Cada vez más personas se quejan de que les llegaron mensajes de texto al celular a cualquier hora del día -inclusive de madrugada- donde se les comunicaba que habían ganado un premio o una bonificación en la compra de un automóvil 0 km y que, para hacerse acreedores de los mismos, sólo debían dar su nombre y DNI o depositar una cantidad determinada de dinero.

Se estima que en la Argentina existen 55,4 millones de líneas en uso de telefonía móvil. En este contexto, son numerosos los reclamos de usuarios que se vieron afectados o estafados por el cobro de prestaciones que no fueron aceptados por escrito por los mismos.

Darle de baja a estos mensajes invasivos también tiene un costo extra y hasta las mismas empresas telefónicas reconocen que no siempre alcanza con enviar la palabra "baja" a un determinado número para que cesen las "molestias".

A ello se suma que, en los últimos tiempos aparecieron nuevas modalidades en el cobro de prestaciones denominadas "servicios de datos" (como acertijos, horóscopos, ofertas, concursos, etc.) y "trivia" (juegos onerosos).

En ese escenario, un nuevo proyecto de ley ingresó al Congreso con el fin de que, una vez convertido en ley, se pueda proteger a los usuarios de telefonía fija, celular o móvil de posibles abusos que pudieran surgir a través de la oferta de bienes o servicios por SMS, MMS o Telemarketing.

El proyecto

En concreto, la iniciativa presentada por el Diputado Marcelo Llanos (FPV) -quien integra la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia- consta de tres artículos de fondo:

• En el primero, se incorpora a a la Ley 24.240 el artículo 33 bis donde se apunta a que las empresas y/o particulares se abstengan "de enviar SMS, MMS o cualquier otro tipo de comunicación equivalente con publicidad y/u ofertas de sus prestaciones de bienes o servicios, contenidos, concursos, presuntos premios, trivias o incitación a visitar sitios web y cualquier tipo de comunicación no solicitada por los usuarios de telefonía fija o móvil".
• En el segundo se establece que en el artículo 35 bis de la misma ley quede "prohibida la contratación de bienes o servicios a través de un SMS, MMS, telemarketing o mediante cualquier mecanismo virtual o no de telefonía fija o móvil, que no hayan sido fehacientemente aceptados por el consumidor con previo conocimiento del contrato. La contratación de contenidos, concursos, presuntos premios, trivias o incitación a visitar sitios web no deberá condicionar la compra o prestación de otros bienes o servicios ni quedar anexados a otros convenios".
• Luego se propone que serán solidariamente responsables por estas violaciones "tanto la empresa de telefonía móvil prestataria del servicio como la empresa distribuidora de comunicaciones comerciales, ya sea a través de telemarketing o de oferta de un bien o servicio mediante SMS, MMS, o de cualquier otra modalidad que el usuario no haya solicitado en forma fehaciente".

Qué hay que hacerEn caso de recibir alguna de estas notificaciones los expertos señalaron -en primer lugar- no se responda a estos mensajes y se busque asesoramiento respecto de las promociones ofrecidas. Por ejemplo, se puede consultar las bases y condiciones de las mismas a fin de no ser víctimas de un débito o incrementos indeseados en el consumo de telefonía celular.

En caso de haber respondido a dichos mensajes sin que haya sido informado el costo respectivo, se puede pedir la baja del servicio contratado (se debe enviar un mensaje de texto con la palabra "baja" seguida de un espacio y el nombre del servicio solicitado). Por último, los especialistas destacaron que no se deben reenviar datos personales, bancarios y contraseñas que permitan identificarse o aceptar bases y condiciones.

Las empresas indican que puede pasar como máximo un día hábil hasta que la baja se haga efectiva; pero en la práctica se dan infinidad de casos en que simplemente no sucede nada y el usuario sigue recibiendo "servicios" y/o publicidades no solicitados, afrontando el costo respectivo.

También se puede buscar en el sitio web del servicio de contenido contratado. En esas páginas también se pueden solicitar los reintegros por los mensajes cobrados indebidamente.

Para el caso de que no se produzca la baja del mencionado servicio o no sea reintegrado el cobro indebido o los daños y perjuicios ocasionados por la demora el afectado deberá concurrir a formular la denuncia al Organismo Gubernamental de Defensa del Consumidor.

Si la audiencia de conciliación fuera dispuesta a una fecha remota, que prolongue el trámite innecesariamente en el tiempo, se puede reclamar judicialmente sin necesidad de agotar la vía administrativa, o recurrir en forma previa.

Para iniciar una acción judicial, se requerirá el asesoramiento y patrocinio de un abogado. Todas las acciones por defensa al consumidor gozan de gratuidad, según el art. 53 LDC, por lo que no se abonará ninguna tasa o gasto para su inicio.

En su exposición ante el Congreso, el ingeniero Norberto Capellán, presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina -entidad de la que forman parte Personal, Claro, Movistar y Nextel- aseguró "desconocer" el tema y no pudo responder acerca del polémico envío, contratación y cobro de sms a través de mensajes interactivos y dijo "desconocer" esta operatoria, indicó Parlamentario.

"En distintos distritos ha habido legislaciones donde los usuarios que no desean recibir propaganda, o lo que sea, se adhiere y a partir de eso no debieran ser receptores de este tipo de mensajes", indicó el presidente de CICOMRA dejando en claro el vacío legal aprovechado por las empresas como el del acceso a la base de datos de los teléfonos, que explicó que si bien hay una Ley de Protección de Datos "no implica que haya alguna gente que pueda obtener información de una manera no correcta".

Las estrategias antes citadas "generan perjuicios económicos y personales ya que las empresas realizan llamados o envían mensajes en momentos inoportunos, molestando a los usuarios a cualquier hora e interrumpiendo sus tareas y hasta pueden resultar estafados por la contratación de bienes o servicios no solicitados con pleno conocimiento de sus derechos y deberes", advirtió Llanos.

Dada la información defectuosa se induce a creer que el servicio es por única vez siendo, en realidad, mensual y de renovación automática (para toda la vida).