Sanciones de ARCA: proponen derogar la norma que prohíbe los pagos en efectivo de las facturas

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (PRO–Santa Fe), vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja y contadora pública especializada en finanzas públicas, presentó un proyecto de ley para derogar la Ley Antievasión que sanciona a quienes no bancarizan el pago de las facturas.

Qué propone el Congreso

"La ley fue sancionada en el año 2000 con la intención de combatir la evasión, pero no lo logró. En cambio, terminó castigando a quienes pagan impuestos y limitando la libertad de elegir cómo pagar", señaló Figueroa Casas.

El proyecto apunta a eliminar disposiciones que restringen los medios de pago y penalizan formalmente a quienes no utilizan ciertos instrumentos, incluso en operaciones legales, declaradas y tributadas.

Según la diputada, "se impone una sanción económica encubierta sin proceso previo ni instancia de defensa, algo que ya fue considerado inconstitucional por la Corte Suprema en el fallo Mera".

Entre los artículos de la ley que se proponen derogar se encuentra el régimen de uso obligatorio del cheque cancelatorio, virtualmente en desuso, así como normas que anulan deducciones o créditos fiscales cuando el pago no se realiza por transferencia bancaria o cheque.

"Hoy existen herramientas mucho más eficaces y modernas de control fiscal, como la facturación electrónica, la trazabilidad bancaria y los reportes automáticos de la UIF. No tiene sentido seguir sosteniendo trabas que solo suman burocracia, afectan la libertad de decidir cómo pagar y desalientan la formalidad", explicó la legisladora.

La iniciativa se inscribe en el proceso de revisión normativa iniciado por el Poder Ejecutivo a través del DNU 70/2023, que ya eliminó otros artículos de la misma ley.

"Este proyecto completa esa tarea, pero desde el Congreso. Necesitamos reglas más claras, modernas y proporcionales para un sistema tributario que sea aliado de la producción y no una trampa para el que cumple", concluyó.

El proyecto de ley fue acompañado con la firma de diputados del PRO, como Martín Yeza y Gerardo Milman; de aliados de Javier Milei, como Silvana Giudici, y de Encuentro Federal, como Ricardo López Murphy.

Qué es la Ley Antievasión

La Ley Antievasión estableció limitaciones a las transacciones en dinero en efectivo con el fin de combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Originalmente, esta ley prohibía el cómputo de operaciones superiores a $1.000 pagadas en efectivo. La sanción principal por incumplir esta norma era la imposibilidad de computar el crédito fiscal del IVA y de deducir el gasto en el Impuesto a las Ganancias para el contribuyente que realizaba el pago en efectivo.

En otras palabras, la operación no sería válida para fines fiscales, lo que implicaría un mayor costo impositivo para el contribuyente.

Es importante destacar que el límite de $1.000 fijado en el año 2000 nunca fue actualizado, lo que lo volvió completamente irrisorio con el paso del tiempo y la inflación.

Sin embargo, hubo un fallo importante de la Corte Suprema de Justicia en el caso Mera, en 2014, que declaró inconstitucionalidad la prohibición de la Ley Antievasión.

La Corte consideró que esta prohibición era irrazonable y que existía una colisión entre lo dispuesto esta norma y la que permite al contribuyente computar impositivamente los comprobantes siempre que pueda demostrar la veracidad de la operación, aunque no se hubieran utilizado los medios de pago dispuestos por la Ley Antievasión.

Qué dice ARCA de la bancarización

Si ARCA encuentra facturas que no están respaldadas por comprobantes bancarios, se abre una situación de potencial riesgo para el contribuyente, ya que el organismo presume una irregularidad. Si bien la jurisprudencia ha flexibilizado la prohibición de los pagos en efectivo, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente.

Aunque el fallo Mera de la Corte Suprema debilitó la aplicación automática de la sanción, ARCA puede intentar desconocer el crédito fiscal del IVA y/o la deducción del gasto en el Impuesto a las Ganancias si considera que la operación no está debidamente respaldada. Esto implica que el contribuyente deba pagar más impuestos.

Y, si la AFIP no acepta las pruebas presentadas, puede iniciar un proceso de Determinación de Oficio para ajustar la materia imponible del contribuyente y liquidar los impuestos adeudados, con sus respectivos intereses y multas.

ARCA puede aplicar multas por no cumplir con los requerimientos de información o por no llevar los registros de forma adecuada, independientemente de la validez de la operación.

Si considera que hubo una maniobra dolosa para evadir impuestos (por ejemplo, facturas apócrifas o gastos inexistentes), las multas pueden ser significativamente mayores (2 a 6 veces el monto del gravamen simulado) y, en casos de montos elevados, incluso dar lugar a denuncias penales por evasión fiscal.

Si los montos involucrados en la evasión superan los umbrales establecidos por la Ley Penal Tributaria, ARCA puede realizar una denuncia penal, lo que puede llevar a penas de prisión para los responsables. La ausencia de respaldo bancario es un indicio que puede fortalecer la hipótesis de evasión.

El proyecto de la diputada Figueroa Casas propone terminar con las prohibiciones de pago en efectivo de la Ley Antievasión y las sanciones que impone ARCA por no respaldar el pago de las facturas con comprobantes bancarios.