Caso Manaos: de una condena laboral por $800 millones a una batalla final en la Corte Suprema
Recientemente, la justicia de Mendoza ratificó una condena contra Refres Now S.A. (la empresa detrás de Manaos) que, tras el cálculo de intereses actualizados a febrero de 2026, ronda los $807 millones. Ante esto, la compañía presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el pago.
El fallo reaviva el debate por la reforma laboral, que busca bajar la litigiosidad por los despidos y volver previsibles las indemnizaciones para los empresarios.
Qué dice el fallo contra Manaos
El fallo de la Suprema Corte de Mendoza que reguló la indemnización laboral contra Manaos, bajando el monto de $1.500 millones gracias a una disminución del cálculo de intereses, de todos modos, convalidó las siguientes cifras:
Capital del monto de indemnización: $223.419.076.
Intereses judiciales: $584.257.217.
Total de condena: $807.676.293.
Además, la Corte mendocina rechazó el pedido de la empresa de pagar en cuotas, ordenando el depósito total en un plazo de 5 días.
Qué respondió el presidente de Manaos
Orlando Canido, presidente de Manaos y fundador de la marca, fue muy crítico con el fallo, calificándolo de "insólito y absolutamente fuera de contexto".
Afirmó no comprender el cálculo matemático detrás de la cifra: "No sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras". Argumentó que el empleado trabajó unos 6 o 7 años y que la indemnización resulta desproporcionada para ese periodo.
Señaló que actualmente muchos empleados ven en el juicio laboral una oportunidad de "ganar plata sin trabajar" y que apenas cumplen un año de antigüedad buscan cualquier motivo para considerarse despedidos y "sacar el mejor provecho".
Advirtió que, con fallos de esta magnitud, "así nadie va a contratar a nadie, abultando el debate por la reforma laboral que analiza el Congreso.
Qué dirá la empresa ante la Corte Suprema
En sus presentaciones (primero ante la Corte de Mendoza y luego preparando el terreno para la Corte Suprema de la Nación), la defensa de Manaos sostuvo:
Falta de "hiposuficiencia": la empresa argumentó que el demandante no era un trabajador vulnerable o "necesitado", sino un empresario dueño de una cadena de supermercados ("La Yunta"), por lo que no debería recibir la protección tutelar clásica del derecho laboral.
Inexistencia de fraude: negaron que hubiera una "relación de dependencia encubierta". Sostuvieron la validez de un acuerdo previo ante el SECLO en 2018, alegando que tenía fuerza de "cosa juzgada" y que no hubo vicios en la voluntad del trabajador al firmarlo.
Encuadre laboral: cuestionaron que se lo categorizara como "Viajante de Comercio", defendiendo que, en todo caso, correspondía el convenio de "Aguas y Gaseosas".
Intereses confiscatorios: impugnaron el cálculo de intereses por considerarlos desproporcionados. Lograron que la Corte de Mendoza redujera la cifra original (que era de $1.500 millones) al aplicar una tasa de préstamos del Banco Nación en lugar de índices de capitalización más agresivos.
En tanto, la empresa prepara un recurso extraordinario ante la Corte nacional, alegando que el fallo vulnera garantías constitucionales (derecho de propiedad) y le provoca un "gravamen irreparable" al poner en riesgo la estabilidad financiera de la firma.