Uber en peligro: un sorpresivo fallo impone nuevas reglas a los choferes de plataformas en CABA

La Justicia porteña resolvió un litigio histórico entre los taxis y las plataformas de viaje y ordenó que se regule esta actividad equiparando las obligaciones. Los conductores de Uber, DiDi y Cabify deberán obtener licencia profesional y pagar seguros.

Una sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires resuelve un conflicto de larga data del Sindicato de Peones de Taxis, con el Gobierno de CABA y representantes de conductores y usuarios de la plataforma Uber.

El fallo hace lugar al reclamo de los taxistas por lo que se considera "omisión ilegítima" del Gobierno en su deber de control sobre las plataformas de transporte.

Por qué el fallo pone en peligro a Uber

El punto central del fallo es la definición de qué tipo de servicio prestan plataformas como Uber. Mientras que los conductores y usuarios alegaban que se trataba de un "transporte privado" regido por el Código Civil y Comercial y que no debía estar sujeto a regulaciones de transporte público, la Cámara rechazó esta postura.

La Cámara porteña determinó que, ante la falta de una regulación específica, la actividad mediada por plataformas digitales constituye, en los hechos, un servicio de transporte de pasajeros.

Definió la actividad como el traslado de personas mediante un vehículo a cambio de una prestación económica, y sostuvo que encuadra en las definiciones del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.

Los jueces citaron jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para sostener que Uber no es meramente un servicio de la "sociedad de la información" (una app), sino que es parte integrante de un servicio global de transporte.

Qué exigen los jueces a los choferes

Al equiparar la actividad con el transporte de pasajeros, el fallo sostiene que las plataformas no pueden operar en un vacío legal que les permita eludir los estándares de seguridad exigidos a taxis y remises.

La Cámara establece que, mientras no haya una ley nueva, los conductores de plataformas deben cumplir con los recaudos mínimos del sistema vigente: licencia de conducir tipo profesional y seguros específicos para el rodado, el conductor, los pasajeros y responsabilidad civil.

El tribunal critica que el Gobierno de la ciudad haya permitido una "apariencia de regularidad" en las plataformas, cuando en la práctica operan sin que se controle si los prestadores tienen la capacitación o los seguros que se les exige por ley a los taxistas.

Qué critican por la desigualdad con los taxistas

Uno de los argumentos más fuertes para la equiparación fue la irrazonabilidad de exigir a un sector (taxistas) una carga regulatoria y económica estricta, mientras se exime de hecho a otro (plataformas) que realiza la misma actividad.

El fallo señala que el Gobierno incurrió en una conducta contradictoria al calificar a Uber de "clandestina" pero, al mismo tiempo, permitir su publicidad en espacios públicos (como estaciones de subte o el sistema Ecobici) y no ejercer un poder de policía efectivo.

Esta inacción generó un desequilibrio que afecta el derecho a la igualdad de los taxistas, quienes deben pagar aranceles, cumplir con verificaciones y poseer licencias profesionales para competir con un servicio que no cumple ninguna de esas condiciones.

Qué cambia para Uber a partir del fallo

Para restablecer el equilibrio ante la falta de una legislación específica, la Cámara impuso una condena que abarca tres cuestiones centrales:

Eje arancelario: mientras persista el desequilibrio, el Gobierno de CABA no podrá cobrar a los taxistas los aranceles por trámites locales necesarios para operar regularmente (como renovaciones de licencias o transferencias).

Eje tributario: se ordena al Gobierno iniciar los procedimientos administrativos para determinar y perseguir el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las plataformas, ya que se verificó que realizan una actividad económica en la ciudad sin estar inscriptas ni pagar impuestos locales.

Eje publicitario: el Gobierno de la ciudad debe fiscalizar la publicidad de las plataformas y realizar campañas de difusión para informar a los usuarios que estos servicios podrían ser prestados por personas sin licencia profesional o sin los seguros obligatorios que sí tienen los taxis.

El fallo aclara que no es rol del Poder Judicial legislar o prohibir las plataformas, pero sí proteger los derechos vulnerados por la inacción del Estado. Esta condena y la equiparación de reglas cesarán automáticamente cuando la Legislatura dicte una regulación específica para la actividad de transporte por plataformas.