¿Cuáles son las penas y atenuantes aplicables en la Argentina para los accidentes de tránsito?

Una mujer murió y otras cinco personas resultaron heridas en un choque múltiple en el barrio porteño de Recoleta provocado por un taxi. A raíz del impacto, que ocurrió en avenida Santa Fe y Montevideo, falleció "en el acto" una joven de 23 años.A partir de este caso, que aún se encuentra en investigación, a muchas personas se les ocurrió la siguiente pregunta: ¿Por qué en otros países -por ejemplo, Uruguay- los culpables quedan detenidos y en la Argentina no? Si bien tanto en la Argentina como en Uruguay las muertes producidas como consecuencia de un accidente de tránsito reciben la misma carátula, homicidio culposo, las legislaciones guardan diferencias. Para este tipo de delito, "el artículo 314 del Código Penal uruguayo dicta una pena de seis meses a ocho años de prisión".En cuanto al Código Penal argentino, "el artículo 84 estipula que será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales, o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor". Este artículo fue modificado y la pena resultó "endurecida" el 28 de octubre de 1999, a partir del caso Sebastián Cabello.En tanto, la ley penal uruguaya ofrece a sus jueces la posibilidad de un ejercicio amplio de criterio, que les permite analizar las innumerables cuestiones objetivas agravantes o atenuantes que pueden concurrir en un hecho ‘desgraciado'.La condena podrá ser menor cuando, realizada la prueba, surjan atenuantes que acrediten que quien comete el hecho, a pesar de su imprudencia y negligencia, trató de evitar el resultado indeseado.Por el contrario, la condena podrá ser mayor cuando luego de la investigación surjan elementos agravantes que impliquen un total desapego a las normas y que ilustren la más mínima prudencia. En la Argentina, la condena no podrá superar los cinco años de prisión."En Uruguay, la ley procesal (artículo 199) prohíbe a los jueces disponer la libertad provisional de una persona cuando el delito que se le imputa tenga pena mínima de prisión, o cuando el juez estime que la condena a dictarse al final del juicio penal sea de prisión.En la Argentina, "salvo que se considere que el imputado corre peligro de fuga o tenga intenciones de entorpecer la causa, el juez no está obligado a encarcelarlo previamente".La condena muy rara vez resultará de cumplimiento efectivo. Al tiempo de resolver la situación procesal del imputado, si decide su procesamiento, dicha providencia ordenará la libertad provisional del ahora procesado, por cuanto estima que finalmente procederá una condena de ejecución condicional no privativa de la libertad, lo que de hecho así ocurre.La ley procesal penal argentina basa su andamiaje en el sagrado 'principio de inocencia', por el que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, tornando plenamente operativos los beneficios de 'exención de prisión' y 'excarcelación'.En Uruguay, en cambio, el Código Procesal Penal es más restrictivo y prevé el encierro como sujeción al proceso.La ley penal uruguaya resulta más severa que la argentina al imponer que las personas imputadas permanezcan detenidas todo el tiempo que dure el proceso.