La estrategia oficial para desplazar a los jueces del Trabajo de las causas contra la reforma laboral

Si bien un juez laboral decretó la traba de 83 artículos de la reforma laboral, no se trata de una sentencia definitiva y, además, existe un pedido de inhibitoria de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que los tribunales del Trabajo dejen de entender en este tipo de causas, lo que pone el tema en situación de "escándalo jurídico".

Cuando se plantea un "escándalo jurídico" en una causa, por "contienda negativa to de competencia" en una causa, la Corte Suprema de Justicia debe definir a que fuero le compete fallar en la misma.

Cuál es la estrategia oficial sobre el fallo para la CGT

"La resolución a favor de la CGT que suspende 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral tiene carácter provisional, no es una sentencia definitiva", afirman desde el estudio PASBBA.

"El Estado nacional puede apelarla ante la Cámara del Trabajo, lo que podría modificar el escenario. A su vez, ha planteado ante otro tribunal que este tipo de causa no debería tramitar en el fuero laboral. Esto, de prosperar, podría alterar la continuidad del proceso. Por eso, el panorama normativo permanece abierto e incierto", sostienen los abogados.

"La resolución es apelable y, al mismo tiempo, es posible que se suscite un conflicto positivo de competencia en virtud de otras causas que están tramitando ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, lo que podría modificar este complejo tablero de discusiones judiciales sobre la validez de la reforma", señala Guillermo Osorio, del Estudio Marval.

Cómo se llegó a "escándalo jurídico" en la reforma laboral

Todo empezó con un pedido de amparo del gremio de los trabajadores judiciales, en la que el juez loboral Herman Mendel y José Sudera aceptaron la posición obrera contra el traspaso de la transferencia de los tribunales del Trabajo nacionales a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires..

Frente a este fallo, el Gobierno pidió al fuero Contencioso Administrativo una "inhibitoria", para obligar a la Justicia laboral a dejar de dictar cautelares contra la reforma laboral.

El 23 de marzo, el juez Enrique Alonso Rueguera dictó un fallo clave que marcó el comienzo de la "guerra de fueros".

El fallo de Alonso Reguera hizo lugar al pedido del Gobierno nacional para que la Justicia laboral deje de intervenir en las causas que cuestionan cláusulas de la Ley de Modernización Laboral que no hacen a derechos individuales de trabajadores concretos.

Cuáles son los puntos centrales de la inhibitoria

El juez sostuvo que la Ley de Modernización Laboral y el traspaso de los tribunales a CABA son actos de derecho administrativo y federal. Por lo tanto, no se trata de un conflicto entre un empleado y un empleador (competencia laboral), sino de una impugnación a una política de Estado y a la organización del Poder Judicial.

Mediante la figura jurídica de la "inhibitoria", Alonso Reguera ordenó al juez Mendel que se abstengan de seguir conociendo en el amparo presentados por la UEJN, y que remitan el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal.

El argumento del Estado, validado por Alonso Reguera, es que no pueden existir fallos contradictorios en distintos fueros sobre una misma ley nacional. Al ser una norma que afecta la estructura del Estado, el fuero "natural" para resolverlo es el Contencioso Administrativo.

El fallo señala que la intervención de la justicia laboral en temas de organización judicial (como el traspaso a CABA) invade facultades propias del Congreso y el Ejecutivo, lo que justifica el desplazamiento de la competencia.

Qué juez rechazó a la CGT antes del último fallo

El pasado lunes 30, el Juzgado Nacional del Trabajo 63 hizo lugar a una medida cautelar promovida por la CGT pidiendo la suspensión de 83 de artículos de la Ley de Modernización Laboral.

La medida judicial, según el juez, alcanza a todos los trabajadores y empleadores bajo la Ley de Contrato de Trabajo.

Sin embargo, este fallo choca con otro fallo en contra de la CGT, que del mismo modo ahora está a estudio de la Cámara del Trabajo y en el marco del "escándalo jurídico" con el fuero Contencioso Administrativo Federal.

En la causa "CGT c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de Amparo", el Juzgado Nacional del Trabajo 69, a cargo del juez José Alejandro Sudera, fallo contra la central obrera y rechazó suspender la aplicación de toda la reforma laboral.

Un dato importante es que Sudera también es integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala II), pero en esta resolución actuó en carácter de juez subrogante de primera instancia.

Cuáles fueron los argumentos contra la CGT

Los puntos centrales del rechazo de Sudera a la medida cautelar de la CGT son los siguientes:

Presunción de legitimidad: el juez sostuvo que las leyes emanadas del Congreso gozan de una presunción de constitucionalidad. Para frenar una ley completa de manera preventiva, se requiere una evidencia de ilegalidad mucho más contundente que la presentada por la CGT en esta etapa inicial.

Falta de caso concreto: el juez indicó que la CGT planteó una impugnación general y abstracta de toda la ley, cuando la justicia suele intervenir sobre puntos específicos donde se demuestre un perjuicio real y actual.

Ante este fallo, la CGT corrigió el pedido y pidió la inconstitucionalidad de 83 artículos concretos, que invalidan prácticamente toda la reforma de institutos laborales. Pero hasta ahora solo consiguió un fallo de primera instancia, y hay que ver qué dicen las cámaras del Trabajo y del fuero en lo Contencioso Administrativo