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Expertos tributaristas califican de "dislate" el plan de impuestos que elaboró equipo de Alberto F.

Se cuestiona tanto la legalidad como la eficacia recaudatoria de las propuestas. El nuevo impuesto a las propiedades crearía una "triple imposición"
11/10/2019 - 06:04hs
Expertos tributaristas califican de "dislate" el plan de impuestos que elaboró equipo de Alberto F.

En las oficinas de los asesores tributarios y en las gerencias financieras de las empresas no se habla de otra cosa. Un nuevo impuesto nacional a la propiedad inmueble, reimplantar el tributo a la herencia, una suba extraordinaria de Bienes Personales y alcanzar fiscalmente a la compraventa de dólares, son motivos más que suficientes para que se enciendan las alarmas y se pongan en revisión todos los planes.

El documento que este miércoles dio a conocer iProfesional no deja lugar a duda: el déficit fiscal será cubierto con la creación y el aumento de los impuestos. Lejos queda la posibilidad de acomodar las cuentas fiscales a través de una significativa reducción del gasto público.

Ginés González García, coordinador de los Equipos de la Unidad del Partido Justicialista encargados de elaborar el documento de 118 carillas, dejó en claro que "el documento reúne muchas sugerencias, pero de ninguna manera son imperativas ni obligatorias". Sin embargo, la realidad es que reconocidos tributaristas consultados por este medio ya dan por sentado que muchas de las medidas allí señaladas serán impulsadas en caso de que, como parece probable, Alberto Fernández sea ungido como el próximo presidente.

De manera que el documento se leyó con atención. Y las críticas no tardaron en llegar. Los expertos tributaristas cuestionaron tanto la forma como el fondo de la propuesta impositiva, que va en sentido inverso a la reforma tributaria que desde hace tiempo se viene reclamando desde el sector privado.

Por caso, la propuesta de un nuevo impuesto nacional a las propiedades inmobiliarias fue cuestionada desde el punto legal, ya que estaría legitimando una triple imposición sobre un mismo bien, además de que supondría un desestímulo al ya deprimido sector de la construcción.

En síntesis, los especialistas creen que la intensificación de la presión impositiva no sólo perjudica al sector generador de riqueza del país, sino que hasta es dudoso si logrará una mejora significativa en términos de recaudación.

"La coyuntura actual muestra una alta y compleja carga fiscal. Las propuestas para crear nuevos impuestos y aumentar los ya existentes resultan el medicamento menos adecuado a las necesidades de mejorar la actividad económica para la creación de empleo", señaló de manera categórica César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.

En tanto, Daniel G. Pérez, titular del Estudio Pérez, Fiocco & Asociados, dejó un juicio lapidario: "El documento es un dislate tributario de magnitud".

Propiedades inmuebles, peligro de triple imposición

Una de las propuestas que más polvareda levantó refiere a la implementación de un impuesto de alcance nacional sobre la propiedad inmueble, articulado y coordinado con el inmobiliario provincial. Y los expertos ponen en duda que un tributo de este tipo pueda llegar a aplicarse efectivamente, tanto por motivos prácticos como por eventual imposibilidad legal.

Carlos Roca, CEO de Croca Consultores, advirtió a este medio que un impuesto nacional a las propiedades "quedará inoperante por pactos fiscales, por distribución de potestades tributarias en la Constitución Nacional y por la violación del principio tributario de la doble imposición".

Como antecedente fallido, vale tener presente el impuesto sobre la riqueza que el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli instrumentó en el 2007 en la Provincia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó su suspensión, basada en el principio de inconstitucionalidad de gravar la misma manifestación de capacidad contributiva que impuestos nacionales (Bienes Personales).

Por su parte, Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, destacó la superposición: "No sólo se encuentra alcanzado en Bienes Personales, sino con otro impuesto (impuesto nacional a la propiedad), además de que se debe tributar el impuesto inmobiliario provincial correspondiente".

"Es decir, pagar tres impuestos por la tenencia de un inmueble", alertó Domínguez.

"No hay margen para la creación de más impuestos. Los inmuebles ya tributan el inmobiliario provincial y el impuesto sobre los Bienes Personales. Todas estas propuestas tienden a ser confiscatorias y harán deprimir todavía más el castigado mercado inmobiliario", indicó Diego Fraga, socio del estudio RCTZZ.

Impuesto nacional a la herencia, el regreso

El documento elaborado por los técnicos del PJ también impulsa un Impuesto al Enriquecimiento Patrimonial a Título Gratuito a nivel nacional. Hoy por hoy, se encuentra vigente a nivel provincial únicamente en la Provincia de Buenos Aires, con escasos resultados positivos.

