Las relaciones entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) siguen dentro de un "freezer".

Desde hace un tiempo, la presidenta Cristina Kirchner ya no asiste a los actos organizados por la entidad. En cambio, antes hasta solía participar a modo de clara señal en apoyo del líder sindical Hugo Moyano.

En tanto, la dirigencia gremial ya no defiende con tanta firmeza el modelo oficialista, al que, inclusive, se ha animado a cuestionar en algunos aspectos, como lo es la inflación, algo que, durante mucho tiempo, estuvo alejado del discurso del líder cegetista.

Sin embargo, uno de los síntomas que quizás pone más en evidencia este distanciamiento se manifiesta en el Congreso.

En efecto, el proyecto de ley que propone el reparto de ganancias de empresas entre los empleados, impulsado por el diputado y asesor legal de la CGT Héctor Recalde, quedó "cajoneado".

El año pasado, esta iniciativa había sido el principal "caballito de batalla" de la central obrera, pero transcurrido el primer semestre de 2011 no sólo se ganó el rechazo de la oposición y las críticas del empresariado sino que, además, ahora ya no cuenta con una mano que lo empuje desde el Gobierno.

La CGT se percató de la situación y del giro que pegó el oficialismo y decidió salir a reflotar la propuesta parlamentaria.

Un cambio de rumbo

En las últimas semanas, Recalde citó nuevamente a diversos empresarios a la Cámara Baja para discutir la iniciativa y hasta se mostró más flexible frente a los planteos recibidos respecto de la introducción de cambios en el texto de ley propuesto.

"Éste es un proyecto que está sujeto a modificaciones, para lograr la mayor cantidad de consenso", destacó el legislador ante la consulta de iProfesional.com sobre los pasos a seguir para intentar que sea sancionado.

De aprobarse tal como inicialmente fuera redactado, las empresas se verían obligadas a repartir un 10% de sus utilidades netas anuales entre sus empleados. Más aún la iniciativa original establece la creación de un Consejo Laboral tripartito y promueve la constitución de un Fondo Solidario destinado a beneficiar, con una compensación económica, a los trabajadores no registrados que perciben la Asignación Universal por hijo.

En este escenario, el asesor legal de la CGT anticipó que entre los ajustes que se están analizando se encuentran:

• La exclusión de las pequeñas y medianas empresas respecto de la obligación de repartir ganancias.
• Que a los fines de conformar el Fondo Solidario, sólo las compañías que más ganan sean las que aporten un 5% de sus dividendos.
• Que la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) esté integrada al Consejo Nacional de Participación Laboral, que funcionará como autoridad de aplicación de la ley, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.

Además, como parte de esta "operación ablande" que ahora busca la CGT para reflotar el proyecto y que tenga más chances de ser tratado, Recalde destacó a este medio que el porcentaje de utilidades a distribuir "podría ser revisado" y hasta planteó que podría abonarse mediante un bono, tal como había sugerido la Unión Industrial Argentina (UIA). En tanto, rechazó cualquier posibilidad de la cogestión obrera, algo que pone los pelos de punta a los hombres de negocios.

"La CGT sigue manteniendo la misma posición, queremos debatir la distribución de ganancias con las grandes cámaras que se rehúsan. Aunque este año es complicado porque es electoral, igual queremos que se apruebe", aseguró a este medio el diputado de la CGT y mano derecha de Moyano, Omar Plaini.

El reclamo resurgió en la agenda gremial en medio del malestar que provocó el armado de las listas de candidatos del kirchnerismo para octubre.

Sucede que la cúpula de la CGT se vio seriamente perjudicada y fue uno de los sectores que menos cargos obtuvo, en contraste con La Cámpora que se llevó "el grueso del botín".

Así, la carrera electoral de la que muchos legisladores participan, terminó por congelar la discusión sobre el reparto de ganancias al menos hasta fin de año, ya que el Congreso entró en receso y retomará sesiones recién en noviembre, una vez concluidos los comicios nacionales.

Obstáculos en el caminoUno de los principales obstáculos que enfrenta el proyecto de la central obrera es el rechazo abierto del empresariado a que se convierta en ley.

Su argumento consiste en que el reparto de ganancias compromete la productividad, afecta el derecho de propiedad e introduce un modelo velado de cogestión. Por ello, los industriales llegaron a decir que "la Argentina se parece a Cuba" y denunciaron la medida como un "apriete sindical".

Si bien algunas entidades enviaron documentos a la comisión de Trabajo de Diputados, hasta ahora, las cámaras más poderosas optaron por hacerle el vacío a las reuniones convocadas en el Congreso por Recalde.

