El concurso preventivo al que se presentó una de las mayores desarrolladoras inmobiliarias de la Argentina podría derivar en una resonante causa por estafa debido al monto de la deuda y a los nombres de los involucrados.

La denuncia está dirigida contra Ribera Desarrollos, propiedad de Carlos De Narváez, hermano del empresario y ex diputado nacional Francisco De Narváez, quien solicitó ante la justicia la apertura del proceso concursal para reestructurar una deuda que va de los u$s90 millones a los u$s200 millones y que la compañía asegura no poder hacer frente.

Entre los acreedores figuran casi todos los bancos más importantes de la City porteña, además de varias empresas, proveedores, inversores y propietarios de dos torres que la empresa vendió pero que no construyó nunca. Por caso, los bancos Patagonia, HSBC e Hipotecario, que fueron inversores del emprendimiento Al Río. También la distribuidora energética Edenor, propiedad del empresario Marcelo Mindlin, quien le pagó u$s50 millones a De Narváez para la construcción de un edificio en el emprendimiento que nunca se concretó.

Según fuentes cercanas al proceso, la deuda supera los u$s200 millones, de los cuales u$s90 millones fueron aportados por los bancos; otros u$s50 millones a Mindlin y una importante suma en cheques rechazados, además de u$s15 millones adicionales con la sociedad de bolsa del Grupo Cohen.

En ese marco, existe un grupo que se manifestó indignado con la decisión de Carlos De Narvaéz y que impulsa acciones legales más allá del concurso preventivo por entender que se trata de una estafa y no de un negocio que fracasó por la situación de inestabilidad económica del país. Incluso, una de las empresas de seguros de caución contratada para hacer frente a situaciones de este tipo ya habría presentando una demanda penal contra De Narváez para llevar el caso a la justicia federal.

En este sentido, el Grupo Cohen picó en punta y ya presentó una demanda penal en contra del empresario. La denuncia tiene fecha del 27 de diciembre del año pasado y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional 53, interinamente a cargo de Martín Peluffo. 

El grupo decidió tomar esta acción luego de no haber recibido respuesta a sus varios reclamos de pago efectuados a De Narváez en calidad de fiador de la Obligación Negociable privada emitida por Ribera Desarrollos. Por lo menos así lo informa el propio Grupo Cohen a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en un comunicado en el cual también se hace referencia a las actuaciones ante un Tribunal de Arbitraje, al cual se le solicitó que se dieran por terminadas las gestiones "en razón de la falta de información requerida y el estrecho marco procedimental de la mediación".

En la actualidad, el concurso preventivo de Ribera Desarrollos se tramita en el Juzgado Comercial 12, Secretaría 23, de Hernán Papa. Para presentarlo, De Narváez desplazó al Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemelo con el que venía trabajando, y contrató al Estudio Grispo, con el objetivo de levantar el concurso preventivo en 60 días.

El detonante de la causa es el emprendimiento de oficinas Al Río, pegado a la intersección de las avenidas Libertador y General Paz, del lado de la localidad bonaerense de Vicente López.

Se trata de un millonario proyecto para levantar en esa zona un mega emprendimiento inmobiliario dividido en varias parcelas en un terreno de 16 hectáreas en donde se instalaron por ahora desde edificios para residencia, oficinas, bancos, locales comerciales y la sede del diario La Nación, todo junto al predio del supermercado Carrefour.

Contempla también un centro comercial, dos torres de oficinas en el lado norte y sur del predio, además de locales para pymes y residencias de lujo. Sin embargo, hasta ahora se construyó la torre sur y algunos locales comerciales y le restan cerca de 80.000 metros en los cuales se proyectan levantar edificios de 36.000 metros cada una que ya están vendidas pero que no se han iniciado ni los cimientos todavía.

En medio de un escenario negativo para el sector por la suba de costos, altas tasas de interés, caída de las ventas y la devaluación, De Narvaéz salió a buscar inversores para cumplir con lo que resta del emprendimiento.

Lo hizo de la mano de la consultora First Capital que comandan Miguel Arrigoni y José Luis Garófalo.  Ambos expertos en reestructuraciones financieras lograron cerrar un acuerdo con el grupo Portland que ofreció mejores condiciones que sus competidores de Pegasus para quedarse con el control del mega proyecto inmobiliario.

