Multas y disolución: las penas máximas del nuevo Código Penal para las empresas por delitos económicos

El proyecto de modificación del Código Penal del gobierno introduce varios cambios que impactan directamente en las personas jurídicas, principalmente en lo relativo a su responsabilidad penal y a los delitos económicos y tecnológicos.

Los principales puntos del proyecto de Código Penal que afectan a las empresas son los siguientes:

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

El proyecto busca integrar y ampliar el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que ya existe en la Ley 27.401, lo que implica la ampliación del catálogo de delitos.

Se busca tipificar en el Código Penal la totalidad de los delitos, incluyendo muchos que hoy están en leyes especiales (delitos tributarios, aduaneros, entre otros). Esto amplía el rango de conductas por las cuales una empresa puede ser penalmente responsable como lo que sigue:

Sanciones más severas y diversas: se prevé la ampliación de las sanciones aplicables a las empresas, incluyendo:

• Multas más altas.
• Suspensión o clausura total o parcial de actividades.
• Disolución de la persona jurídica.

Decomiso Ampliado: extinción de dominio anticipada de bienes obtenidos ilícitamente.

Mayor énfasis en Compliance: aunque la exención o atenuación de pena por contar con un Programa de Integridad (Compliance) ya está en la Ley 27.401, la integración de la normativa y el endurecimiento de penas hacen que la implementación efectiva de estos programas sea aún más crítica para las empresas.

Delitos Económicos y Contra la Propiedad

Se establecen o agravan figuras que afectan la operatoria y el patrimonio empresarial:

Delitos patrimoniales agravados: se observa un agravamiento generalizado de penas para delitos.

Estafas: la estafa simple escalaría hasta 8 años de prisión más multa, afectando directamente a fraudes empresariales.

Usurpación: la pena máxima se elevaría a 10 años.

Robo de bienes de los servicios públicos: se agravan los robos que recaigan sobre cables, cañerías, cobre y metales no ferrosos destinados a servicios públicos. Si esto resulta en la interrupción de un servicio público, la pena mínima se eleva a 6 años.

Delitos informáticos y de nuevas tecnologías

El proyecto incluye un capítulo específico sobre delitos informáticos para abordar las nuevas modalidades, lo que es crucial para la ciberseguridad empresarial:

Suplantación de identidad digital y deepfakes: se busca sancionar la suplantación de identidad, especialmente aquella cometida mediante tecnologías como "deepfakes" (videos e imágenes manipuladas con IA) y "deep voice". Estos son mencionados como herramientas adecuadas para cometer estafas, obtener dinero o acceder a datos confidenciales de empresas.

Manipulación algorítmica y datos falsos: se incorpora el castigo a la manipulación algorítmica y la creación o alteración de datos, imágenes o audios para fines ilícitos. Si el foco inicial puede ser electoral, tiene implicaciones generales.

Lucha contra la corrupción y crimen organizado

Aunque apunta a funcionarios, el agravamiento impacta a las empresas que interactúan con el sector público:

Corrupción pública: se aumenta drásticamente la pena para el cohecho (soborno), elevándose a un rango de 3 a 10 años, con un tercio adicional en contrataciones.

Decomiso y extinción de dominio: se perfeccionan los procedimientos de decomiso y extinción de dominio, lo que permite la pérdida definitiva de bienes obtenidos ilícitamente, afectando a la estructura financiera del crimen organizado y la corrupción que pueda vincularse a empresas.

El proyecto busca reunir en un solo cuerpo la totalidad de los delitos penales. El impacto final dependerá del articulado definitivo y de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, que actúa como normativa complementaria.