La UIA fue la primera en "pegar el faltazo" a la Cámara Baja. El mismo camino siguieron los restantes miembros del Grupo de los Seis (G6), como la Sociedad Rural Argentina, la Asociación de Bancos, la Cámara Argentina de la Construcción, la de Comercio y la Bolsa de Buenos Aires, en sintonía con la postura adoptada por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

En tanto, quienes participaron de las rondas de debate fueron los pequeños empresarios de la CAME, APYME, los profesionales, y la CGT junto con las dos fracciones de la CTA, en representación de los trabajadores.

La semana pasada se realizó la última audiencia en Diputados para debatir la iniciativa y Recalde se había mostrado optimista porque la Cámara de Exportadores (CERA) se hizo presente. Sin embargo, la entidad presentó un documento en el que criticó con dureza la propuesta y advirtió que "será desafiada judicialmente, generando alta litigiosidad e incertidumbre".

En este escenario, algunos diputados sospechan que el Gobierno no se arriesgará a enviar al recinto una propuesta que podría significarle un conflicto político de envergadura con el sector privado antes de los comicios de octubre.

"No creo que, en este año electoral, desde el oficialismo y la oposición quieran plantear esta discusión, porque es un tema que va a generar algún nivel de rechazo de los grupos empresarios", reveló a iProfesional.com Ariel Basteiro, un sindicalista de la CTA de Hugo Yasky que integra la comisión presidida por Recalde.

El indicio más claro lo dio la Presidenta en el último discurso en el que se refirió al tema, cinco días después de que Moyano pidiera expresamente que se tratara la propuesta parlamentaria este año y reclamara lugares en las listas de candidatos, durante un acto masivo por el Día de los Trabajadores.

A diferencia del pedido del proyecto de ley, Cristina Kirchner propuso la distribución de dividendos, no como algo implementado de manera única y general para todas las ramas de actividad sino a través de cada uno de los convenios colectivos de trabajo. Y citó al caso testigo de la fabricante de neumáticos Firestone Bridgestone, que en el 2011 repartió $3.294 a cada uno de sus 1.300 empleados.

"Me parece que (la convención colectiva) es un método muy idóneo, realmente, para poder discutir el tema de distribución de ganancias, por una razón muy sencilla: una ley es algo general, lo general no puede ser aplicado a todo el mundo y a todas las actividades económicas", señaló la mandataria a principios de mayo.

La diferencia sustancial con la propuesta de la CGT es que el reparto de utilidades pasa a depender así de los resultados de las negociaciones paritarias entre empresas y sindicatos, mientras que en la iniciativa de Recalde se busca obligar a las compañías a distribuir ganancias entre el personal, tal cual lo prevee el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

Así, lo que parecía una sútil sugerencia del Ejecutivo, en los hechos resultó ser un giro político del oficialismo de 180º, que pasó de respaldar el proyecto del asesor legal de la CGT a recoger la postura empresaria de imitar el modelo de Brasil, donde las ganancias se distribuyen a través de las negociaciones colectivas.

El Plan B de la CGT

Sin el paraguas del Gobierno, la central obrera no se dio por vencida y comenzó a explorar otras vías para lograr su cometido.

Sucede que algunos dirigentes evalúan la posibilidad de aceptar la propuesta del Ejecutivo de desistir de la iniciativa y encausar el reclamo a través de las negociaciones colectivas, pero para avanzar primero en ese terreno y después volver al Congreso con más fuerza.

Los sindicalistas son conscientes de que, en algunas ramas donde los sindicatos son débiles, va a ser difícil imponer el reparto de ganancias dentro de los convenios de trabajo. Sin embargo, en aquellas actividades, donde estos son fuertes, no descartan apostar a introducir cláusulas en los acuerdos que permitan la distribución de utilidades entre los empleados antes de fin de año, cuando muchos trabajadores reciben premios y bonos en concepto de productividad.

Uno de los casos es el del sindicato del neumático (nucleado bajo la CTA) que, en estos momentos, se encuentra en negociaciones con FATE y Pirelli. Su intención es extender a dichas plantas el acuerdo que actualmente mantiene con Firestone, por el cual los obreros participan desde el 2001 de las ganancias de la multinacional.

En tanto, los metalúrgicos están en tratativas con el grupo Techint. Al finalizar cada año, Siderar reparte dividendos entre los obreros, quienes reciben entre 8.000 y 10.000 pesos. La idea es que este año se repita y lo que se discute es el monto.

La nueva táctica consistiría en avanzar con acuerdos por empresa para sentar un precedente que, luego, le permita a la CGT posicionarse en mejores condiciones para llevar adelante el debate en el Congreso. "Una vez que tengo la jurisprudencia, te tiro toda la carne al asador", graficó un dirigente de la CGT.