Kicillof impulsa una "contrarreforma laboral" para regular a las apps de reparto y frustrar la ley libertaria

En una clara respuesta a la desregulación laboral promovida por el Gobierno, el gobernador bonaerense Axel Kicillof enviará a la Legislatura un proyecto de ley para crear un registro obligatorio de repartidores y garantizar "trabajo decente" en las plataformas de reparto.

Mientras el presidente Javier Milei apuesta por la libertad de empresa y la figura del "repartidor independiente", Axel Kicillof ultima detalles para presentar una ambiciosa ley de "contrarreforma laboral" que busca encuadrar a plataformas como Pedidos Ya, Rappi y Mercado Libre bajo un estricto control estatal.

En qué consiste la contrarreforma laboral de Kicillof

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo conducido por Walter Correa, tiene como eje central la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para los trabajadores del sector. Según explicaron desde la cartera laboral, el objetivo es aplicar el poder de control del Estado para garantizar condiciones de seguridad, salud y transparencia.

El proyecto bonaerense se distancia drásticamente de la reforma nacional. Mientras que el modelo de Milei delega en el trabajador la responsabilidad de su propia seguridad social y tributaria, la propuesta de Kicillof obliga a las empresas a hacerse cargo de costos críticos.

Uno de los puntos más sensibles es la obligatoriedad de un seguro de accidentes a exclusivo cargo de las plataformas, que deberá cubrir muerte accidental, invalidez y asistencia médica durante toda la jornada y los trayectos.

Además, se exigirá a las empresas informar datos sensibles sobre ingresos medios y horas trabajadas para fiscalizar la actividad.

Cuáles son los puntos clave del proyecto

La normativa propuesta por la provincia se articula sobre una infraestructura digital y física:

App propia y Registro: se creará una aplicación móvil (vinculada a Cuenta DNI) para que los repartidores se registren y accedan a beneficios.

Seguridad y Emergencias: la app incluirá botones de pánico y emergencia médica para asistencia inmediata en la vía pública.

Infraestructura física: las empresas deberán instalar "paradores" con condiciones de higiene, agua potable y resguardo para las herramientas de trabajo.

Control de "Tiendas Invisibles": se fortalecerán las inspecciones en centros de almacenamiento (dark stores) para asegurar condiciones dignas de trabajo.

Mesa Interministerial: el Ministerio de Trabajo coordinará con Salud, Seguridad y Transporte para ajustar las políticas a las necesidades del sector.

Cómo se apoya la propuesta en el debate en OIT

La propuesta bonaerense busca legitimarse en los debates que actualmente se dan en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Bajo el concepto de "trabajo decente", Europa avanza hacia la relación de dependencia absoluta, mientras que en la región se acepta la desregulación por ver en estas tareas una solución a la desocupación.

Para la OIT, el trabajo decente implica el respeto a los derechos fundamentales y el acceso a la seguridad social.

Laura Giménez, representante empresaria argentina ante la OIT, advirtió recientemente sobre la falta de consenso global, señalando que "no se puede regular a todas las plataformas por igual". Sin embargo, el gobierno de Kicillof parece decidido a marcar un piso de protección social que hoy el marco nacional considera opcional.

En qué choca la reforma de Kicillof con la del Gobierno

La diferencia de visión es total. La reforma impulsada por Milei exige a las plataformas apenas seis puntos básicos, centrados en la libertad de conexión, el derecho a rechazar pedidos y canales de quejas digitales. En ese esquema, el repartidor es un actor autónomo que debe gestionar sus propios aportes y cobertura de salud.

Las únicas obligaciones de las plataformas en la reforma laboral de Milei son las siguientes:

1. Brindar a los repartidores independientes la información necesaria a efectos que pueda aceptar o rechazar la entrega requerido por un usuario.
2. Respetar la libertad de conexión del repartidor independiente.
3. Ofrecer información vinculada a la normativa en seguridad vial y a la prestación del servicio.
4. Facilitar el acceso a los elementos de seguridad vial aplicables según el tipo de vehículo.
5. Contar con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos.
6. Arbitrar los medios para que los repartidores independientes tengan instancias de atención a través de operadores y/o recepcionistas, en la cual puedan obtener justificaciones respecto a las decisiones que afecten su operatoria con las plataformas.

En cambio, el repartidor queda a cargo de su propia seguridad y bienestar ya que está obligado a lo que sigue:

• Estar inscripto debidamente ante las autoridades fiscales correspondientes y cumplir con todas sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
• Hacer los pagos de los aportes respectivos a través de lo que tendrán acceso a todas las prestaciones sociales y un seguro de salud.

Con este movimiento de Kicillof, la batalla de modelos económicos entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires suma un nuevo capítulo, esta vez en el terreno de las plataformas de reparto.