Milei y el lavado de dinero: una visión que puede atraer sanciones del FMI y encarecer el crédito

El presidente Javier Milei se mostró molesto con los controles sobre lavado de dinero y consideró que "corresponden a la Justicia y no a la economía". Los expertos anticipan que aflojar la vigilancia en esta materia puede provocar sanciones del FMI y otros organismos internacionales, llevar al aislamiento financiero y encarecer el crédito.

Milei deslizó que considera que el tema de lavado de dinero es "una cuestión de la Justicia, y no hay que mezclar el delito con la economía. No me importa en lo más mínimo de dónde se sacan los dólares: la Justicia se tiene que encargar de lo suyo".

"Me parece un horror que uno no pueda usar sus dólares libremente", sostuvo Milei e insistió en que, a nadie, en especial al Estado, debe importarle el origen.

Desde su punto de vista, "no hay que mezclar el delito con la economía. Queremos un sistema donde la gente sea libre de usar su dinero como mejor le parezca", remarcó.

No estaría en manos de Milei eliminar por decreto los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por ejemplo, porque tienen que presentar los sujetos obligados en la materia, por derivarse de una ley penal que tiene reserva del Congreso por la Constitución nacional.

Sin embargo, son muchas las medidas administrativas que la UIF puede adoptar para facilitar la circulación de dólares con menos controles referidos al control del lavado de dinero, del narcotráfico y el terrorismo.

Qué consecuencias tendría con el FMI y el crédito el mensaje de Javier Milei

Para Felicitas Argüello, socia especialista en derecho tributario y empresarial en el estudio Mayer Remiro Abogados, con cambios en la legislación sobre lavado de dinero se arriesga:

• Violar compromisos internacionales. GAFI y GAFILAT exigen mecanismos de prevención como los ROS. Eliminarlos implica incumplir estándares internacionales y puede llevar a aislamiento financiero y mayor costo del crédito internacional.
• Sanciones económicas de organismos institucionales y el país cae en desprestigio internacional. Pero, sobre todo, hay sensación de complicidad con el delito, el terrorismo y la corrupción.

"Eliminar los ROS implicaría una reforma legislativa y tendría como consecuencias dejar de pertenecer a los países del GAFI que cumplen con sus políticas, eventualmente podríamos quedar en la lista gris o negra de países incumplidores tales como Argelia, Costa de Marfil, Líbano, Angola", indica Sebastián Mancuso, del Grupo GNP.

"No veo viable este cambio de consideración respecto a las directrices del GAFI, ya que inclusive puede implicar restricciones a inversiones y financiamiento internacional tanto para el sector público como el privado", agrega.

Qué puede hacer Javier Milei por vía administrativa

Más allá de las implicaciones fiscales, en lo que toca a la materia del lavado de activos (LAyFT) y de los delitos tributarios, difícilmente pueda esperarse que, por vía de un decreto o reglamento, el Poder Ejecutivo modifique las leyes que tipifican y condenan a dichos delitos, explica Rocío Redondo, del estudio FABTAX, y precisa:

No podría esperarse que por una decisión administrativa el Poder Ejecutivo se inmiscuya en materias cuyo control es ejercido por el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación.

Sin embargo, lo que sí está al alcance del Poder Ejecutivo es instruir a sus órganos para que no ejecuten activamente ningún tipo de persecución de hechos y/o actos que toquen a esta materia.

Un antecedente de ello es cuando por vía de decreto se modificó la Ley 25.246 de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, a los efectos de quitarle a la UIF su rol de querellante en las causas donde se investigaban ese tipo de delitos.

Ahora bien, en cuanto atañe al ROS, puede esperarse que la UIF (órgano autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Justicia) emita resoluciones que modifiquen las reglamentaciones vigentes en cuanto a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Por ejemplo, puede excluir a ciertos agentes del deber de informar operaciones sospechosas, como a escribanos, abogados, corredores, contadores, martilleros u otros.

O bien, puede modificar los manuales de actuación de las entidades y/o empresas debían observar a los efectos de evaluar los antecedentes de personas o empresas cuyas operaciones son necesariamente testeadas en materia de ROS.

De esto hay antecedentes de resoluciones de la UIF de noviembre de 2024, excluyendo a concesionarias de autos (cuando había muchísimos sumarios administrativos en el fuero contencioso), empresas de caudales y casinos, concluyó Redondo.

Cuáles son las aristas legales de los cambios que quiere Javier Milei

Si bien los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son temas sobre los cuales debe trabajar la Justicia, dado que contienen características financieras, es importante que el sistema financiero participe alertando sobre los mismos (en la detección y más importante aún la prevención), explica Sebastián Mancuso, y añade que por eso existe la UIF.

Los tiempos judiciales son más largos y el ROS tiene una función preventiva y de contralor. Una de las funciones del Poder Ejecutivo es actuar como organismo de contralor, sostiene Argüello.

Si se aflojan los controles, se fomenta el delito económico con relación al lavado de activos de narcotráfico, corrupción, terrorismo, evasión, y se fomenta ingreso de capitales ilegales sin alertas ni control.

Milei aboga por una libertad absoluta para la circulación de divisas en la economía, y que el control de lavado de dinero sea cuestión de la Justicia, pero si el Estado renuncia a su rol de vigilancia, Argentina puede recibir sanciones de organismos internacionales, verse aislada del sistema financiero internacional y con el crédito más caro.