La Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la dirección de Ricardo Nissen, amplía sus funciones a cuestiones ajenas a la formalidad de la inscripción o presentación de balances, y está denunciada por adoptar adopta decisiones que debería dejar a los jueces.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de casos que tenían a la IGJ como protagonista y en donde la misma, alegando supuestas "cuestiones de interés público", ordenó la fiscalización y ejercicio de funciones de vigilancia sobre diferentes sociedades.

De esta manera, dejó firme de hecho cuatro fallos de la Cámara Comercial contra la IGJ, en causas iniciadas por varias empresas que denunciaban al organismo por entender que se extralimita respecto de las funciones que le otorga la Ley de Sociedades Comerciales. Lo hizo bajo la figura del rechazo por cuestiones formales.

De qué se tratan las denuncias como la IGJ

Como la Corte rechazó los casos sin abrirlos, para entender la cuestión de fondo hay que remitirse a las consideraciones y fundamentos vertidos por la Cámara Comercial, explicó Francisco Álvarez, del estudio Allonca Abogados.

En tal sentido, la Cámara concluyó que la IGJ se extralimitó en las facultades que le otorga la Ley, que consisten en la fiscalización, y que se arrogó facultades que no le son propias como organismo administrativo, inclusive funciones jurisdiccionales (exclusivas de los jueces), indicó.

La Cámara afirma que la fiscalización de la IGJ se encuentra limitada al control de legalidad de los actos societarios y la función registral, no pudiendo ir más allá de estas cuestiones, porque para otras investigaciones ya existen organismos especializados y creados específicamente, consideró.

La Corte confirmó que la IGJ de Nissen se extralimita en sus funciones

Por ejemplo, en uno de los casos, la IGJ cuestiona el aumento de capital por compensación de créditos en sociedades de responsabilidad limitada (SRL), y el fallo indica que la ley de sociedades sólo permite la inspección del organismo administrativo en caso de sociedades anónimas, y no a los otros tipos societarios. En otra causa, la IGJ afectó a una SA en relación con sus órganos externos.

Cuáles son las funciones a que debe limitarse la IGJ para la Corte

En caso que la IGJ corrobore la existencia de afectaciones a cuestiones de interés público que excedan sus facultades, debe requerir la intervención del organismo del estado correspondiente y, eventualmente, del Poder Judicial para que intervenga al respecto, sostiene el fallo.

Para Álvarez, la Cámara deja asentada la existencia de límites para la facultad fiscalizadora de la Inspección General de Justicia y la existencia y acreditación del interés público que se vela proteger.

Tras las resoluciones de Cámara donde primeramente dejaba sin efecto la resolución administrativa de la IGJ y posteriormente rechazaba los recursos extraordinarios de la IGJ, este organismo se presentó en queja ante la Corte, y el Máximo Tribunal confirmó en los hechos lo resuelto por la Cámara, toda vez, que no se abocó a cuestiones de fondo, concluyó.