La presión fiscal trepa al 62,5% y el Estado absorbe casi dos tercios de la renta agrícola
La participación del Estado sobre la renta del campo registró un nuevo incremento y se ubicó en 62,5%. La cifra, correspondiente al tercer mes de 2026 de acuerdo con el último relevamiento de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), implica una suba de 6,1 puntos frente a diciembre y expone un escenario más exigente para el sector.
El indicador sintetiza el peso combinado de tributos nacionales, provinciales y municipales, en un contexto en el que producir resulta cada vez más costoso.
Un escenario internacional que encarece los insumos
Uno de los factores clave detrás de este deterioro es la situación global. Las tensiones en Medio Oriente, particularmente en el estrecho de Ormuz, impactaron en los precios de insumos estratégicos para el agro.
El aumento de la urea y del combustible se trasladó rápidamente a los costos productivos. Según detalló este lunes la Sociedad Rural Argentina (SRA), el precio de este fertilizante nitrogenado avanzó 42%, al escalar de 530 a 750 dólares por tonelada. Al mismo tiempo, el precio del gasoil registró un alza del 22% entre fines de febrero y la tercera semana de marzo, al subir de $1.775 a $2.166 por litro.
Menor rentabilidad, mayor peso de los impuestos
El resultado de esta combinación es claro: una renta más ajustada sobre la que recae una carga tributaria creciente.
Desde FADA aseveran que "esta edición está, más que nunca, marcada por la coyuntura nacional e internacional: suba de costos como el combustible que impacta en los fletes, actualizaciones de impuestos provinciales y baja rentabilidad".
Traducido a números concretos, por cada $100 generados en el campo, $62,5 se destinan a obligaciones impositivas.
Brechas entre provincias
El peso fiscal no es uniforme en todo el país. Entre Ríos lidera el ranking con 67,6%, mientras que otras provincias muestran niveles también elevados:
- Córdoba (60,2%)
- Buenos Aires (60,4%)
- La Pampa (60,4%)
- Santa Fe (57%)
- San Luis (55,7%)
Cabe recordar que el índice había marcado 56,3% en diciembre, tras una baja vinculada a la reducción de retenciones dispuesta previamente por el Gobierno.
El doble efecto: costos en alza y tributos actualizados
Desde FADA explican que el salto del indicador responde a dos fuerzas simultáneas: por un lado, el encarecimiento de los insumos reduce los márgenes; por otro, las actualizaciones impositivas de comienzos de año incrementan la carga efectiva.
En ese marco, los tributos provinciales y municipales ganaron protagonismo: pasaron de representar el 6,4% a fines de 2025 a cerca del 10% en el inicio de 2026. En promedio, el tributo inmobiliario rural subió un 79%, en tanto que las tasas locales aumentaron alrededor del 32%.
Cultivos bajo presión: el trigo, en zona crítica
El análisis por actividad revela que la situación es heterogénea, aunque con una tendencia general a la baja en la rentabilidad.
- En soja, el Estado capta el 61,6% de la renta
- Maíz: el 56,8%;
- Girasol: el 80,3%
Pese a ello, el caso más complejo es el del trigo, donde la carga fiscal supera incluso la renta generada: 10,4%. En otras palabras, la presión fiscal excede los ingresos generados, dejando un resultado insuficiente incluso para pagar impuestos.
Este cultivo, altamente dependiente de la fertilización, es uno de los más afectados por la suba de la urea, cuyo precio se disparó en los últimos meses en línea con las tensiones internacionales.
Logística e insumos, otro frente de aumento
A los fertilizantes se suman otros costos que presionan sobre la actividad. Las tareas agrícolas subieron 33% desde diciembre, superando ampliamente la inflación prevista para ese período (8,6%).
El transporte también se encareció: los fletes aumentaron 8,4% en pesos y 12% en dólares, impulsados por el gasoil. Este impacto es mayor en zonas alejadas de los puertos.
El deterioro también se observa en la capacidad de compra de insumos. Actualmente, se necesitan 3,9 toneladas de maíz o 3,8 de trigo para adquirir una tonelada de urea, una relación menos conveniente que la registrada un año atrás. Este indicador resume el desafío que enfrenta el sector: costos crecientes, presión fiscal elevada y una rentabilidad cada vez más ajustada.