El objetivo era inyectar alrededor de u$s40 millones de manera inmediata al proyecto para reflotar inversiones mayores por u$s800 y sumar nuevos desarrollos en el predio como un mini estadio deportivo cubierto, un hotel cinco estrellas y 16 torres de departamentos de lujo.

Sin embargo y a pesar de haberse dado a publicidad, el acuerdo se cayó por ciertas diferencias entre Portland y De Narvaéz que impidieron continuar con el proyecto y hasta tensaron las relaciones comerciales entre ambos al punto que algunas fuentes aseguran que se avecina un problema judicial adicional.

La situación derivó en la presentación judicial de Ribera Desarrollos, al no contar con fondos frescos para continuar con la obra y al quedar la empresa descalzada financieramente y sin chances de acudir a nuevos créditos ni a la emisión de Obligaciones Negociables (ON) que le permitan sostener la iniciativa.

De hecho, también sufrió la marcha atrás del lanzamiento de una serie de este tipo de títulos que había preparado uno de los mayores bancos locales que luego desistió de avanzar por la situación del país.

Con ese dinero, De Narváez iba a cubrir su problema de endeudamiento y al no poder concretarse, profundizó la situación de inestabilidad de Ribera Desarrollos que se había quedado sin flujo de fondos y llevó a su dueño a pedir asistencia judicial para intentar reestructurar el pasivo y sanear las cuentas.

En este punto es donde se generan las diferencias con respecto a la visión que tienen ciertos acreedores y aseguradoras de caución con respecto a las causas que llevaron a De Narváez y su empresa al concurso preventivo.

De hecho, algunas compañías de seguro como Prudencia estarían analizando un escenario judicial más complejo y vinculado a la presentación de una denuncia penal por estafa con el objetivo de desarticular el pago de los seguros. Un camino similar seguirían otras empresas del mismo tipo teniendo en cuenta que en algunos casos el dinero a hacer frente es muy grande. Un ejemplo es el de los u$s50 millones que debe cancelar Compañía Aseguradora de Cauciones para hacer frente a la póliza contratada por Edenor.

Al respecto, Jorge Grispo, abogado de Ribera Desarrollos, se mostró sorprendido por la posibilidad de que la causa derive en situaciones penales para Carlos De Narváez. "Me llama la atención que esto pueda ocurrir porque está lejos de ser una cuestión de índole penal ya que la cesación de pagos ocurre como consecuencia de la caída de las ventas del mercado, la devaluación y la falta de flujo de fondos que atraviesa la compañía", explica en diálogo con iProfesional.

"A esto se le sumaron problemas con Carrefour y el fracaso de la emisión de ON que no se hizo a pesar de que el banco emisor hasta había otorgado préstamos puente y se echó atrás por las condiciones del país", agrega Grispo.

Según el abogado, Ribera Desarrollos viene demostrando ante la justicia una clara conducta de intención de resolver el problema negociando con sus acreedores y llegando a un acuerdo de la manera más rápida posible.

"La intención es darle solución a la problemática bancaria como a la de todos los demás involucrados en el proyecto. Hay mucha preocupación en el directorio de la empresa para poder resolver el tema rápido y de manera global", señala el letrado de Carlos De Narváez.

Con respecto al monto de la deuda, Grispo prefiere no dar el número exacto que se ha presentando en el concurso preventivo y aclaró que el monto será determinado por el proceso judicial.

También explica ciertos créditos tomados por la desarrolladora inmobiliario se encuentran hipotecados con activos del proyecto. Pero aclara que los bancos titulares de dichas hipotecas también deberán presentarse en el proceso concursal. "Tienen algunas reglas especiales, pero no quedan afuera del concurso preventivo", agrega Grispo, quien sostiene que la decisión de declarar la cesación de pagos "se tomó con el objetivo de proteger el patrimonio de la compañía y evitar ciertos riesgos que implican las ejecuciones individuales".

Reitera que la intención del empresario es la de lograr un rápido acuerdo con los acreedores para resolver el problema cuanto antes de manera satisfactoria para todas las partes involucradas. De lograrlo, le permitiría a la empresa encontrar futuros inversores interesados en continuar con el emprendimiento de Vicente López.