"La propuesta de crearlo a nivel nacional resulta contraria a la Ley de Coparticipación y totalmente incompatible con el Impuesto a los Bienes Personales, porque expone a una multiplicidad de gravámenes a un mismo patrimonio", advierte César Litvin.

En tanto, Sebastián Domínguez señala a este medio que "este tipo de medidas impactarán especialmente en la clase media, dado que las personas con grandes patrimonios podrán adoptar estructuras para evitar impuestos o disminuir su impacto, puesto que cuentan con el asesoramiento necesario y con el dinero para llevarlas adelante".

Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados, recordó que "el impuesto a la herencia ha fracasado en Entre Ríos y en la Provincia de Buenos Aires, ya que siempre se encuentran formas de eludirlo. Es potestad provincial; por lo tanto, sería inconstitucional la creación de un impuesto nacional a la herencia".

Suba en Bienes Personales, compraventa de dólares y renta financiera

Tal como anticipó hace semanas iProfesional, el documento programático entregado a Alberto Fernández incluye también otra propuesta consistente en la aplicación de impuestos extraordinarios por dos años, mediante:

- Una alícuota especial de Bienes Personales, a los activos reales y financieros radicados en el exterior. 

- A las utilidades del sector financiero, aplicable sobre la rentabilidad sobre los activos y sobre los fondos propios de cada entidad.

- A la compra venta de divisas.

Y, nuevamente, las críticas apuntan tanto a la dudosa legalidad de la propuesta como a las bajas expectativas de resultados desde el punto de vista de la recaudación fiscal.

"La aplicación de impuestos extraordinarios sobre Bienes Personales, además de no ser relevante desde el punto de vista de la recaudación, superará la frontera de confiscatoriedad establecido por la jurisprudencia actual", advierte Litvin.

En tanto, Diego Fraga, dejó en claro que "lamentablemente nuestra historia es bastante negativa en materia de impuestos extraordinarios, ya que siempre se transformaron en ordinarios".

Por otra parte, criticó la posibilidad de que nuevas cargas tributarias alcancen a aquellos que en su momento adhirieron al "blanqueo" de 2016.

"Respecto de la implementación de un impuesto progresivo sobre los bienes declarados en el sinceramiento fiscal; constituiría una grave violación de derechos adquiridos, una nueva ruptura del principio de confianza legítima y, en definitiva, de la seguridad jurídica", aseguró Fraga.

"Crear un impuesto a las utilidades de otros años del sector financiero también podría implicar la afectación retroactiva de derechos adquiridos, vulnerar la seguridad jurídica y, además, dicho gravamen se superpondría con muchos otros tributos que soportan estas entidades (a nivel nacional, federal y municipal). Así, podría acarrear también supuestos de confiscatoriedad", aventuró Fraga.

Por otra parte, Sebastián Domínguez considera un error pretender gravar con un impuesto -se entiende que sería Ganancias- a la compra-venta de divisas, hoy exenta para personas humanas.

"Una persona ahorra en dólares para protegerse de la inflación y los problemas económicos. Y cuando venda los dólares deberá pagar Ganancias, incluso sobre rentas nominales no ajustadas por inflación", alerta el experto.

"Otro impacto muy negativo sería gravar la renta financiera con una alícuota de hasta el 35% al eliminar el impuesto cedular del 15%. Los inversores -personas humanas- están en muchos casos pagando el impuesto del 15% sobre rentas que no son reales por el efecto de la inflación", agregó.

Lejos de aumentar la carga sobre estas rentas (intereses de plazos fijos y títulos públicos), Litvin asegura que "debe eliminarse el impuesto sobre estos conceptos por los magros resultados recaudatorios y los comprobados perjuicios que trajo aparejado".

"Todas estas medidas terminan recayendo en las Pymes y en la clase media, ya que quienes tienen un importante patrimonio encuentran la forma de defenderse en la justicia y de evitar el pago de estos impuestos", indicó Iván Sasovsky.

Impuesto al cheque, ¿peor el remedio que la enfermedad?

Daniel G. Pérez, titular del Estudio Pérez, Fiocco & Asociados, también hizo foco en otra de las polémicas propuestas: "Se propone sustituir el impuesto al cheque por un impuesto a las transacciones financieras de carácter progresivo".

"Esto es un dislate tributario. Es muy riesgoso generar progresividad en un típico impuesto de transacciones, a menos que la idea sea gravar adicionalmente rentas financieras. La teórica progresividad en los impuestos de transacciones son difíciles de medir y de aplicar. Aquí, lo que se quiere decir en realidad es que quieren hacer que tributen más impuestos las grandes transacciones bancarias, pero a través de un mecanismo complejo e ilógico", señaló el experto.

