiría una verdadera represalia hacia quienes pretenden ejercer sus derechos, lo que resulta inadmisible para una Administración tributaria moderna y respetuosa de las leyes y de la Constitución Nacional", asegura Fraga.

Por otro lado, estas amenazas equivalen a intentar tapar el sol con las manos, ya que aquellas empresas que se encuentren en una grave situación económica y se debatan entre la subsistencia o el litigio, optarán por esto último.

"La prohibición de aplicar el ajuste por inflación impositivo fue aprovechada por todos los gobiernos desde el abandono de la convertibilidad y tuvo relativo éxito porque los fallos más relevantes a favor del contribuyente tardaron mucho tiempo en aparecer. Pero en la situación actual, donde hay más de 100 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miles de fallos de las instancias inferiores y hasta pronunciamientos de la propia AFIP en los que -para casos individuales- se aceptó la aplicación del ajuste, resulta imposible impedir su aplicación, ya sea por ley o mediante amenazas", explicó el experto.

"En el Gobierno debieron haber tomado nota del contexto y efectuar un estudio serio de los recursos que se perderían como consecuencia de la aplicación del ajuste. También debió analizarse el dinero que entraría a las arcas públicas por la aplicación del ajuste, ya que así como hay empresas que se benefician hay otras que deberían tributar más", concluyó Fraga.

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