Ganancias: las retenciones a empresas y profesionales se deben actualizar 53 veces en 2026

Los mínimos de retención del Impuesto a las Ganancias permanecen congelados desde julio de 2019, pese a que desde entonces los precios de la economía se multiplicaron más de 53 veces. La falta de actualización provoca que cada vez más operaciones queden alcanzadas por retenciones, incluso cuando se trata de pagos que en términos reales representan montos pequeños.

"El problema excede la cuestión tributaria y tiene un impacto directo sobre la liquidez de empresas, profesionales independientes y proveedores", enfatiza la contadora Aldana Fernández.

"Aunque las retenciones de Ganancias constituyen, en términos generales, pagos a cuenta del impuesto, el dinero se descuenta directamente de los importes que los contribuyentes tienen que cobrar y puede permanecer inmovilizado hasta que logren computarlo, compensarlo o gestionar su devolución", advierte.

Cómo se produce la distorsión con retenciones de Ganancias

"La distorsión se profundizó después de varios años de inflación elevada. Los parámetros nominales que determinan cuándo corresponde practicar una retención no acompañaron la evolución de los precios y terminaron ampliando el universo de operaciones alcanzadas por el régimen", indica la contadora Fernández.

"Un análisis de la evolución de los mínimos de retención frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) permite dimensionar el deterioro. Entre agosto de 2019 y octubre de 2026, la inflación acumulada fue de aproximadamente 5.236%. Esto significa que los precios se multiplicaron unas 53,36 veces", precisa.

En consecuencia, un mínimo establecido en 2019 debería multiplicarse por ese mismo factor de 53,36 para conservar su poder adquisitivo original.

"Por ejemplo, el mínimo de retención de $240 previsto para la generalidad de los conceptos equivaldría actualmente a unos $12.807. En el caso de los alquileres urbanos de beneficiarios no inscriptos, el mínimo de $1.020 representaría aproximadamente $54.429 a valores de octubre de 2026", puntualiza Fernández.

La comparación muestra hasta qué punto quedaron desactualizados los parámetros utilizados para determinar cuándo corresponde retener el impuesto.

Cómo afectan a las pymes y profesionales las retenciones congeladas

"La primera consecuencia del congelamiento es que operaciones que en 2019 podían quedar fuera del régimen ahora están sujetas a retenciones. Esto afecta especialmente a profesionales independientes, prestadores de servicios, y proveedores de empresas y organismos públicos", explica Fernández.

"El efecto más inmediato se produce sobre el capital de trabajo. Cuando una empresa cobra una factura, el cliente descuenta la retención de Ganancias y transfiere un importe inferior al que debía pagar originalmente", advierte.

"Sin embargo, las obligaciones del proveedor no se reducen en la misma proporción. Debe seguir afrontando salarios, alquileres, honorarios, pagos a otros proveedores, impuestos y gastos operativos", resalta la experta.

"De esta manera, termina financiando su actividad con menos dinero del que esperaba recibir, aunque la retención no represente necesariamente un impuesto definitivo", afirma.

"El problema se agrava cuando las retenciones acumuladas superan el impuesto determinado al cierre del ejercicio. En esos casos, el contribuyente puede generar saldos a favor cuya utilización o recuperación requiere tiempo y trámites administrativos", señala Fernández.

"La consecuencia es un costo financiero adicional. Para sostener el funcionamiento de la empresa, algunos contribuyentes pueden verse obligados a recurrir a descubiertos bancarios, préstamos o financiamiento de proveedores para compensar los fondos que quedaron retenidos", sostiene.

"En definitiva, el Estado obtiene anticipadamente recursos que todavía no necesariamente representan la obligación tributaria definitiva del contribuyente", critica la contadora.

Una actualización que depende de una resolución de ARCA

"La discusión sobre los mínimos de retención tiene una particularidad: para modificar los parámetros no hace falta una ley del Congreso. La actualización puede realizarse mediante una resolución general de ARCA", subraya Fernández.

En ese sentido, una de las alternativas que plantea la experta es revisar los montos no sujetos a retención y los importes mínimos previstos para determinar cuándo corresponde practicar los descuentos.

Fernández también propone establecer un mecanismo de actualización periódica, por ejemplo, semestral, tomando como referencia la evolución del IPC, para evitar que los parámetros vuelvan a quedar desfasados frente a la inflación.

"Otra posibilidad es revisar las alícuotas aplicables a los distintos conceptos y simplificar los procedimientos para obtener certificados de exclusión y recuperar saldos a favor", considera.

Entre las propuestas de Fernández también figura excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas del régimen, con el objetivo de evitar que las retenciones afecten su disponibilidad de fondos.

El planteo no apunta a eliminar el sistema de retenciones, sino a evitar que un mecanismo de recaudación anticipada termine generando una carga financiera desproporcionada para quienes desarrollan una actividad económica.

Qué es la cuestionada RG 830 congelada desde 2019

El origen normativo de esta situación se encuentra en la Resolución General 830, que regula el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias e IVA sobre determinados pagos y fue actualizada por la Resolución General 4525/2019, de la entonces AFIP

"La última actualización integral de los importes del Anexo VIII fue realizada mediante la RG 4525/2019, publicada el 15 de julio de 2019 y aplicable a los pagos efectuados desde el 1 de agosto de ese año. En esa oportunidad se modificaron las alícuotas y los montos no sujetos a retención de carácter general", explica Fernández.

"Desde entonces hubo modificaciones puntuales, pero no una actualización integral de esos parámetros. Así, la normativa continúa utilizando importes nominales establecidos hace más de 7 años, pese a la fuerte pérdida de poder adquisitivo de la moneda", indica.

"La falta de revisión convirtió a las retenciones en un factor adicional de presión sobre el financiamiento de las empresas. En lugar de limitarse a anticipar el pago de una obligación tributaria, el mecanismo puede terminar inmovilizando recursos necesarios para sostener la actividad", afirma.

"La decisión de actualizar los parámetros depende de una resolución administrativa de ARCA, que podría instrumentar el cambio mediante una norma firmada por su titular, Andrés Edgardo Vázquez", concluye la contadora Fernández.