Inversiones en EEUU: eliminan la obligación de informar los beneficiarios finales
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Puntos importantes
EE.UU. eliminó la obligación de informar beneficiarios finales para empresas locales, priorizando la privacidad societaria sobre el registro federal.
Subsisten registros para entidades extranjeras que operan en EE.UU., aunque se excluyeron datos de ciudadanos y residentes fiscales estadounidenses.
Las entidades bancarias mantienen sus propios procesos de identificación, asegurando que la privacidad no implique un anonimato absoluto ante las autoridades.
Las sociedades radicadas en los Estados Unidos, aunque sus propietarios sean extranjeros, ya no están obligadas a informar los beneficiarios finales al organismo que persigue el lavado de dinero, aunque sus socios sean extranjeros. De todos modos, persisten ciertas obligaciones de identificación en cabeza de los bancos.
"Con estos cambios, Estados Unidos volvió a dar mayor prioridad a la privacidad societaria, al reducir sustancialmente la obligación de informar al gobierno federal quiénes son los beneficiarios finales de las entidades constituidas en su territorio", afirma Andrés Aller, CEO de Aller & Co, consultora de argentinos con negocios en EE.UU.
"Esta decisión marca un contraste con otras jurisdicciones que mantienen registros más amplios, como Argentina, España, Francia y Reino Unido, y también en territorios como Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán", subraya.
Qué es el reporte de beneficiario final BOI en EE.UU
"El régimen de información del beneficiario final de las sociedades (Beneficial Ownership Information Reporting - BOI) tiene su origen en la Ley de Transparencia Corporativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 1 de enero de 2021 como parte de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, indica Aller.
"Sin embargo, la presentación de reportes ante FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) comenzó el 1 de enero de 2024", explica.
"En su diseño original, el régimen alcanzaba a determinadas sociedades y otras entidades constituidas en Estados Unidos, así como a ciertas entidades constituidas en el extranjero y registradas formalmente para operar en el país", señala.
"Existían diversas exenciones, pero FinCEN estimaba que aproximadamente 32,6 millones de entidades estarían comprendidas al comenzar su implementación. Esa cifra representaba el universo estimado de entidades obligadas, no la cantidad de reportes efectivamente presentados", sostiene.
Qué datos exigía la Ley de Transparencia Corporativa
La información requerida sobre los beneficiarios finales incluía nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y número e imagen de un documento de identificación admitido, como un pasaporte o una licencia de conducir estadounidense.
Se consideraba beneficiario final, con determinadas excepciones, a quien poseyera o controlara directa o indirectamente al menos el 25 % de las participaciones, o ejerciera control sustancial sobre la entidad.
"La implementación estuvo acompañada de litigios que cuestionaban, entre otros aspectos, las facultades constitucionales del Congreso y la protección de la privacidad", considera Aller.
"El 1 de marzo de 2024, un tribunal federal de Alabama dictó un fallo contrario a la ley, aunque sus efectos se limitaron a los demandantes comprendidos en la decisión", manifiesta.
"La incertidumbre se intensificó en diciembre de 2024 y comienzos de 2025, cuando sucesivas decisiones judiciales suspendieron y restablecieron la exigibilidad del régimen", resalta.
"Esto afectó especialmente a las entidades preexistentes, cuyo vencimiento original era el 1 de enero de 2025, y produjo cambios de plazos y dificultades para planificar el cumplimiento", relata Aller.
"En ese contexto, el Departamento del Tesoro adoptó una política de reducción de cargas regulatorias. El 2 de marzo de 2025 anunció que dejaría de aplicar determinadas sanciones y que modificaría el alcance del régimen", aclara.
Qué empresas siguen obligadas a declarar en EE.UU.
"La regla publicada el 26 de marzo eximió a las entidades constituidas en Estados Unidos y mantuvo la obligación para determinadas entidades constituidas en el extranjero y registradas para operar allí", advierte Aller.
"También excluyó del reporte los datos de beneficiarios finales considerados personas de los EE.UU., concepto que comprende a ciudadanos estadounidenses y a residentes bajo la definición fiscal aplicable, entre otros supuestos", precisa.
"La regulación final, vigente desde el 14 de agosto de 2026, consolidó esas exenciones", informa el experto.
"Por eso, una LLC constituida en Estados Unidos queda exenta del reporte BOI aunque sus propietarios sean extranjeros. En cambio, una entidad constituida en otro país y registrada para operar en Estados Unidos puede continuar obligada a presentar un reporte, salvo que corresponda otra exención", ejemplifica
"El resultado es un registro federal con una cobertura sustancialmente menor a la originalmente prevista. Los bancos mantienen obligaciones propias de identificación de beneficiarios finales, pero ese mecanismo es distinto de la presentación de reportes por las empresas a una base central de FinCEN", advierte.
Esa mayor privacidad en Estados Unidos, sin embargo, no equivale a anonimato absoluto: subsisten obligaciones de identificación bancaria y mecanismos legales que permiten a las autoridades obtener información.
