La Cámara del Trabajo condenó a pagar indemnización a un animador de fiestas
Puntos importantes
La Cámara del Trabajo consideró que un animador de fiestas infantiles mantenía una relación laboral con el titular del emprendimiento que lo contrataba, aunque era convocado para distintos eventos y cobraba por cada presentación. El tribunal entendió que el hecho de que las tareas fueran artísticas, de duración limitada o vinculadas con espectáculos determinados no alcanzaba para descartar la presunción de un contrato de trabajo.
La Sala I revocó así un fallo de primera instancia que había rechazado la demanda de Marcelo Cristian Pogliese contra Alberto Fabián Malvino, titular del emprendimiento familiar Animakids. En la sentencia, firmada el 11 de noviembre de 2026, los camaristas condenaron al demandado a pagar $151.296,29, más actualización por inflación e intereses.
Además, el fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, a pesar del reciente aval de la Corte a esta actualización. de los juicios en trámite con la tasa pasiva del Banco Central.
Cómo era el trabajo del animador de fiestas
Según relató Pogliese en la demanda, comenzó a trabajar para Malvino el 12 de febrero de 2020. Sus tareas consistían en animar fiestas infantiles. Por cada actuación percibía entre $650 y $750, con adicionales por puntualidad y mayores responsabilidades. En su presentación detalló nueve animaciones realizadas entre el 16 de febrero y el 16 de marzo de 2020.
El trabajador sostuvo que realizaba entre 20 y 25 animaciones mensuales, por las que obtenía una remuneración aproximada de $25.000. También afirmó que debía preparar coreografías, aprender contenidos específicos y participar en grabaciones publicitarias sin recibir un pago adicional.
El conflicto se produjo el 25 de agosto de 2020, a raíz de una discusión por el pago de un adicional correspondiente a una animación que había tenido inconvenientes técnicos. Pogliese afirmó que Malvino lo insultó, lo bloqueó en WhatsApp y dejó de convocarlo para nuevos espectáculos.
El actor sostuvo que la relación nunca había sido registrada y que, luego de intimar al empleador el 25 de febrero de 2021 para que aclarara y regularizara su situación laboral, se consideró despedido el 13 de agosto de ese año.
Reclamó las indemnizaciones por despido, créditos salariales y vacacionales, multas judiciales, la indemnización por no recibir certificado de trabajo, además del agravamiento indemnizatorio previsto por la normativa de emergencia.
La postura de la defensa sobre el trabajo eventual y el convenio de actores
Al contestar la demanda, Malvino reconoció que había contratado a Pogliese para realizar animaciones de fiestas infantiles durante 2020, pero negó que existiera una relación laboral subordinada.
Sostuvo que se trataba de actuaciones artísticas individuales y de corta duración, comprendidas en los artículos 17 y 18 del Convenio Colectivo de Trabajo 50/75 (actores). Según su postura, cada contratación comenzaba y terminaba con el espectáculo, sin obligación de continuidad ni de poner la fuerza de trabajo a disposición del demandado.
También afirmó que Pogliese había comenzado a participar en las animaciones virtuales en junio de 2020 y que su última actuación había sido en agosto de ese año. Admitió que había realizado algunos espectáculos, pero sostuvo que no habían sido más de cinco o diez. Negó que trabajara desde febrero, que hiciera entre 20 y 25 animaciones por mes y que percibiera una remuneración mensual de $25.000.
El juez de primera instancia había rechazado la demanda. Consideró que no estaba acreditada una relación laboral subordinada y entendió que cada vínculo comenzaba y finalizaba con la realización de la actividad artística comprometida.
Consideró que Pogliese era un pequeño empresario que desarrollaba una actividad autónoma como animador de fiestas o recreólogo, que organizaba por sí mismo los medios necesarios para realizar las presentaciones y cobraba al finalizar cada actuación.
Por qué la Cámara consideró que existía una relación laboral
La Sala I entendió que el recurso del trabajador debía prosperar en cuanto cuestionaba el desconocimiento de la naturaleza laboral del vínculo.
La jueza Gabriela Alejandra Vázquez, cuyo voto fue acompañado por el camarista Enrique Catani, señaló que Malvino había reconocido expresamente que Pogliese prestaba servicios personales como animador de fiestas infantiles dentro de la actividad que desarrollaba bajo el nombre comercial Animakids.
Para la Cámara, no podía descartarse la relación laboral por el solo hecho de que las prestaciones fueran artísticas, de duración limitada o realizadas con motivo de eventos determinados. Una vez acreditada la prestación personal de servicios en beneficio de otro, correspondía al demandado demostrar que la vinculación tenía una naturaleza distinta de la laboral.
La Cámara destacó, además, que Malvino no había acompañado contratos individuales por actuación ni constancias de registración que permitieran establecer con precisión las condiciones y la duración de cada contratación. Tampoco puso a disposición la documentación contable requerida.
A esto se sumó el informe remitido por la AFIP, que daba cuenta de que Pogliese no estaba registrado como trabajador dependiente de Malvino.
Por otra parte, la Cámara señaló que la existencia de una organización empresarial no requiere una estructura de gran envergadura. Lo relevante es determinar si los servicios personales del trabajador se incorporaron a una organización ajena y fueron aprovechados económicamente por quien lo contrataba.
Con esos argumentos, reconoció naturaleza laboral a las prestaciones realizadas por Pogliese.
Qué indemnizaciones reconoció y cuáles rechazó
Para calcular los créditos, la Sala I tomó como fecha de ingreso el 12 de febrero de 2020, como fecha de extinción el 25 de agosto de ese año y como mejor remuneración mensual, normal y habitual la suma de $25.000.
El tribunal reconoció la indemnización por antigüedad, por $25.000; la indemnización sustitutiva de preaviso, con incidencia del sueldo anual complementario, por $27.083,33; y la integración del mes de despido por los días restantes de agosto, también con incidencia del SAC, por $5.241,94.
A esos rubros sumó $3.804,35 por el SAC proporcional del segundo semestre de 2020, calculado sobre los 56 días transcurridos entre el 1° de julio y el 25 de agosto. También reconoció las vacaciones no gozadas de 2020: 14 días, por $14.000, más $1.166,67 por la incidencia del SAC.
Admitió la indemnización del artículo 80 de la LCT (certificado de trabajo), equivalente a tres remuneraciones, por un total de $75.000.
Así el capital nominal de la condena quedó en $151.296,29, que se actualizará hasta el efectivo pago.
La inconstitucionalidad del artículo 55 de la reforma laboral
La Sala I declaró, para este caso, la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, para actualización de los créditos laborales en los procesos judiciales en trámite cuando entró en vigencia la norma por una tasa pasiva del Banco Central.
Consideró que la disposición vulneraba la Constitución Nacional y ordenó la actualización de la condena por IPC más 3% anual hasta su efectivo pago, resolviendo revocar la sentencia de primera instancia y admitiendo parcialmente la demanda.
De esta manera, el dueño de un emprendimiento familiar tendrá que pagar una indemnización por relación laboral a un animador de fiestas que contrató pensando que era una prestación eventual por actuación.