Se complica el futuro de Celulosa Argentina: la Justicia demora el concurso preventivo

La salida de la crisis para Celulosa Argentina demandará bastante más tiempo del previsto.

Por lo menos así surge de analizar una nota enviada por la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la cual informa que el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Primera Nominación de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, resolvió modificar el cronograma del concurso preventivo que tramita desde este año.

La decisión responde a un motivo concreto como es la enorme cantidad de pedidos de verificación de créditos presentados por acreedores y la complejidad que implica analizar cada uno de ellos.

Por esa razón, la sindicatura recién presentará el 30 de marzo de 2027 el informe individual que determinará qué acreencias serán admitidas dentro del proceso concursal y por qué montos.

Hasta entonces continuará el análisis de las presentaciones realizadas por bancos, proveedores, organismos públicos, trabajadores y demás acreedores que buscan ser reconocidos en el expediente.

Como paso previo, el tribunal fijó para el 10 de noviembre próximo la presentación de un informe donde la sindicatura deberá acreditar el grado de avance alcanzado en la revisión de esa documentación.

Este contexto debe ser enfrentado por Esteban Nofal, titular de CIMA Investments y quien tomó el control de Celulosa Argentina el 19 de septiembre de 2025.

La adquisición se realizó mediante la compra del 45,5% de las acciones y fue comunicada oficialmente a la CNV para evitar la quiebra de la empresa.

Aunque se trata de una decisión procesal, en el mercado es interpretada como una muestra de la dimensión que adquirió uno de los concursos preventivos más importantes que hoy enfrenta la industria argentina.

Celulosa Argentina: otra señal de alerta

El mismo día la compañía informó otro hecho relevante que incrementó la preocupación sobre la situación del grupo y que tiene que ver con que la Justicia Comercial dispuso la intervención plena de la administración de Forestadora Tapebicuá S.A.U.

Se trata de una empresa que es controlada por Celulosa Argentina y que es responsable de una parte fundamental del abastecimiento de madera para sus plantas industriales.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 14, que lleva adelante el concurso preventivo de esa sociedad.

Como consecuencia, fueron desplazados temporalmente los actuales administradores y se designó como interventora a María Anahí Cordero, quien ejercerá todas las facultades previstas por la Ley General de Sociedades y el estatuto de la empresa hasta el inicio del período de exclusividad previsto para octubre.

No se trata de una expropiación ni de un cambio de propietarios ya que la empresa continúa perteneciendo al mismo grupo empresario.

Pero su administración pasa a quedar bajo control judicial mientras avanza el proceso concursal, con el objetivo de preservar los activos y garantizar la transparencia de las decisiones durante una etapa considerada crítica.

Una deuda que terminó en tribunales

La situación actual de Celulosa Argentina es el resultado de una crisis financiera que se fue profundizando durante los últimos años.

La empresa llegó al concurso preventivo con una deuda financiera cercana a los u$s140 millones, acumulada tras varios ejercicios marcados por elevadas tasas de interés, restricciones financieras, aumento de costos industriales, caída de la demanda y dificultades para refinanciar obligaciones.

El detonante ocurrió cuando comenzaron a vencer compromisos financieros de corto plazo por alrededor de u$s18,5 millones, correspondientes a obligaciones negociables, pagarés bursátiles y otros instrumentos de financiamiento.

La imposibilidad de cumplir con esos vencimientos derivó en un incumplimiento que aceleró las negociaciones con los acreedores y finalmente desembocó en la presentación del concurso preventivo.

Pero con el ingreso de Nofal se reactivó un plan de rescate que se estructuró a través de varios ejes operativos y financieros.

Uno fue el paraguas judicial a partir del concurso preventivo de acreedores abierto por el Juzgado de San Lorenzo.

Otro fue el monto de la compra ya que Nofal adquirió el 45,5% del paquete accionario por el valor simbólico de un dólar (u$s 1).

Además, asumió un pasivo financiero global que superaba los u$s 128 millones y lanzó una OPA obligatoria para el resto de los accionistas que cerró en marzo de 2026, logrando una adhesión marginal del 0,089%.

De manera paralela, inyectó capital de trabajo mediante una línea de crédito directa de u$s18 millones a través de su financiera CIMA Investments que se utilizaron prioritariamente para cancelar deudas salariales acumuladas y adquirir insumos críticos para la operación.

En ese contexto, la planta de Capitán Bermúdez (Santa Fe), fue la primera planta en retomar sus funciones hacia fines de octubre de 2025.

El objetivo principal fue asegurar el abastecimiento del mercado interno mediante su esquema de integración total (desde el árbol hasta la resma).

La de Zárate (Buenos Aires), se normalizó de forma paulatina durante noviembre de 2025, logrando restablecer la operatividad plena del holding.

