Proponen eliminar Ingresos Brutos en provincia de Buenos Aires por un nuevo tributo
La iniciativa busca reemplazar un tributo clave provincial por una carga impositiva distinta a lo largo de cinco años, generando debate técnico
Ingresos Brutos en provincia de Buenos Aires podría desaparecer en los próximos cinco años. Un proyecto de ley presentado por el diputado provincial de La Libertad Avanza Oscar Liberman propone reemplazar este tributo por un nuevo gravamen al consumo final con alícuota máxima del 6,25%.
La iniciativa genera división entre especialistas. Algunos ven una oportunidad para terminar con uno de los impuestos más criticados del sistema argentino. Otros advierten sobre posibles problemas de constitucionalidad y efectos no deseados sobre los precios.
El debate se centra en quién terminaría pagando realmente este nuevo tributo y si la recaudación provincial se mantendría estable durante la transición.
Qué impuesto reemplazaría a Ingresos Brutos y cómo funcionaría
La propuesta crea el Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF). A diferencia de Ingresos Brutos, que grava cada etapa de producción y comercialización, este nuevo tributo se aplicaría una sola vez cuando el producto llegue al consumidor.
El cambio apunta a eliminar el llamado efecto cascada. Ese fenómeno ocurre cuando el mismo impuesto se cobra múltiples veces a lo largo de la cadena productiva, encareciendo el precio final sin que el consumidor lo note.
El objetivo declarado es terminar con un mecanismo que castiga la producción, encarece bienes y servicios, y perjudica especialmente a las empresas que necesitan competir en mercados donde cada centavo cuenta.
"Ingresos Brutos es uno de los impuestos más distorsivos que tenemos. Castiga la producción, encarece los bienes y servicios y perjudica especialmente a las empresas que necesitan competir", sostuvo Liberman.
Según el legislador, la reforma permitiría reducir costos ocultos y mejorar la competitividad. Los tributaristas consultados, sin embargo, discrepan sobre quién terminaría beneficiándose realmente.
El proyecto fija una alícuota general máxima del 6,25% sobre el precio neto de las operaciones. Contempla tratamientos reducidos para medicamentos, insumos sanitarios y transporte público.
También prevé reintegros para hogares de menores ingresos. Según los fundamentos del proyecto, elaborados con datos de 2025, una tasa del 6,11% permitiría mantener la recaudación provincial actual.
Las dudas sobre constitucionalidad y efectos en los precios finales
La iniciativa enfrenta cuestionamientos técnicos importantes ya que que un impuesto provincial sobre el consumo final podría entrar en conflicto con facultades que la Constitución Nacional reserva al gobierno federal.
El debate también alcanza a los efectos sobre los precios. Mientras Liberman sostiene que la reforma reduciría costos ocultos, otros especialistas señalan que trasladar la carga tributaria al consumo final podría impactar directamente en los bolsillos de los argentinos.
La preocupación central es que, al concentrar el impuesto en una sola etapa, la alícuota del 6,25% termine siendo más visible pero también más pesada para quienes compran productos y contratan servicios en provincia de Buenos Aires.
El proyecto no especifica cómo se fiscalizaría el nuevo tributo ni qué controles se implementarían para evitar evasión. Tampoco detalla el impacto diferencial por sector económico.
Cómo sería la transición de cinco años para eliminar Ingresos Brutos
La sustitución del impuesto no sería inmediata. El proyecto establece un plazo máximo de cinco años para completar el reemplazo total de Ingresos Brutos por el IPCF.
Durante ese período, las actividades económicas se incorporarían progresivamente al nuevo régimen. El mecanismo funciona por etapas anuales obligatorias.
Cada año deberían ingresar al IPCF sectores que representen al menos el 20% de la recaudación de Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio anterior. Esa regla garantiza que, en cinco años como máximo, el 100% de las actividades hayan migrado.
A medida que una actividad se incorpore al nuevo sistema, dejará de estar alcanzada por Ingresos Brutos. El proyecto establece expresamente que una misma operación no podrá tributar simultáneamente bajo ambos regímenes, evitando una doble imposición durante la transición.
"No estamos proponiendo una medida improvisada ni un salto al vacío. Planteamos una transición ordenada, con reglas claras y mecanismos para preservar los recursos públicos", remarcó Liberman.
El legislador agregó: "El objetivo es avanzar hacia un sistema tributario más eficiente, transparente y favorable a la actividad económica, sin comprometer el funcionamiento del Estado".
Qué pasa con los créditos fiscales acumulados por los contribuyentes
La iniciativa no ignora los saldos a favor que muchas empresas tienen acumulados bajo el régimen actual de Ingresos Brutos. El proyecto dispone el reconocimiento de esos créditos fiscales para evitar perjuicios a los contribuyentes.
Los saldos podrían utilizarse de dos formas. La primera opción es compensar otras obligaciones tributarias provinciales. La segunda, solicitar su devolución en los casos que establezca la normativa reglamentaria.
El texto no especifica plazos ni condiciones para estos reintegros. Tampoco detalla si habrá ajustes por inflación o mecanismos de pago acelerado para empresas con créditos significativos.
Esa falta de precisión genera incertidumbre entre los contribuyentes. Muchas empresas bonaerenses acumulan saldos a favor millonarios que podrían quedar en limbo durante años si la reglamentación no es clara.
El proyecto ahora deberá pasar por comisiones legislativas. Su tratamiento enfrentará resistencias tanto técnicas como políticas en una provincia donde Ingresos Brutos representa una fuente clave de financiamiento del Estado.