La Cámara Federal declaró inconstitucionales los indultos de Menem
La Cámara Federal declaró hoy inconstitucionales los indultos con que el ex presidente Carlos Menem benefició a los altos jefes de la última dictadura militar, con lo que allanó el camino para someter a juicio oral a tres de ellos en la "megacausa" conocida como Primer Cuerpo del Ejército.
En 23 párrafos en los que por primera vez un tribunal de apelaciones invalidó los indultos, los camaristas de la sala I Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani afirmaron que los crímenes en el Primer Cuerpo del Ejército "fueron llevados a cabo en el contexto del sistema clandestino de represión" de la dictadura militar "que usurpó el poder entre 1976 y 1983".
Estos delitos "no son susceptibles de ser indultados ni amnistiados", según la resolución a la que accedió Télam y que abarcó a los generales retirados Carlos Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ y Jorge Olivera Rovere y a los ya fallecidos José Montes, Andrés Ferrero y Adolfo Sigwald.
Además, advirtió que se trata de "crímenes de lesa humanidad" cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura y que "significaron el sometimiento de la vida, honor y fortunas de los argentinos" a ese gobierno o a alguna de las personas que lo conformaron.
En base a tratados internacionales que exigen investigar estos crímenes, para los camaristas que firmaron hoy la resolución "resulta evidente" que los decretos firmados por Menem -el 1002/89 y 2746/90- incumplieron con compromisos asumidos por el país.
Los indultos impidieron "la persecución y sanción a los responsables de esos delitos", escribieron los camaristas.
Suarez Mason, Sasiaiñ y Olivera Rovere están procesados con prisión preventiva, aunque beneficiados con arresto domiciliario por su edad, en la reabierta "megacausa" por violaciones a los derechos humanos en el Primer Cuerpo del Ejército, que será elevada a juicio oral en los próximos meses.
Pese a que se descuenta que sus defensas apelarán la resolución y el caso irá a Casación penal y podría llegar a la Corte Suprema, el juez del caso, Daniel Rafecas, analizará si pese a ello está en condiciones de enviarlos a juicio oral, adelantaron a Télam fuentes judiciales.
La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia de Rodolfo Canicoba Corral, el primer juez de instrucción que declaró inválidos los indultos a pedido del entonces fiscal y ahora camarista Eduardo Freiler, quien se excusó de intervenir ahora en esta resolución que, de hecho, avaló un pedido suyo.
Los camaristas acotaron que el artículo 29 de la Constitución Nacional sanciona con nulidad "aquellos actos que constituyan una concentración de funciones y un avasallamiento de las garantías individuales que la ley fundamental establece".
Además, remarcaron la existencia de un "interés común" de la comunidad internacional en "la prohibición, juzgamiento y sanción" de los crímenes de lesa humanidad y la obligación de perseguir penalmente a sus autores.
Los camaristas recordaron que luego de la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales a los que adhirió Argentina -como el pacto de San José de Costa Rica- "tienen jerarquía superior a las leyes" locales.
Al apelar la decisión de Canicoba Corral, la defensa de Suárez Mason había expuesto que esos pactos tuvieron vigencia en Argentina con posterioridad a la dictadura, pero Vigliani y Cavallo indicaron que el Estado se encontraba por entonces "imposibilitado de actuar contra la validez de los indultos".
Los jueces aclararon, además, que, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación "sólo adquirirán el efecto de cosa juzgada material aquellas sentencia que hayan sido dictadas luego de un 'debido proceso'".
El tribunal rememoró que Olivera Rovere, Sasiaiñ y Suárez Mason prestaron declaración indagatoria el 8 de abril de 1987, el 9 de abril de 1987 y el 12 de mayo de 1988, respectivamente, y luego la ley 23.521 del gobierno de Raúl Alfonsín benefició a los militares involucrados en ilícitos, sin que hubiera "acusación fiscal" contra ellos.
Suárez Mason, Olivera Rovere y Sasiaiñ fueron desvinculados de la causa con la firma de los decretos de indulto, por lo que "ninguno de ellos ha corrido riesgo de ser condenado (con anterioridad) por los hechos investigados", concluyó la Cámara. (Télam)