En la actualidad, ambas plantas mantienen una marcha continua con buenos niveles de eficiencia fabril.

No obstante, el directorio advierte que la rentabilidad final está condicionada por un mercado doméstico deprimido y la evolución de las variables macroeconómicas

Además, el pasivo definitivo del proceso concursal de Celulosa Argentina todavía no está determinado y justamente esa es la tarea que hoy desarrolla la sindicatura.

Es decir, la de verificar uno por uno los créditos reclamados para establecer cuál será el monto definitivo que deberá afrontar la empresa dentro del proceso judicial.

Esa revisión explica la decisión de extender varios meses los plazos del expediente.

Una empresa centenaria

La situación resulta especialmente relevante por el peso que Celulosa Argentina tiene dentro del entramado industrial nacional.

Fundada hace más de 100 años, se convirtió en uno de los principales fabricantes argentinos de papeles para impresión, escritura, embalaje y usos industriales.

Con el tiempo desarrolló además una fuerte integración forestal, incorporando plantaciones propias y empresas dedicadas a la producción de madera para abastecer sus procesos industriales.

Entre esos activos aparece Forestadora Tapebicuá, considerada estratégica porque constituye uno de los principales proveedores de materia prima para la producción de pasta celulósica.

Durante décadas el grupo abasteció tanto al mercado interno como a clientes del exterior, convirtiéndose en uno de los referentes históricos de la industria papelera argentina.

El deterioro operativo

La llegada al concurso preventivo no fue consecuencia de un único episodio sino el desenlace de un deterioro que se aceleró durante los últimos años y que combinó factores macroeconómicos con problemas propios de una industria que atraviesa una profunda transformación.

La compañía enfrentó un fuerte incremento de sus costos de producción por el encarecimiento de la energía, los productos químicos, el transporte y la logística.

A eso se sumó el peso creciente de los intereses de la deuda financiera y las dificultades para acceder a nuevo financiamiento en condiciones razonables.

Al mismo tiempo, el negocio papelero viene cambiando desde hace varios años a partir de la digitalización que redujo el consumo de papeles para impresión y escritura, mientras que la competencia de productos importados y la volatilidad del mercado interno obligaron a los fabricantes a trabajar con márgenes cada vez más estrechos.

En ese contexto, Celulosa Argentina intentó refinanciar pasivos y conseguir liquidez para sostener sus operaciones, pero finalmente la presión financiera terminó superando su capacidad de pago.

Fuerte impacto sobre el empleo

La crisis financiera no tardó en trasladarse a la operación industrial y antes de solicitar el concurso preventivo, la empresa debió paralizar temporalmente sus plantas de Capitán Bermúdez, en Santa Fe, y Zárate, en la provincia de Buenos Aires, debido a las dificultades para sostener el ritmo de producción y garantizar el abastecimiento de insumos.

La situación también alcanzó a Forestadora Tapebicuá, cuya actividad se redujo significativamente en medio del proceso de reorganización del grupo.

En conjunto, Celulosa Argentina emplea alrededor de 1.500 trabajadores, entre personal propio y actividades vinculadas a sus distintas unidades de negocio, por lo que la evolución del concurso es seguida de cerca por sindicatos, proveedores, clientes y autoridades provinciales.

En Corrientes, donde opera Forestadora Tapebicuá, la incertidumbre también impactó sobre cientos de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a la actividad forestal, una de las principales economías regionales de esa provincia.

En el caso de la decisión judicial sobre esta sociedad, no es una medida habitual dentro de un concurso preventivo.

La intervención plena implica que la administración deja de estar en manos de las autoridades designadas por los accionistas y pasa a ser ejercida por un interventor nombrado por la Justicia.

Su función consiste en preservar el patrimonio de la empresa, garantizar que las decisiones se adopten en beneficio del proceso concursal y evitar operaciones que puedan perjudicar a los acreedores.

Expediente complejo

En el caso de Celulosa Argentina, la decisión de postergar el informe individual de la sindicatura también permite dimensionar la magnitud del concurso.

Ese documento será el que determine qué acreedores serán reconocidos, qué montos se aceptarán y cuáles quedarán observados o rechazados.

Recién después de esa etapa comenzará una de las fases más importantes del proceso: la negociación formal con los acreedores para intentar alcanzar un acuerdo preventivo.

En otras palabras, el concurso todavía está lejos de su definición.

Además, la cantidad de verificaciones presentadas demuestra que el pasivo involucra a un amplio universo de bancos, entidades financieras, proveedores industriales, organismos fiscales y otros acreedores comerciales, lo que convierte al expediente en uno de los más complejos que hoy tramitan en el ámbito empresarial argentino.

Una industria con sus propios desafíos

La crisis de Celulosa Argentina se produce en un momento de transformación para toda la industria papelera.