"El impuesto al cheque es uno de los peores tributos que se crearon a nivel federal y en los últimos años se trató de reducirlo a su mínima expresión. Debería tenderse a su total eliminación, no reemplazárselo por otro que siga complicando las transacciones y fomente la informalidad", explicó Diego Fraga.

El documento por dentro: propuestas impositivas

iProfesional accedió a un extenso documento que ya está en manos del candidato presidencial, Alberto Fernández. El paper de 118 carillas fue elaborado por múltiples equipos técnicos y reúne las distintas propuestas que podrían ser impulsadas, de asumir la presidencia, por el candidato del Frente Para Todos.

El documento abarca propuestas en materia de educación, salud, seguridad, trabajo e impuestos, entre otras áreas centrales.

A continuación, el texto completo:

Cambios impositivos

En primer término, y a modo de consejo de campaña, el documento elaborado por el Partido Justicialista establece que "la mejor contribución que pueden hacer los tributos a nuestra campaña es pasar desapercibidos. No ser mencionados, ni convertirse en tema".

"Después de cuatro años de Cambiemos, y en la actual coyuntura económica recesiva, todos los sectores tienen motivos para cuestionar la imposición sobre sus actividades y, por otro lado, nuestra historia ayuda poco en la materia", se sincera el documento.

Entre otras líneas de acción, el paper adelanta las siguientes medidas:

- No vamos a aumentar impuestos y sí vamos a redistribuir la carga tributaria, alivianando el peso que hoy tiene el sistema tributario sobre los sectores populares y la franja media, en especial PyMES, asalariados y autónomos, sin deteriorar las finanzas públicas.

- "Contractualizar" los beneficios y alivios tributarios que se otorgaron a las grandes empresas, manteniéndolos en la medida que se verifique el cumplimiento de objetivos de producción, inversión y empleo que se determinen a favor del crecimiento.

- Aplicación de impuestos extraordinarios por dos años: mediante una alícuota especial de Bienes Personales, a los activos reales y financieros radicados en el exterior; a las utilidades del sector financiero, aplicable sobre la rentabilidad sobre los activos (ROA) y sobre los fondos propios (ROE) de cada entidad; a la compra venta de divisas.

- Una mejora sustantiva en la lucha contra el fraude fiscal a partir de la inmediata coordinación de las administraciones tributarias del país, mediante la creación de la Red Federal de Administraciones Tributarias, la  internalización del control "ex ante" y la coordinación internacional mediante la adopción de las iniciativas BEPS.

- Ampliar la devolución del IVA a su máxima expresión: no tiene un costo fiscal significativo en el largo plazo en tanto se limite a los sectores con ingresos más bajos o con tope máximo de devolución.

- Redefinir la estructura de los impuestos internos para alcanzar efectivamente y de modo diferenciado a las manifestaciones de consumo suntuario y superfluo.

- Incorporar un impuesto sobre las transacciones financieras con tasas diferenciadas según los objetivos de política económica, que reemplace al actual "impuesto al cheque".

- Mejorar el gravamen sobre las rentas financieras para darle mayor progresividad al impuesto a las ganancias. No debe ser cedular: debe integrarse al resto de los ingresos computables.

- Redefinir el ajuste por inflación para evitar la multiplicación de quebrantos impositivos y la disminución de la recaudación en la Inspección de Personas Jurídicas.

- Crear un impuesto de alcance nacional sobre la propiedad inmueble, articulado y coordinado con el inmobiliario provincial.

- Recrear un Impuesto al Enriquecimiento Patrimonial a Título Gratuito (impuesto a la herencia nacional).

- Redefinir el sistema de incentivos fiscales mediante bonos de crédito fiscal administrados de forma centralizada.

- Armonizar los sistemas de retención y percepción en todo el país.

- Cumplir la manda VI de la CNA (Nueva Ley de Coparticipación Federal) basada en el principio de concurrencia fiscal.

De esta manera, se busca que al finalizar el mandato de Alberto Fernández se cumplan los siguientes objetivos:

- Situar la Presión Tributaria Total en 32% del PBI. Con 25 puntos en cabeza del Estado nacional y 7 entre provincias y municipios.

- Asegurar a las provincias y la CABA, en conjunto, recursos de origen nacional por todo concepto (automáticos y no automáticos) por no menos del 11% del PBI.

- Elevar la presencia de los tributos provenientes de rentas y patrimonios a no menos del 30% del total.

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