Cuando el domingo el presidente Alberto Fernández anticipó la aplicación un impuesto especial para quienes ingresaron al blanqueo de 2017 no faltaron  los veteranos y estudiosos de la historia económica que lo compararon con otras medidas del pasado.

Así, Marcelo Rodríguez, de MR Consultores, enumeró las tres siguientes:

-Bonos 9 de Julio de 1962, creados por el entonces ministro de Economía-  Álvaro Alsogaray.

-Ahorro forzoso del ministro radical Juan Sourrouille, en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonín. 

-Impuesto a las Altas Rentas de 1999, impulsado por el entonces ministro de Economía José Luis Machinea, al comienzo de la administración de Fernando De la Rúa.

En 1962, siendo presidente José María Guido, su ministro Alsogaray, lanzó el "Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio"; en 1987, 25 años después, durante la gestión de Alfonsín, el titular del Palacio de Hacienda, Sourrouille, en el marco del grave deterioro del inicialmente exitoso "Plan Austral", puso en marcha lo que se dio en llamar el "ahorro forzoso", y en 1999, implementado por Machinea, vino el "Impuesto a la Altas Rentas", coincidió el profesor de Historia Económica Argentina Fernando del Corro.

Esas tres medidas, en marcos políticos y sociales diferentes, tuvieron como hecho común que se vivían tiempos altamente inflacionarios y de déficits fiscales, algo que coincide con la realidad que viene viviendo el país en los últimos años pero, en este caso con un importante agregado que no es de carácter económico pero que influye gravemente en las cuentas públicas, en los bolsillos de la población y en un parate de la actividad productiva con importantes consecuencias a futuro: la pandemia del coronavirus, reconoció Del Corro.

"Es lógico que hagan un esfuerzo", manifestó Alberto Fernández, refiriéndose a los que ingresaron al blanqueo de 2017 quienes fueron "los que más han ganado o los que más se han beneficiado después de haber defraudado por lo pagar impuestos", aseguró.

El blanqueo implicó la legalización de u$s 116.800, u$s 93.300 de ellos en el exterior, y un ingreso fiscal de $ 148.000. Un gravamen adicional del 1% implicaría un recaudación fiscal de alrededor de $ 76.000 millones, calculan los expertos. 

Haciendo historia

Los bonos de Alsogaray se lanzaron por un total de $ 15.000 millones, cifra realmente importante si se consideran las sucesivas quitas de cero a la moneda nacional y a la pérdida de poder real de compra de la moneda estadounidense desde entonces que hoy es menor a la octava parte de entonces, recordó Del Corro. 

El empréstito tenía una tasa de interés de 7% anual y estaba previsto a un plazo de 25 años. 

No era sólo para que lo comprasen los ricos. También se lanzaron los "Certificados Fraccionarios" y los "Títulos Provisorios para pagar parte de los salarios de los empleados públicos y las jubilaciones. Cuasi monedas de entonces.

Los títulos se terminaron de cancelar en agosto de 1972.

El gobierno de Alfonsín había logrado en 1985 un importante éxito con el "Plan Austral" que incluyó un reemplazo de moneda. Sin embargo no siguió las pautas de sus ideólogos de cambiarlo en pocos meses. El enamoramiento hizo que las cosas volviesen a las andadas y así apareció el "Plan Primavera" que nada resolvió, indicó Del Corro. 

Entre las medidas anticrisis, mientras el presidente llamaba a un "pacto social" y el Banco Central de la República Argentina apeló a un cierre por unos días de las entidades financieras, se apeló a lo que se dio en llamar el "ahorro forzoso". 

No fue para los ricos ni para los que ocultaran ingresos sino que se quitó parte de los salarios considerados como medios o altos, a devolver tiempo después con el agregado de una baja tasa de interés que no cubrió las pérdidas generadas por la inflación.

Alsogaray, por entonces diputado nacional, expreso su disidencia, explicó Del Corro. 

El ex ministro del bono patriótico dijo al respecto: "no me gusta lo que piensan hacer, son recetas que ya fracasaron". 

Tampoco fue para los ricos solamente el plan de ajustes de Machinea que incluyó un incremento de entre el 0,5% y el 0,75% en el Impuesto sobre los Bienes Personales superiores a los $ 200.000 y a los que hayan ganado más de $ 120.000 en el último año. 

Sin embargo la recaudación apuntó, además, fuertemente al consumo que incluyó al de los más pobres. Así es como se sumaron cuatro puntos en los Impuestos Internos a la cerveza, a las gaseosas y al agua mineral, entre las bebidas y otros cuatro a la telefonía celular, entre otros muchos casos, como los aportes previsionales. 

Tampoco las cosas terminaron bien y De la Rúa un par de años más tarde renunció y se escapó en un helicóptero, enfatizó Del Corro.

La nueva ley para quienes ingresaron al blanqueo sería algo claramente diferente de los casos anteriores, puntualizó Del Corro, siempre que la necesidad de recaudar para el coronavirus no incluya a sectores más amplios y menos favorecidos.

La iniciativa del Gobierno fue anticipada por una propuesta de "empréstito forzoso" que presentó al Ministerio de Economía Ernesto Celdeiro, contador vinculado a núcleos de poder de la profesión que no coincidieron con su iniciativa, por lo que la elevó en soledad.

"Debería considerarse la aplicación de un nuevo ahorro obligatorio para los sectores de grandes niveles de rentas y patrimonios, y siempre que superen elevados parámetros fijados por la norma legal", dijo Celdeiro.

"Existe jurisprudencia por la cual si la obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado, justificado por el poder tributario que la Constitución Nacional otorga al Congreso, su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares", aseguró Celdeiro. 

"Y si se quiere tildar de confiscatorio, el sujeto pasivo debería demostrar en forma concreta y circunstanciada que en el caso se habría producido una absorción por parte del Estado de una parte sustancial de su renta o patrimonio, para lo cual a pauta tradicionalmente admitida por la Corte Suprema de Justicia que se consideraba razonable es de un 33%", precisó.

De esta manera, Celdeiro anticipó que la medida podría intentar ser llevada a los Tribunales por muchos contribuyentes, aunque la Corte Suprema, que se bajó los salarios 25% para donarlo al Hospital Muñiz por la pandemia, probablemente no sea tan receptiva para oponerse a un esfuerzo extraordinario por parte de los que más tienen.

Empréstito de Recuperación Nacional