El Ejecutivo ofrece una recompensa millonaria por los represores fugados
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El Gobierno oficializó este lunes la recompensa millonaria para quien aporte datos que permitan capturar a los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que se fugaron el jueves pasado mientras se hacían chequeos médicos en el hospital militar central.
La medida se publicó en el Boletín Oficial a través de las resoluciones 1199 y 1200, que llevan la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.
En medio de la sorpresa e indignación que generó la fuga de los dos represores, el Poder Ejecutivo lanzó una recompensa de $2 millones "destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención" de Olivera y De Marchi. La compensación se ofrece por un plazo de un año a partir de este lunes. Los que puedan aportar información deben comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas.
Olivera y De Marchi aparecen en la nómina de personas buscadas por la Interpol, según puede observarse en la página web.
A raíz de la fuga, el Gobierno pasó a retiro a dos generales: el director de Salud del Ejército, Marcelo Carlos Gutiérrez, y el director general del Hospital Militar, Juan Carlos Adjigogovic. La misma suerte corrieron cuatro coroneles con responsabilidades directas en el hospital y el área de salud del Ejército.
El ex mayor Olivera y el ex teniente primero De Marchi, que cumplían cadena perpetua y 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad durante la Dictadura, respectivamente, están prófugos desde el jueves pasado. Ambos represores se escaparon cuando eran atendidos en el hospital militar central, situado sobre la calle Luis María Campo, luego de pedir ser asistidos en la Capital por problemas médicos.
Según se informó, los represores requirieron ser atendidos en especialidades como "psiquiatría, kinesiología y dermatología". Como en el hospital de San Juan no había especialistas para tratar las molestias, pidieron ser atendidos en Buenos Aires. Su traslado corrió por cuenta del Servicio Penitenciario Móvil que depende del Ministerio de Seguridad, según se precisó en el Juzgado Federal N°2.
