La Corte Suprema define si los municipios pueden cobrar tasas en la boleta de la luz

La Corte Suprema de Justicia debe definir el futuro de la prohibición de incluir tasas municipales en las facturas de luz y dos dictámenes de la Procuración General de la Nación ya la respaldaron  frente a fallos de Cámara que la habían frenado.

La cuestión que deberá resolver la Corte en las causas Río Grande (Tierra del Fuego) y José C. Paz (provincia de Buenos Aires) es sustancialmente:

¿Son constitucionales y válidas las normas nacionales que impiden que las distribuidoras eléctricas incluyan en sus facturas tributos municipales ajenos al servicio eléctrico?

La posición de la Procuración es que sí, ya que entiende que no se acreditó una afectación constitucional manifiesta de la autonomía municipal y que la Cámara no justificó suficientemente la inconstitucionalidad.

La decisión que tome la Corte cobra relevancia porque apunta al fondo del conflicto federal, fijando una doctrina que busca ordenar la dispersión de fallos de instancias inferiores favorables a intendencias de distintos puntos del país.

Afectará al cobro compulsivo de tasas municipales de alumbrado público, tasa de conservación de la vía pública, tasas de seguridad o bomberos, mediante amenaza de corte del servicio si no se cumple con la obligación fiscal.

Cuáles son los casos sobre tasas municipales y servicios públicos

Los dictámenes "Incidente N° 3 - Municipalidad de Río Grande c/Estado Nacional - Ministerio de Economía - Secretaría de Comercio s/inc. apelación" y "Municipalidad de José C. Paz c/Estado Nacional (Ministerio de Economía - SIyC) y otros s/amparo ley 16986", se presentan juntos en el buscador del Ministerio Público Fiscal, debido a que comparten fundamentos.

La procuradora Laura Monti dictaminó que la Secretaría de Industria y Comercio actuó en el dictado adecuadamente el dictado de de la Resolución 267/2024.

Consideró que la autoridad de la Secretaría para dictar la resolución está dentro de las facultades delegadas por la Ley de Defensa del Consumidor.

Al prohibir la inclusión en las facturas de proveedores de bienes y servicios de conceptos ajenos a la relación de consumo, como las tasas municipales, la Secretaría actuó dentro de sus competencias.

La procuradora consideró que la norma nacional persigue un fin legítimo de orden público: asegurar que las facturas de servicios públicos reflejen de manera clara, transparente e inequívoca el costo del consumo efectivamente prestado.

De este modo, se evita también que el usuario sea obligado a pagar conceptos ajenos bajo apercibimiento de corte de servicio.

Autonomía municipal: diferencia entre potestad tributaria y mecanismo de cobro

La Procuración distinguió entre la creación del tributo y la vía de percepción, ya que reconoció que los municipios tienen potestad para fijar tasas locales, pero sostuvo que no tienen un derecho constitucional adquirido a utilizar las facturas de servicios públicos de un tercero (la distribuidora) como canal compulsivo de cobro.

El dictamen remarcó que prohibir esa inclusión no suprime ni anula el tributo municipal, el cual puede ser recaudado por los mecanismos administrativos y boletas propias del municipio.

La opinión fiscal ante la Corte sostuvo que la autonomía municipal consagrada en el artículo 123 de la Constitución Nacional no es de carácter absoluto.

Concluyó que las potestades locales deben coordinarse armónicamente con las facultades del Estado Nacional para regular el comercio interjurisdiccional, los servicios públicos federales y el marco tuitivo de los consumidores en todo el país.

Con este criterio, la Procuración aconsejó a la Corte Suprema revocar las medidas y resoluciones que impedían al Gobierno aplicar la prohibición, inclinando la balanza jurídica a favor de la postura del Ministerio de Economía.

Qué argumentos jurídicos señala el dictamen sobre tasas y factura de luz

El eje argumental del dictamen se apoya en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en el artículo 4° de la Ley de Defensa del Consumidor, relativos al derecho a una información clara, veraz y detallada.

La Procuración entendió que el troquelado o la inclusión indiscriminada de tasas ajenas al suministro (alumbrado público, tasa de conservación de la vía pública, tasas de seguridad o bomberos) en las boletas de servicios esenciales genera una distorsión que afecta la libertad de elección del usuario.

Remarcó la asimetría y el riesgo de corte, al señalar que colocar al consumidor en la situación de tener que abonar tributos locales no vinculados al consumo individual bajo la amenaza —o la confusión— de ver interrumpido un servicio esencial de luz o gas excede cualquier facultad de recaudación simplificada.

Un argumento clave es el deslinde entre "potestad tributaria" y "mecanismo de percepción", ya que desmonta la supuesta violación al régimen federal. El dictamen sostiene que la Resolución 267/2024 no legisla sobre materia impositiva ni deroga ordenanzas locales, por lo que no invade la esfera del artículo 123 de la Carta Magna.

El municipio conserva intacto su poder para crear tasas y exigir su cumplimiento; lo que no posee es un "derecho constitucional adquirido" a obligar a concesionarios de servicios públicos federales o interjurisdiccionales a actuar como sus agentes de cobro o recaudación forzosa.

Señaló además que los convenios previos que los municipios hayan firmado con las empresas prestatarias de energía no pueden prevalecer sobre las normas de orden público nacional dictadas por la autoridad regulatoria del comercio.

El dictamen analiza la relación entre el poder de policía nacional y las autonomías provinciales y municipales, recordando que la regulación del marco comercial de los servicios públicos de transporte y distribución de energía y gas está delegada a la jurisdicción federal.

Cuando existe tensión entre una norma federal dictada en ejercicio de potestades expresas de defensa del comercio y el consumidor, y ordenanzas locales referidas a mecanismos accesorios de cobranza, debe primar el criterio unificado nacional conforme a la doctrina del artículo 31 de la Constitución Nacional.

Este pronunciamiento representó el primer respaldo institucional de peso a la estrategia legal del Ministerio de Economía para desarmar el entramado de cautelares y unificar la jurisprudencia en la Corte Suprema.