La nueva Justicia laboral de CABA: ambicioso proyecto de Macri con 80 juzgados y proceso oral

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió un paquete de tres proyectos de ley complementarios a la Legislatura porteña. El objetivo central es diseñar y estructurar de manera definitiva la Justicia del Trabajo de la ciudad de Buenos Aires (CABA), tras el aval del Congreso nacional para avanzar con la transferencia de competencias.

Este esquema normativo apunta a reformar la organización judicial, modificar el régimen del Ministerio Público y reconfigurar el procedimiento procesal para acelerar los tiempos de resolución.

Cuáles son los 3 proyectos para la Justicia laboral porteña

La ingeniería institucional se reparte en tres iniciativas legislativas específicas:

Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: es el proyecto que establece la estructura física y de cargos del nuevo fuero. Contempla la creación de los 80 juzgados de primera instancia y las 10 salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo con 30 jueces más.

Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público: reestructura las fiscalías y defensorías del fuero laboral para adecuarlas a la nueva escala y exigencias de la Justicia local.

Reforma al Código Procesal Laboral de la Ciudad: introduce los cambios de fondo en la tramitación de los expedientes, orientados a la despapelización, la oralidad y la fijación de plazos estrictos.

Cómo es la nueva estructura judicial con 80 juzgados

El diseño replica la escala que históricamente manejó el fuero nacional en el territorio, pero bajo la órbita de la Ciudad y con un esquema administrativo que busca modernizar la función.

Primera Instancia: se proyectan 80 juzgados del trabajo. La transición prevé un sistema de "Gestión Asociada", donde las estructuras administrativas y las oficinas de tramitación se unifican para dar soporte técnico y de agenda a los jueces, optimizando los recursos humanos y edilicios.

Segunda Instancia: se estructuran 10 salas para la Cámara de Apelaciones, distribuyendo la revisión de las sentencias para evitar los cuellos de botella que estiraban las causas durante años.

Cuáles son los cambios procesales con oralidad

El nuevo Código Procesal Laboral busca reducir los litigios, que en la justicia nacional promedian entre 3 y 5 años, a plazos considerablemente menores mediante dinámicas de mediación y tecnología.

Audiencia Final de Alegatos Obligatoria: una vez que concluye la etapa de producción de pruebas (pericias, testigos, etc.), el juez tiene la obligación de convocar a las partes a una audiencia presencial en un plazo de 5 días.

En este encuentro se juega una última instancia de acuerdo; si fracasa, los abogados deben exponer sus conclusiones de forma oral. Tras esto, el caso queda listo para sentencia.

Plazos perentorios para juzgar: el proyecto fija un límite estricto de 30 días hábiles posteriores a la audiencia de alegatos para que los jueces dicten la sentencia definitiva.

Regulación de audiencias virtuales e híbridas: se institucionalizan los formatos remotos bajo pautas de estricta transparencia controladas por el Consejo de la Magistratura (grabación digital, control visual de que los testigos declaren solos en la sala y tolerancia de espera de 15 minutos).

Ampliación de la competencia territorial: el fuero porteño amplía sus fronteras de reclamo. Será competente no solo cuando las tareas se realicen o el contrato se firme en CABA, sino también cuando la empresa demandada tenga domicilio legal en la ciudad, o cuando el propio trabajador tenga su domicilio real en el distrito.

Cómo será el sistema de mediación alternativo

Para poder absorber la demanda de causas e iniciar el procedimiento de forma obligatoria, el paquete de leyes contempla la creación de una instancia de conciliación previa de carácter local.

Este sistema funcionará de manera similar al SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) del ámbito nacional, y requerirá de forma obligatoria que todo conflicto de trabajo pase por una mesa de mediación registrada ante el Ministerio de Justicia de la Ciudad antes de quedar habilitada la vía judicial.

Con esto, el Ejecutivo porteño busca retener y resolver de forma administrativa un alto porcentaje de los litigios por despidos o reclamos salariales sin saturar la nueva estructura de los 80 juzgados.