El Gobierno acordó con CABA incluir en el Presupuesto el pago de la deuda de la coparticipación

El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para incorporar en el Presupuesto 2026 las partidas destinadas a saldar la deuda por coparticipación federal. La decisión se terminará de plasmar este martes en el texto del proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

La inclusión se definió a contrarreloj, en medio de las negociaciones finales del oficialismo para garantizar los votos necesarios que le permitan llevar la iniciativa al recinto este miércoles, en la sesión especial convocada para tratar la ley de gastos y recursos del próximo año.

La ausencia de una solución para la deuda con la Ciudad había puesto en alerta al PRO, que dejó claro que no acompañaría el Presupuesto si el tema no quedaba expresamente contemplado. Esa tensión ya se había reflejado durante el debate en comisión, cuando los diputados Fernando De Andreis y Daiana Molero respaldaron el dictamen oficial en disidencia, precisamente por la negativa inicial del Gobierno a incorporar este punto.

Qué dice el texto que se agregará al Presupuesto

Según fuentes al tanto de la negociación, el proyecto incorporará una cláusula específica que habilita el cumplimiento del fallo judicial. El texto consensuado establece: "Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad- cobro de pesos’".

La deuda total que la Nación mantiene con la Ciudad asciende a $274.000 millones, según las estimaciones oficiales.

Desde el PRO detallaron que el entendimiento alcanzado va más allá del reconocimiento de la deuda acumulada. "Se acordó la regularización del monto de la coparticipación", explicaron fuentes partidarias, y precisaron que se estableció que CABA reciba el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, un porcentaje inferior al 3,50% que reclamaba originalmente la Ciudad.

Además, se dispuso que las transferencias se realicen de manera diaria y automática, a través del Banco de la Nación Argentina, poniendo fin al esquema de giros semanales y discrecionales que venía aplicando el Poder Ejecutivo.

Este criterio replica lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2022, cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad en el conflicto por el recorte de coparticipación decidido durante el gobierno de Alberto Fernández, que había redireccionado fondos hacia la provincia de Buenos Aires para financiar el aumento salarial de la Policía Bonaerense.

El rol del PRO en la negociación

Si bien el presidente Javier Milei había expresado su voluntad de cumplir con la sentencia judicial, en la práctica los mecanismos de pago implementados hasta ahora no conformaban a la administración porteña. Esa situación activó las negociaciones apenas comenzó el armado del Presupuesto 2026.

En el oficialismo y en el Congreso coincidieron en que fueron determinantes las gestiones de Diego Santilli, ministro del Interior, y de Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, quien mantuvo una postura firme respecto de las condiciones para acompañar el proyecto.

Con este acuerdo, el Gobierno despeja uno de los principales obstáculos políticos para la aprobación del Presupuesto y refuerza el entendimiento con su principal aliado parlamentario, en una semana clave para la agenda legislativa y económica en el Congreso.

Provincias Unidas en alerta por la derogación de leyes para universidades y discapacidad

Además, en la bancada de Provincias Unidas que reúne a diputados alineados con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y radicales "díscolos" como Martín Lousteau y Pablo Juliano cayó muy mal que el oficialismo incluyera en el Presupuesto la derogación de la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad.

Fuentes de ese bloque deslizaron a iProfesional que por esta controvertida decisión sus 18 diputados están pensando en "votar en contra en general". Podrían arrastrar también a los cuatro de Encuentro Federal y Coalición Cívica.

En ese contexto, el oficialismo necesitará contar con acuerdos sólidos para evitar algún tropiezo durante la votación en particular del Presupuesto 2026, donde más allá que el proyecto se apruebe y pase al Senado podría sufrir la caída de algún artículo si los libertarios no cubren ese frente.

Cuáles son los puntos principales del Presupuesto 2026

En principio, el oficialismo confía en que la aprobación general está asegurada. Y es que los gobernadores también quieren que haya una ley de Presupuesto que dé un marco mínimo de referencia para el plan económico.

La iniciativa prevé un resultado financiero superavitario de $2,7 billones y fija el total de gastos corrientes y de capital de la Administración Nacional para 2026 en $148 billones. Además, estima una inflación anual de 10,1% para diciembre de 2026, un crecimiento de la economía del 5%, superávit fiscal primario de 2,2% del PBI y un dólar a $1.423.

Por otro lado, el proyecto incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026, una medida que busca cubrir picos de demanda energética que no puedan ser abastecidos por la producción local.

Además, el texto mantiene la derogación de las metas de financiamiento mínimo para educación, la ciencia y la defensa, otro punto que genera debate con la oposición más dura y ruido en algunos de los bloques aliados.