Más de 100 propietarios de taxímetros presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay contra un decreto de la Junta Departamental de Montevideo que habilita el funcionamiento de las plataformas electrónicas de transporte (Uber, Easy Taxi y Cabify).

El recurso, que fue elaborado por el ex decano de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho Civil, Juan Andrés Ramírez, en representación de los propietarios de taxis, señala que disposiciones del Decreto 36.197 violan los principios de igualdad y de seguridad jurídica establecidos en la Constitución de la República.

Según una nota del diario El País de Montevideo, Ramírez pidió audiencia a la Corte para informar a los ministros sobre el caso. La fecha de esa audiencia todavía no fue fijada.

Consultado sobre qué ocurrirá si la Suprema Corte decide que es inconstitucional el decreto que regula las plataformas de transporte, Ramírez respondió: "Esa norma dejará de aplicarse. Si cae el decreto, caen Uber y las demás aplicaciones. Quedan solo los taxis. Ahí sí podría definirse un aumento de la cantidad de taxis en función de la demanda".

El artículo de El País explica que el documento firmado por Ramírez expresa que el decreto viola la Constitución de la República al permitir el ingreso al sistema de transporte de permisarios de plataformas (Uber, Easy Taxi y Cabify) que no pagan por matrículas en "competencia desigual" con los taxis que sí lo hacen.

El decreto de la Junta de Montevideo también habilita el ingreso de nuevos choferes sin previamente constatarse un aumento de la demanda, lo cual viola artículos de la Carta Magna que consagran el principio de la seguridad jurídica, según argumentó Ramírez.

La situación es bien distinta para los taxis. La adjudicación de nuevos taxis se hace mediante licitación de la Intendencia de Montevideo luego de estudios de demanda a los efectos de ajustar la oferta con las necesidades detectadas.

El número de taxis se calcula aproximadamente a razón de uno por cada 500 habitantes, lo que hace que existan unos 3.000 "permisarios" en Montevideo. Las tarifas son obligatorias para todos los taxímetros y las fija el Estado, diferenciadas en tarifas diurna, nocturna y de días feriados.

En cambio, según El País, las plataformas electrónicas gozan de beneficios que "distorsionan" el sistema de transporte, según el recurso de inconstitucionalidad Uno de ellos es que no hay límite al número de vehículos utilizados por las plataformas electrónicas.

El 9 de marzo de 2018, la Intendencia remitió a la Junta un proyecto de decreto solicitando autorización para suspender el registro de nuevos permisarios de plataformas electrónicas, lo que fue resuelto favorablemente.

Se estableció una suspensión hasta el 31 de diciembre de 2018. A esa fecha, advierte el escrito de Ramírez, los permisarios de plataformas electrónicas ya habían duplicado al número de taxis, lo que significaba la "segura destrucción" del sistema de transporte individual, "liquidando" a los permisarios de taxímetros en desigual competencia con Uber, Easy Taxi y Cabify.