Fuerte aumento de las denuncias por lavado de dinero

Tal como revela un reciente informe emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) el 2007 presenta un fuerte crecimiento en las denuncias por lavado de dinero. Tanto las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como la reestructuración del organismo contralor nacional bajo una conducción unipersonal potencian el control sobre las operaciones sospechosas. Los cambios mencionados dan como resultado que en los primeros nueve meses del 2007 se denunciaron 666 posibles casos de lavado de dinero. Esta cifra representa el 90% de todas los casos elevados durante 2006.

Las investigaciones se disparan a través de los llamados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que emiten auditores, bancos y escribanos, entre otros. Se tratan de personas y entidades obligadas a informar a la UIF las supuestas transacciones donde detectan riesgos de lavado de activos. Desde noviembre de 2002 –comienzo de la aplicación de la ley antilavado- hasta septiembre pasado se reportaron 2.851 casos, de los cuales el 89% se encuentra bajo investigación. Sólo 322 casos fueron resueltos.

VocesEn diálogo con infobaeprofesional.com, la titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, explicó qué cambió desde que conduce en forma unipersonal el organismo y cómo van a encarar las investigaciones. El escenario a futuro plantea un accionar más intenso de la UIF en materia de investigaciones. No sólo reabrieron causas anteriores a 2007, que se iniciaron antes de que Falduto asumiera la conducción del organismo, sino que "habrán nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas", aseguró la funcionaria.De hecho, agregó, ya están revisando la normativa vigente tanto para ajustarla a los requerimientos del exterior -del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI)- como para incorporar emisores de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), informes que constituyen los pilares a la hora de disparar investigaciones. Por el momento, Falduto remarcó que no puede develar quiénes serán los nuevos obligados. No obstante, dejó entrever las intenciones de la entidad: "Estamos llevando a cabo reuniones con distintos organismos. En cuanto a sociedades, las reuniones son con la IGJ. También apuntamos a bienes registrables con el fin de investigar las operaciones de lavado de dinero. Ya existen tratativas con los Registros de la Propieda Inmueble y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor".Con referencia a la percepción que las empresas tienen del nuevo escenario, infobaeprofesional.com consultó a Arturo Piano, miembro del Banco Piano, que señaló: "En los últimos meses hubo un aumento de las consultas de compañí­as y particulares respecto a las obligaciones que deben cumplir al momento de realizar una operación".Los interrogantes giraron en torno a la prevención frente a "dudosos" movimientos de fondos que podrí­an estar conectados con maniobras de lavado de dinero. "Muchas veces las dudas que plantean las compañí­as surgen por el mayor requerimiento de información que solicitan los bancos", agregó. Así­, indicó que, habitualmente, cerca del 95% de los datos que suelen solicitar los bancos -a los fines del control y por exigencias legales- son conocidos por la empresa, porque ya disponen de ellos. Restando todo tipo de sensación de riesgo sobre el uso que se puede dar de la información de las compañí­as solicitada por las entidades bancarias, aseguró que "deben saber que los bancos sólo entregan la información ante un pedido expreso por parte de los organismos autorizados", advirtió el profesional.Es por esta razón que Piano concluyó "el nuevo marco legal nos posiciona mejor ante el mundo". LeyesLa ley 26.268, aprobada en junio pasado, modificó el Código Penal al incluir la reclusión o prisión de entre 5 y 20 años para quienes integren una asociación ilí­cita con fines terroristas. Para los jefes de aquella asociación se prevé un mí­nimo de 10 años. Las penas alcanzan a quienes recauden fondos o destinen dinero o bienes a estas redes sabiendo el destino que tendrán esos montos.Raúl Saccani, experto en Forensic Services de la firma KPMG en Argentina, remarcó la necesidad de considerar al lavado de dinero en si mismo como un delito autónomo. "Hablamos de encubrimiento porque el sujeto administra, vende, aplica, etcétera, bienes o activos de un delito del cual no tuvo que haber sido partí­cipe en ninguno de los tramos de la comisión del delito precedente", agregó. En tanto, precisó que en otras legislaciones "se le da el tratamiento de delito autónomo". "Al estar tipificado como encubrimiento, la persona no tuvo que haber participado del delito previo. De hecho, hablar de delitos en general constituye una de las crí­ticas que le hicieron a la legislación, que no define cuáles son esos delitos precedentes", afirmó.

Hernán Gilardohgilardo@infobae.com © infobaeprofesional.com