Righi ordenó a fiscales penales evitar la prescripción de causas
El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, le ordenó a los fiscales penales que intenten evitar la prescripción de las causas promovida a través de la nueva ley 25.990, que acorta los plazos para cerrar las investigaciones, y que insten a los jueces a cumplir con los plazos procesales y no demoren los expedientes.
La orden fue emitida a través de una resolución de la Procuración que llegó a los despachos de todos los fiscales que instruyen causas penales, se informó hoy.
Precisamente, muchas causas penales se precipitaron rápidamente hacia su prescripción, luego de que el Congreso votara la ley 25.990, que modificó los plazos para dar por cerradas las investigaciones que derivarían así en el sobreseimiento de muchos imputados.
Righi subrayó, en ese marco, que "una de las funciones encomendadas al Procurador General de la Nación por la Ley Orgánica citada es diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal".
Resaltó que "en concordancia con las líneas de política criminal que esta Procuración viene trabajando, en el sentido de establecer estrategias que eleven los índices de eficiencia del actual sistema de administración de justicia, resulta de vital importancia concentrar los esfuerzos correspondientes para evitar la excesiva dilación de los procesos judiciales".
"Corresponde acentuar la preocupación por satisfacer esta exigencia de justicia, no sólo en los casos en los que existen personas privadas de libertad, sino también en procesos complejos que, precisamente por esta característica requieren una dedicación mayor, y en muchos casos involucran intereses sociales de suma relevancia", destacó en la resolución.
Righi dijo que "la reciente sanción de la ley 25.990, orientada a conjurar los inconvenientes que provocaban distintas interpretaciones jurisprudenciales respecto a los actos que conformaban secuela de juicio, está siendo invocada en muchos procesos judiciales en trámite, como fundamento para que se declare la prescripción de la acción penal".
"Esta circunstancia -añadió-, a la luz del rol esencialmente requirente del Ministerio Público Fiscal, y en virtud al carácter de representante de los intereses generales de la sociedad (artículo 120 de la Constitución Nacional), impone la necesidad de aumentar los esfuerzos institucionales para evitar que la prescripción de la acción penal impida que se dicte sentencia, que es la forma adecuada de conclusión de los procesos criminales".
A raíz de este panorama, el jefe de los fiscales dispuso "instruir a los señores magistrados con competencia penal que integran este Ministerio Público Fiscal para que extremen los recaudos correspondientes a efectos de cumplir, o instar a las autoridades competentes a cumplir estrictamente con los plazos procesales vigentes, a efectos de evitar una indebida dilación de las investigaciones que pueda concluir en el sobreseimiento del imputado por prescripción de la acción penal".
También dispuso que "frente a la diversidad de criterios que puedan presentarse en la aplicación de la ley 25.990, y siguiendo la histórica línea político criminal del organismo", los fiscales "opten en principio por la interpretación que haga prevaler la vigencia de la acción penal pública". (DyN)