Una de las últimas decisiones que tomó el renunciado titular de la ANSeS Alejandro Vanoli fue transferir $6.000 millones a la provincia de Buenos Aires que gobierna el kirchnerista Axel Kicillof, para el financiamiento de su caja de jubilaciones IPS (Instituto de Previsión Social).

Mediante un Convenio de Financiamiento firmado por Vanoli y Kicillof el 14 de abril pasado, la ANSeS se comprometió a transferir a la provincia de Buenos Aires $6000 millones antes de 7 días, o sea el 21 de abril, con destino a cubrir el déficit jubilatorio.

La provincia de Buenos Aires nunca quiso trasferir sus aportes del IPS al sistema Nacional, es decir a la ANSeS, por una buena razón: siempre tuvo superávit, comentó Federico Despoulis Netri, abogado especialista en seguridad social.

Sin embargo, en la última década esto dejó de ocurrir y el IPS empezó a sentir el rigor de un sistema que crece en pasivos y no así en activos, dijo Despoulis Netri.

El texto del Convenio de la ANSeS y Buenos Aires explica que "respecto del IPS, los últimos cuatro años modificaron la relación activo/pasivo, la cual disminuyó de 3,47 en 2015 a 2,57 en 2019, situación que provoca la necesidad de solicitar el financiamiento".

El FGS (Fondo de Garantía Sustentable) sigue teniendo un gran respaldo para absorber deudas de las provincias en materia no solo impositiva, sino también previsional, afirmó Despoulis Netri.

Pero lo mismo no ocurre con la provincia de Buenos Aires ya que su sistema previsional, aparentemente dejó de ser rentable y empieza su escalada deficitaria, algo preocupante para el gobernador Kicillof, agregó el especialista.

El Decreto 730/2018, de Mauricio Macri aprobó el régimen de asistencia financiera a las provincias que no fueron transferidas al sistema nacional de la ANSeS. Esta norma reglamentó un artículo de la Ley de Reparación Histórica que traía esta decisión de "darle plata a los gobernadores que se desfinancian", remarcó Despoulis Netri.

Ese Decreto aprobó el Régimen de Asistencia Financiera para las provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional y determinó que la ANSeS procedería a dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias correspondientes, con el objeto de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir y colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional.

A su vez, el artículo 27 de la Ley de Reparación Histórica consolidó uno de los aspectos acordados en el referido Consenso Fiscal de 1999, al instruir al Poder Ejecutivo a que, por medio del organismo pertinente, arribe a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales.

La Provincia nunca quiso ser parte del sistema nacional de la ANSeS también porque tiene beneficiarios que cobran de 70% a 82% de movilidad jubilatoria, algo que desaparecería a futuro si se hiciera la transferencia.

Polémica por los sistemas previsionales

"Es mucho mejor decir que un jubilado de la Provincia gana más que uno en Nación, pero ahora la ANSeS, es decir el jubilado nacional, debe ayudarlo, siendo esta una caja autónoma, que recauda para ella y que no transfiere aportes", opinó Despoulis Netri.

"Las provincias deberían revisar sus sistemas previsionales, y replantearse el tema de aportes y contribuciones a fin de ser sustentables, o transferirse definitivamente al sistema nacional", añadió el previsionalista.

"Pero esto llevara a un tremendo desfinanciamiento del sistema nacional que se hará cargo de todos los sistemas que den déficit, y seguramente cuando tenga que hacer el pago de sus haberes, deberá hacer magia o pedirles perdón a los beneficiarios por no haber administrado bien lo que cada ciudadano aporto a fin de obtener una buena jubilación", enfatizó Despoulis Netri.

Una carta enviada por el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo J. López a Vanoli desde La Plata el 8 de abril relata que sólo el subsistema docente, que representa el 52% de los beneficiarios del IPS y el 42% de los aportantes, tuvo en 2017 un déficit de $5668 millones, según una comparación respecto de lo que pasaría si la caja hubiera sido transferida que piden las normas.

El texto agrega que los restantes subsistemas son Administración Central (24% del total de pasivos), Municipios (21%) y Servicio Penitenciario (2,3%), y que la Provincia "se encuentra trabajando para recolectar información, partiendo de la base de que su cálculo no se realiza sobre los últimos 120 meses trabajados, sino sobre los tres mejores en su vida activa".

López también aclara que está pendiente enviar información de las Cajas del Banco Provincia, la más complicada, y de la Policía Provincial. Para los municipios, dice que los datos estarán concentrados en los 27 más grandes que representan el 75% del total.

Se trata de La Matanza, La Plata, General Pueyrredón, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Lanús, Florencio Varela, General San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Avellaneda, Malvinas Argentinas, Berazategui, Morón, Bahía Blanca, Esteban Echeverría, Pilar, San Isidro, Vicente López, José C. Paz, Escobar, Hurlingham e Ituzaingó.

De todos modos, la carta advierte que la emergencia por el coronavirus retardó la compilación de datos y compromete a la Provincia a enviar la información sobre el subsistema Administración Central antes del 31 de noviembre próximo y para los municipios antes del 31 de marzo de 2021.

Todo esto se ve reflejado aunque en términos más breves en el Convenio de Financiamiento con las firmas de Vanoli y Kicillof que destrabó los $6000 millones para la provincia de Buenos Aires.