La Corte bonaerense obliga al Estado a pagar salario a una indigente porque la AUH no le alcanza

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires condenó al Estado provincial a pagar un salario mínimo vital y móvil a una mujer porque la AUH no le alcanza para salir de la indigencia.

En el fallo "Velázquez Ovelar, Elvira contra Provincia de Buenos Aires", la Suprema Corte bonaerense ratificó así una condena excepcional contra el Estado, reconociendo que la solución es "heterodoxa". Afirma que el Estado tiene obligación de asegurar una "vida digna" a los ciudadanos.

Caso en el que la provincia deberá pagar un salario

La señora Elvira Velázquez Ovelar promovió una acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires solicitando el reconocimiento de su derecho a una vida digna.

Su situación, calificada como de "extrema pobreza" e indigencia, se agravaba por ser el único sostén de su hogar y tener a cargo a cuatro hijos, tres de los cuales padecen una discapacidad severa.

La actora trabajaba de manera inestable como empleada doméstica y, aunque percibía la Asignación Universal por Hijo (AUH), se demostró que este beneficio era insuficiente para cubrir las necesidades básicas de supervivencia de su familia.

Cómo se decidió el pago de un salario mínimo

La Justicia de primera instancia, decisión que luego fue confirmada por la Cámara de Apelación y finalmente por la Suprema Corte, hizo lugar a la demanda y condenó a la Provincia de Buenos Aires a lo siguiente:

• Reconocer a favor de la demandante el pago mensual de una prestación social equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.
• Dicha prestación tiene como fin específico satisfacer las necesidades de supervivencia de su familia.
• El pago debe mantenerse efectivo mientras no varíen las circunstancias fácticas de indigencia y vulnerabilidad del caso.

De todos modos, el fallo deja abierta la posibilidad de que el Estado provincial, en un futuro y mediante la vía correspondiente, solicite sustituir esta prestación por alguna otra prevista en la normativa local, siempre que garantice el mismo nivel de protección y defensa de los derechos de la familia.

Cuál fue el fundamentos de los jueces de la Corte

Los magistrados destacaron que, si bien el uso del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es un nomenclador propio de las relaciones laborales del derecho común y resulta una medida "heterodoxa" para una prestación social, su otorgamiento se justifica por lo siguiente:

Incumplimiento estatal: el Estado provincial no acreditó haber intentado dar cobertura a la familia a través de los medios ordinarios previstos en su normativa, dejando a la actora en el desamparo.

Garantía constitucional: el SMVM es un índice previsto para garantizar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, en este caso, funciona como un estándar para asegurar el derecho a la vida y la dignidad.

Interés superior del niño: ante la omisión material de la Administración Pública en implementar políticas efectivas, los jueces tienen el deber de actuar medidas positivas para proteger a menores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

La Fiscalía de Estado habría apleado la sentencia alegando una "indebida intromisión" del Poder Judicial en las políticas públicas y una violación a la división de poderes.

Sin embargo, la Suprema Corte rechazó el recurso por insuficiencia técnica, señalando que la Provincia no logró rebatir los fundamentos centrales del fallo ni demostró que los beneficios actuales (como la AUH) fueran suficientes para sacar a la familia de la indigencia.

Este histórico fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires establece la obligación del Estado de asegurar una vida digna y fija el pago de un salario mínimo vital y móvil a una mujer que cobra la AUH pero no puede salir de la indigencia con ese beneficio.