FALLO

¿Oficinas para todos?: la épica batalla del gas, las ventanillas y la burocracia bienintencionada

Naturgy Ban S.A., cuestionó la ley bonaerense que le exigía instalar oficinas de atención al usuario en cada ciudad cabecera de los municipios donde opera
Por iProfesional
IMPUESTOS - 18 de Julio, 2025

Hay batallas judiciales que definen el rumbo de la república. Y otras, que definen si una empresa de gas tiene que poner una oficina en San Antonio de Areco para que Doña Rosa pueda quejarse en persona por la baja presión del calefón.

Esta es de las segundas. Aunque, cuidado: la Corte Suprema le dio entrada por su competencia originaria. Porque cuando la burocracia local amenaza la regulación federal, la toga tiembla.

El caso: Naturgy vs. las oficinas multicolor

Naturgy Ban S.A., concesionaria del servicio de distribución de gas natural en parte de la provincia de Buenos Aires, se levantó un día y descubrió que la ley bonaerense 14.692 le exigía instalar oficinas de atención al usuario en cada ciudad cabecera de los municipios donde opera. Nada de call centers, nada de formularios web. Ventanilla presencial y horario pegado en la factura. ¿Resultado? 14 nuevas oficinas, además de las 16 que ya tiene. ¿Un poco mucho para un siglo que ya inventó Internet?

La empresa dijo "hasta acá llegamos" y presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad directamente ante la Corte Suprema. El argumento: el gas es un servicio público regulado por la Nación. No podés venir desde La Plata a meterle condiciones nuevas a una concesión que fue armada —papelito mediante— por el Congreso y ENARGAS.

Además, Naturgy subrayó lo obvio: si el 80% de los reclamos ya se hacen por medios digitales, ¿a quién se le ocurre pedir más oficinas físicas justo cuando todos los organismos estatales promueven la "despapelización"?

Los argumentos: de la supremacía constitucional al sentido común perdido

Naturgy invocó el artículo 31 de la Constitución Nacional —sí, ese que dice que las normas nacionales están por encima de las locales— y una lista extensa de normas federales que regulan el servicio de gas. También señaló que esto no es una inocente medida pro-usuario: implica costos nuevos, no previstos, y un riesgo cierto de sanciones de los municipios si no cumple.

Y ya que estamos, dijeron los abogados: si esto se enmarca en la protección del consumidor, también es inválido, porque los códigos de fondo son materia del Congreso. Boom. El combo completo.

La Corte: sí, vamos a mirar el caso... pero por ahora, no molestes

Por mayoría, la Corte —con los votos de Rosatti, Maqueda, Borinsky y Alcalá— dijo que el caso sí es de su competencia originaria, porque hay una provincia como parte y se debate una cuestión federal. Primer gol para Naturgy.

Pero... le rechazaron la medida cautelar. Es decir, por ahora la ley provincial sigue viva y coleando, con sus oficinas y carteles informativos. Según el tribunal, no está demostrado que esto cause un daño irreparable. Y como en tres años solo un puñado de municipios se animaron a exigir la ley, el "peligro inminente" suena más a predicción apocalíptica que a urgencia real.

En resumen: "Te entendemos, Naturgy, pero seguí participando."

La disidencia: ¿a quién demandaste, exactamente?

Rosenkrantz y Lorenzetti dijeron que todo esto ni siquiera debía tratarse en la Corte. ¿La razón? La norma es provincial, sí, pero la que te está mandando cartas documento es la municipalidad. Y la provincia ni siquiera designó una autoridad de aplicación. Es decir, la ley está, pero duerme la siesta desde 2015.

Para ellos, el pleito era con los municipios y debía ventilarse en los tribunales ordinarios. Que Naturgy se haya salteado esa parte, les pareció, cuanto menos, creativo.

Reflexión final: ¿armonización federal? 

Lo cierto es que este fallo, más allá de su objeto algo pintoresco, pone en evidencia un tema que ya no podemos seguir barriendo debajo de la alfombra: la descoordinación normativa entre niveles de gobierno.

Porque sí, cada vez que una provincia legisla sin mirar el mapa regulatorio nacional, nace un nuevo Frankenstein burocrático. Y cada vez que una empresa necesita tres abogados para entender si puede poner un escritorio en Merlo, la seguridad jurídica se derrite como caño de gas al sol.

La Corte aún no dijo si la ley es válida o no. Pero mientras tanto, la moral de la historia es clara: en Argentina, el federalismo es como el gas... invisible, pero cuando se acumula mal, explota.

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