Milei festeja el superávit fiscal, pero hay advertencias de que la motosierra está al límite

Pese a todos los pronósticos en contrario, Javier Milei sigue celebrando mes a mes la obtención del superávit fiscal –"el ancla de hierro", la definió en un tuit-. Y el dato de octubre -que se acaba de informar oficialmente- tiene un condimento especial: coincidió con el cierre de la campaña electoral, lo cual habilitó a las comparaciones con los habituales "planes platita" de otros gobiernos.

El presidente destacó que el 1,4% del PBI acumulado en el año compensa por los recortes de impuestos como aranceles y el Impuesto PAIS. Y, de paso, aprovechó para tomarse revancha de los economistas que calificaban de "insostenible" la tendencia, como Carlos Melconian, a quien dedicó un "meme" alusivo.

Sin embargo, como también se ha tornado costumbre, cada resultado fiscal positivo genera un cúmulo de advertencias sobre la fragilidad de las cuentas y el riesgo de que no pueda ser sostenible a futuro.

En este caso, el resultado primario de $823.925 millones se contrapuso con la persistencia de una recaudación tributaria en baja. El hecho de que el ingreso en la caja de ARCA haya registrado en octubre su tercera merma interanual consecutiva hace que algunos economistas estén advirtiendo sobre una situación ya "estructural" y no una mera fase pasajera.

En otras palabras, si el superávit depende más del recorte de gasto público que del aumento en la recaudación impositiva, se podría llegar pronto a un límite político para la aplicación de la "motosierra". Eso deja la alternativa de una mayor presión tributaria, lo cual podría agravar el sesgo recesivo de la industria y la construcción, lo cual realimentaría la misma tendencia.

¿La motosierra está cerca del límite?

Como ha sido la tónica de los últimos meses, el mayor peso de los recortes estuvo en los subsidios a los servicios públicos, en particular a la energía y al transporte. Ese rubro tuvo en octubre una merma de 3,2% real. Y todo indica que el gobierno tratará de profundizar esa política, dado que aún después de los aumentos tarifarios, estos subsidios representan un 1% del PBI.

El otro rubro que viene soportando la "motosierra" es el de los salarios de los empleados estatales, donde el gasto volvió a caer en términos interanuales por novena vez consecutiva. Esta vez, el recorte fue de 7,2% real. Según una estimación de la consultora SBS, ese proceso ha llevado a que el rubro salarial cayera desde un 2,7% del PBI a un 2,2% en lo que va de la gestión Milei.

Aun así, este rubro sigue siendo el tercer mayor renglón del presupuesto nacional -luego de jubilaciones y asistencia social- representando un 12% del gasto primario total.

No resulta de extrañar, en consecuencia, que sean los sindicatos de empleados públicos los que estén liderando las movilizaciones de protesta contra la agenda de reformas del gobierno, en particular en los planos laboral y tributario. El reciente intercambio de acusaciones entre la agremiación ATE y la ministra Patricia Bullrich da la pauta del límite político que puede haber para la continuidad de esa política.

El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, definió que el objetivo final del nuevo plan de protestas es "provocar una crisis de este gobierno", a lo cual la ministra de Seguridad respondió con el anuncio de una denuncia penal por "actitudes desestabilizadoras y golpistas".

El test de los gobernadores provinciales

El ministro Toto Caputo volvió a destacar el hecho de que los sectores más vulnerables no han sufrido el efecto motosierra, dado que tanto las jubilaciones como la Asignación Universal para Protección Social han tenido incrementos en términos reales -un 8,1% y un 6,8% interanual, respectivamente-.

De todas formas, en la asistencia social hay posibilidades de que el gasto empiece a frenarse, como consecuencia de la revisión integral que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional, y que implica la auditoría sobre la cantidad de beneficiarios que realmente se encuentran en una situación que justifique el subsidio.

Pero no va a ser el único desafío para Caputo en el manejo de la política fiscal. Porque, además, si hubo algo que garantizó el superávit en los últimos meses fue el recorte en gastos de capital y en transferencias a provincias, cuyas caídas reales llegan a dos dígitos.

Y esas son, precisamente, las variables que entraron en negociación en la nueva etapa de diálogo con los gobernadores provinciales. Los reclamos de las provincias se centran en los recursos para la obra pública y en la asistencia para los pagos jubilatorios y de empleo público.

En estos días se está poniendo a prueba cuál es el margen de maniobra real del flamante ministro del interior, Diego Santilli, en la negociación con los jefes provinciales, que esperan un gesto del gobierno nacional luego de haber renunciado a su reclamo por el reparto automático de los Aportes al Tesoro Nacional.

Este fondo se compone por el 1% de la masa coparticipable neta, más el 1% de lo recaudado por Bienes Personales. Su creación tiene el objetivo de atender situaciones de emergencia o de desequilibrio financiero imprevisto. Por caso, fue echando mano a estos fondos que el ex ministro Sergio Massa ayudó a que varias provincias con problema de caja pudieran pagar sueldos y aguinaldos en 2023.

Pero Caputo lo llevó a su mínima expresión, lo cual generó la rebelión de las provincias, que se aplacó tras la victoria electoral de Milei y su propuesta de diálogo a los gobernadores.

Es por eso que los economistas están dando por descontado que los rubros de gastos de capital -el más ligado a la obra pública- y las transferencias a las provincias tendrán el año próximo una reversión en la tendencia del recorte.

La eterna pelea por los intereses

Finalmente, sigue tan vigente como siempre la polémica respecto de la forma correcta de medir el resultado financiero. En la contabilidad oficial, octubre registró, después del pago de intereses por deuda, un superávit de $517.672 millones.

Esto dejaría el resultado del período enero-octubre en un 0,5% del PBI. Pero, como siempre, hay quienes cuestionan las cifras oficiales al punto de afirmar que, si se contabilizaran los intereses de deuda capitalizados, no sólo no habría superávit, sino que las cuentas mostrarían un rojo equivalente a 2,3% del PBI.

El argumento es que, a la hora de informar las cuentas, el gobierno no considera los intereses que se van acumulando -pero que no se pagan hasta el final de la vida del bono- en el caso de las Lecaps, los títulos del Tesoro que absorbieron casi toda la liquidez que en otros tiempos se alojaba en las famosas "bola de Lebacs" -durante la gestión macrista- y "bola de Leliqs" -en la gestión de Alberto Fernández.

Es un tema que despierta virulentos debates entre los economistas. Quienes defienden al gobierno aducen que en una economía inflacionaria no tiene sentido contabilizar ese costo por capitalización.

Lo cierto es que se está lejos de lograr un consenso, salvo en un punto: que sólo se evitará que esa deuda se transforme en una bomba fiscal si se logra un "rollover" a tasas cada vez menores, que es lo opuesto a lo que se había visto hasta las elecciones. Ahora, con el nuevo escenario político, el gobierno confía en que las próximas licitaciones mostrarán que el Tesoro puede fondearse a plazos más largos y con menor costo financiero.