Dólares del colchón: por qué el proyecto del Gobierno es un blanqueo encubierto

Trascendió en los estudios de abogados y contadores un anteproyecto de ley para consolidar el plan del Gobierno sobre los dólares no declarados, y los expertos consideran que incluye una amnistía encubierta para la mayoría de los contribuyentes, al modificar de fondo el régimen penal tributario y facilitar las operaciones en efectivo.

El anteproyecto de ley introduce una profunda reforma estructural del Régimen Penal Tributario, con una actualización drástica de los montos punibles y una redefinición de la oportunidad fiscal penal, indican los abogados Gilberto Santamaría e Ignacio Santamaría, y precisan:

Esta reforma no se presenta aislada: debe leerse en articulación con el reciente blanqueo y las recientes medidas para dar una amnistía al llamado dólar colchón, es decir, el dinero en efectivo mantenido fuera del circuito bancario, usualmente en divisas extranjeras, oculto del fisco.

Esta sinergia normativa parece responder a una lógica común: desincentivar la penalización y fomentar la exteriorización, sin resignar herramientas de control fiscal.

Por qué es un blanqueo de facto

Se observa un corrimiento sustancial del umbral penal. Lo que antes era delito, hoy queda excluido del radar penal, provocando una virtual "amnistía de hecho" para evasores menores. Esto redefine el estándar de gravedad: solo se penalizarán conductas de gran escala. Los siguientes son los nuevos umbrales de punibilidad, enumaran los expertos del Estudio Santamaría:

• Evasión simple: pasa de $1.500.000 a $100 millones, con una suba de 6.566%.
• Evasión agravada: va de $15 millones a  $1.000 millones, con el mismo incremento.
• Apropiación indebida de tributos (para el caso de retenciones y percepciones): pasa de $1.000.000 $35 millones, con un aumento de 3.400%.
• Facturas apócrifas: se incrementa de $ 1.500.000 $ 100 millones, con una suba de 6.566%.

La elevación de umbrales tiene un efecto doble:

Formal: excluye del Régimen Penal Tributario a una gran mayoría de contribuyentes con montos inferiores a $100 millones en evasión.

Material: consolida la tesis de que el Estado prefiere recaudar antes que castigar, y apuesta a la cooperación antes que a la sanción penal.

Así, el "dólar colchón" encuentra un canal de salida por vía del blanqueo de facto, con un paraguas de protección penal asegurado por esta reforma. La propia estructura normativa orienta al contribuyente a exteriorizar voluntariamente, al eliminar incentivos al ocultamiento.

Cómo se refuerza la liberación de penalizaciones

Bajo la ley del blanqueo, quienes exteriorizaron activos no declarados —incluyendo dólares en efectivo— pudieron acceder a beneficios de liberación penal, civil y fiscal. La norma establece la extinción de acciones penales tributarias si se cumple con el proceso de regularización, explican los abogados del Estudio Santamaría, y comentan:

El presente anteproyecto refuerza esta lógica en varios puntos clave:

• ARCA no formulará denuncia penal si el contribuyente cancela los tributos evadidos antes de la denuncia, y si paga con un adicional del 50% dentro de los 30 días desde la imputación, se extingue la acción penal.
• Refuerza la dependencia entre la acción penal y la potestad determinativa de ARCA, alineándose con los plazos de prescripción tributaria. Si caduca la determinación, también caduca la acción penal.
• Quienes hayan adherido al blanqueo y cumplan con sus condiciones no podrán ser fiscalizados por períodos anteriores, lo que garantiza una suerte de blindaje retroactivo.

Por qué el proyecto incentivo el uso de dinero en efectivo

Las siguientes son las críticas que realizan los abogados del Estudio Santamaría al proyecto y sus consecuencias en lo Penal Tributario:

Pérdida de disuasión penal: la reforma erosiona el principio de ejemplaridad del derecho penal tributario. En lugar de mantener un umbral progresivo, el salto es tan amplio que crea una zona de impunidad intermedia.

Incoherencia entre justicia fiscal y penal: mientras se exige regularización al dólar informal, se le ofrece impunidad penal a través de esta reforma, debilitando la equidad vertical del sistema.

Riesgo de selectividad punitiva: al establecer montos tan altos, solo los grandes evasores institucionalizados podrían ser alcanzados, generando un sesgo regresivo.

Fomento implícito del uso de efectivo: al facilitar la salida del "dólar colchón" sin consecuencias penales ni riesgos reales, se desincentiva el uso del sistema financiero.

Cómo se reduce la prescripción penal

El anteproyecto de reforma introduce un cambio estructural al condicionar la acción penal tributaria a la prescripción administrativa, ya que establece que la acción penal no podrá proseguirse si ya han prescripto las facultades de ARCA para determinar el tributo, sostienen los abogados, y consideran:

Este giro normativo, si bien no modifica directamente el Código Penal, acorta de hecho el plazo de punibilidad: en los casos de contribuyentes cumplidores con diferencias no significativas, la prescripción puede operar a los 3 años.

La reforma no reduce expresamente el plazo penal, pero al vincularlo al vencimiento del poder fiscal de determinación, genera una vía de extinción anticipada de procesos penales tributarios. Se consolida así un régimen que privilegia la regularización y el cumplimiento espontáneo por sobre la persecución punitiva.

En resumen, este anteproyecto configura una amnistía penal tributaria encubierta, especialmente funcional al proceso de exteriorización del dólar informal. La estrategia legislativa apunta a limpiar el stock de informalidad sin penalidades, bajo la premisa de que es mejor formalizar que castigar. Si no se complementa con un rediseño del sistema de fiscalización ex post y con mecanismos de trazabilidad, el mensaje subyacente será: "evadir no solo no es penalmente peligroso, sino que puede ser rentable", concluyen.