El consumo de papeles gráficos viene cayendo desde hace varios años como consecuencia de la digitalización de libros, diarios, revistas y documentación administrativa.

Al mismo tiempo, los fabricantes intentan compensar esa pérdida con productos destinados al packaging, embalajes, papeles especiales y soluciones para comercio electrónico, segmentos que muestran un mayor dinamismo.

Sin embargo, esa reconversión requiere inversiones permanentes y una estructura financiera sólida, dos condiciones que Celulosa Argentina perdió a medida que aumentaba su endeudamiento.

La combinación entre menor demanda en algunos segmentos tradicionales, elevados costos industriales y restricciones para acceder al crédito terminó deteriorando la posición financiera de una empresa que durante décadas fue una referencia del sector foresto-industrial argentino.

Meses que serán decisivos

A pesar de la complejidad del escenario, el concurso preventivo tiene un objetivo central: evitar la quiebra y permitir que Celulosa Argentina continúe operando mientras negocia una reestructuración integral de sus pasivos.

El primer paso será la presentación, el 10 de noviembre próximo, del informe de avance que deberá elaborar la sindicatura sobre el análisis de las verificaciones de créditos.

Ese documento permitirá conocer cuántos acreedores ya fueron revisados y cómo evoluciona uno de los expedientes concursales más importantes del sector industrial.

Luego llegará una instancia clave para Forestadora Tapebicuá y si el cronograma judicial se mantiene, el 23 de octubre próximo comenzará el período de exclusividad de su concurso preventivo, durante el cual la empresa tendrá prioridad para negociar una propuesta de acuerdo con sus acreedores sin que terceros puedan impulsar alternativas.

En el caso de Celulosa Argentina, el hito más importante será el 30 de marzo de 2027, cuando la sindicatura presente el informe individual definitivo con el detalle de los créditos admitidos y observados.

Recién entonces se conocerá con mayor precisión cuál es el verdadero pasivo concursal que deberá afrontar la compañía y sobre el cual se negociará el acuerdo preventivo.

El futuro de la empresa

El escenario futuro dependerá de la capacidad de la empresa para reunir las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras.

Si logra alcanzar un acuerdo con sus acreedores y ese convenio es homologado por la Justicia, Celulosa Argentina podrá reestructurar sus obligaciones, extender plazos de pago e incluso pactar quitas o nuevas condiciones financieras que le permitan recuperar estabilidad.

En cambio, si no consigue las adhesiones necesarias, el proceso podría derivar en alternativas mucho más complejas, incluida una eventual quiebra, aunque ese escenario todavía aparece como la última instancia prevista por la legislación.

En paralelo, no se descarta que durante el proceso puedan aparecer inversores interesados en aportar capital o participar en una futura reestructuración accionaria.

Sin embargo, por el momento no existe ninguna operación anunciada ni cambios en el control de la compañía.

Clave para toda la cadena

La evolución del concurso no sólo preocupa a sus accionistas y acreedores.

Celulosa Argentina mantiene vínculos comerciales con cientos de proveedores de madera, productos químicos, transporte, energía, logística y servicios industriales, además de abastecer a numerosas empresas que utilizan papel como insumo para sus propios procesos productivos.

Por esa razón, cualquier definición sobre su futuro tendrá impacto sobre una extensa cadena de valor que involucra a distintas provincias, especialmente Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes, donde el grupo concentra buena parte de sus operaciones industriales y forestales.

A ello se suma el efecto sobre el empleo ya que los cerca de 1.500 puestos de trabajo vinculados al grupo convierten al proceso concursal en un tema de seguimiento permanente para sindicatos, gobiernos provinciales y comunidades donde la empresa tiene presencia histórica.

Caso testigo

Más allá de la situación particular de la compañía, el expediente de Celulosa Argentina se transformó en uno de los casos más relevantes del año dentro del mundo empresario.

No sólo por el volumen de deuda involucrado —estimado en torno a u$s140 millones antes del inicio del concurso—, sino también porque refleja las dificultades que enfrentan industrias intensivas en capital en un contexto de elevados costos financieros, cambios tecnológicos y una demanda que todavía muestra señales de debilidad.

La decisión de la Justicia de extender el cronograma del concurso y de intervenir la administración de Forestadora Tapebicuá confirma que el proceso será más largo y complejo de lo previsto inicialmente.

El desafío para la histórica papelera será aprovechar ese tiempo para construir un acuerdo que garantice la continuidad de una empresa con más de un siglo de trayectoria y un papel estratégico dentro de la industria foresto-industrial argentina.

Sin embargo, el desenlace todavía permanece abierto y dependerá tanto de la evolución del expediente judicial como de la capacidad de la compañía para recuperar la confianza de sus acreedores y sostener la operación mientras avanza la reestructuración.